Finalmente, luego de amagar con el tema durante varios años, el presidente Gustavo Petro anunció en su red social X que su propuesta de convocar una asamblea constituyente será presentada ante el nuevo Congreso el próximo 20 de julio.
En la campaña presidencial de 2018, que perdió ante Iván Duque, Petro había mencionado la idea de convocar mecanismos constituyentes o referendos para impulsar cambios profundos, aunque en el proceso electoral de 2022 que le dio la victoria tomó, en cambio, distancia de la idea y defendió la Constitución de 1991.
Sin embargo, volvió a la carga con el planteamiento en marzo de 2024 durante un discurso en Cali. Allí planteó que, si sus reformas sociales seguían bloqueadas en el Congreso, podría apelar al “poder constituyente” para transformar el Estado colombiano. En esa oportunidad argumentó que las instituciones estaban frenando sus reformas de salud, laboral, pensional y agraria. Pero no fue sino hasta inicios de este mes cuando pasó de la insinuación a una propuesta concreta: habló de recolectar firmas y presentar formalmente la iniciativa.
En esta cruzada cuenta con el respaldo del Pacto Histórico, movimientos aliados de izquierda, sectores sindicales como la CUT y organizaciones laborales que apoyan las reformas sociales del gobierno. También se han sumado a la propuesta algunos movimientos indígenas, campesinos y estudiantiles que consideran que el Congreso ha bloqueado cambios sociales, así como parte de la izquierda intelectual y activista que estima que la Constitución de 1991 no se ha aplicado plenamente en materia social.
Petro ha dicho que con la constituyente busca incorporar reformas sociales y cambios en el sistema político y judicial, sin modificar la estructura institucional vigente, agregando nuevos capítulos a la Constitución que permitan materializar reformas sociales.
Sostiene, además, que una constituyente permitiría modificar reglas institucionales y darles rango constitucional a ciertos cambios, “transformando el modelo económico y social” del país. También ha hablado de avanzar hacia un “Estado social de derecho real”, con mayor intervención estatal en salud, educación, tierras, transición energética y derechos sociales. Algunos sectores cercanos al Pacto Histórico han mencionado que esa sería la oportunidad de introducir reformas al sistema judicial, político y territorial, incluyendo cambios en organismos de control, descentralización y participación ciudadana.
El presidente colombiano insiste en que las élites tradicionales han bloqueado sus reformas, y que el pueblo debe intervenir directamente para redefinir el rumbo institucional del país, por medio del “poder constituyente”.
No obstante, resulta curioso que Petro no presente la propuesta como una ruptura total de la Constitución de 1991, sino como una forma de “cumplirla” plenamente, especialmente en temas de derechos sociales, paz y participación.
Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, menos en medio de una campaña electoral, la propuesta constituyente cuenta con la oposición rotunda de los que consideran que detrás de la misma no hay otro propósito que el de concentrar más poder en el Ejecutivo, abrir la puerta a la reelección presidencial, y debilitar los contrapesos democráticos.
Como advertencia recuerdan la reciente experiencia latinoamericana en la materia, en la que varios presidentes usaron procesos constituyentes para ampliar su poder político: Venezuela con Hugo Chávez, Ecuador con Rafael Correa, o en Bolivia con Evo Morales.
Sin embargo, Petro ha negado repetidamente que busque reelegirse, y afirma que la constituyente no tendría ese propósito. Aquí los hechos parecieran darle la razón, puesto que no es candidato/presidente a la reelección, su periodo se encuentra por finalizar en el venidero mes de agosto, y en estos cuatro años no intentó modificar esta norma constitucional que impide la reelección presidencial de la que sí se beneficiaron, por cierto, los exmandatarios Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
De modo que sí ese fuera el propósito, sería el próximo presidente el beneficiario y no él.
Y en este punto resulta también curioso que la propuesta constituyente de Petro no tenga el apoyo unánime, incluso, dentro de la centroizquierda. Algunos sectores temen que abrir la Constitución agudice aún más la polarización.
En sentido, resulta revelador la distancia que el senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, ha tomado de la cuestión. Fiel a su estilo, es más moderado en su tono. Promete profundizar las reformas sociales impulsadas por Petro, y aunque no rechaza de plano la idea constituyente, ofrece, en cambio, un pacto nacional.
No han faltado los observadores más suspicaces que aseguren, como el auténtico propósito de Petro, el de condicionar tanto al próximo Gobierno, como al Congreso que fue elegido el pasado mes de marzo y en el cual la izquierda, si bien es primera bancada, no cuenta con la mayoría.
Lo cierto del caso es que la oposición a una eventual Constituyente en Colombia es amplia y proviene de sectores políticos, empresariales, académicos, judiciales y también de parte de la sociedad civil. Aunque los argumentos varían, el núcleo del rechazo es el temor a que el proceso altere el equilibrio institucional de la Constitución de 1991.
Parte del sector empresarial y financiero teme que una constituyente produzca incertidumbre jurídica, caída de la inversión, volatilidad económica, y posibles cambios en los derechos de propiedad, en el sistema pensional, así como en el régimen tributario o en la autonomía del Banco de la República de la que Petro es crítico.
Sergio Fajardo, y sectores moderados de centro, han rechazado la idea argumentando que Colombia necesita estabilidad institucional y reformas dentro del marco constitucional existente.
Los candidatos y dirigentes de la derecha, como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal o Abelardo de la Espriella, han sido especialmente críticos y abiertamente la asocian con el chavismo.
Aunque la Constitución de Colombia prevé la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, establece un intrincado procedimiento institucional, con sucesivos controles que hacen muy difícil activar su convocatoria sin un amplio acuerdo político nacional. Debe ser aprobada como ley por el Congreso, luego revisada por la Corte Constitucional, y finalmente sometida a referendo popular.
En resumen, el diseño institucional colombiano busca que una constituyente sea excepcional y altamente consensuada.
De modo que, dado el cuatro político actual, es muy poco probable que la propuesta de Petro se materialice. Esto es algo que, es de suponer, él sabe. Por consiguiente, la pregunta de rigor es: ¿Por qué insiste?
La interrogante no es baladí. Gustavo Petro y su movimiento (según las encuestas) cuentan con el respaldo del alrededor del 40% de sus conciudadanos, de modo que la suya es la fuerza política más importante del país. En ese orden de ideas, agitar esa bandera, plantear la exigencia, es un reto que por donde quiera que le mire abonará a la polarización de la vida pública colombiana que se debate entre dos visiones distintas de país.
@Pedrobenitezf
