A finales de los años ochenta las instituciones públicas como Cantv y el INOS representaban un problema público notorio. Las comunicaciones y el servicio de agua potable y saneamiento se habían convertido en un mar de leva capitaneado por el control sindical y la injerencia política. Por otro lado, el servicio eléctrico, constituido por un conglomerado de empresas públicas y privadas, en el que Edelca y laE lectricidad de Caracas se destacaban, mantenían una calidad de servicio envidiable.
En el caso del INOS, su desmedido tamaño, poca vocación operacional, sesgo del esfuerzo hacia la extensión de la infraestructura y la falta de instituciones planificadoras y evaluadoras del desempeño, viciaron los procedimientos y arrojaron resultados muy pobres, aunque en varios periodos de su existencia algunos presidentes rodeados de excelentes equipos obtuvieron logros increíbles.
¿Por qué no era ya viable el INOS? ¿Por qué llegó a esa decadencia? Muchos factores, pero los principales tenían que ver con el populismo exacerbado, la falta de recursos y la imposibilidad de ser competitivo por las barreras que representaban los estamentos públicos.
Regido por el estatuto público, no tenía posibilidades de forjar un desempeño que lo llevara a otros niveles de modernización y eficiencia ante la magnitud de los compromisos, las restricciones legales, económicas y políticas, por lo que su destino quedó sellado a finales de los ochenta.
Se inicia un camino en busca de otras fórmulas y las planteadas en las reformas colombianas llaman la atención. Dentro de la propuesta de la nueva Constitución Colombiana, 1991, existían unas interesantes formulaciones donde la autosuficiencia, la modernización, la descentralización y manejo empresarial vendrían a cambiar la dinámica de sus empresas y su posibilidad de llamar a los mejores, obligados porque el Estado no tenía cómo seguir costeando los servicios públicos.
En paralelo en Venezuela comienza ese trabajo de creación y desarrollo de las Empresas hidrológicas Regionales, Estadales y Municipales, como compañías anónimas o institutos Autónomos; las primeras se rigen por el estatuto de comercio, empresas cuya principal decisoria característica era la selección y conformación de su junta directiva y plantilla de profesionales donde los liderazgos regionales participaban activamente y los representantes del poder político regional debían participar, no como espectadores sino como propulsores de planes, soporte financiero y corresponsables del funcionamiento de la empresa, éstas, además, bajo la lupa de Hidroven (creada en el año 1990), entidad de planificación, normativa, ejecutora o auditora de financiamientos y con responsabilidades de adiestramiento a nivel nacional, cuyas actividades de acompañamiento a las empresas hidrológicas se hacían sentir.
Las nuevas empresas hidrológicas a inicios de los años noventa comenzaron a transitar un camino en busca de eficiencia y autosuficiencia financiera que las dirigía hacia la autonomía operacional y las erigía como ejecutoras de planes de modernización del sector, apoyadas en su mayoría por el Ejecutivo nacional (Ministerio del Ambiente e Hidroven) para el desarrollo de planes de expansión y la modernización del área comercial u operativa, siempre con el norte de la eficacia en su evolución técnico-administrativa-financiera.
Las empresas se transforman y logran indicadores de servicio decentes, otras rayan en la excelencia, marcando diferencias importantes como HIDROCAPITAL, HIDROCENTRO, HIDROCARIBE, HIDROLARA, HIDROBOLIVAR, el IMAS (Instituto Municipal de Aguas del municipio Sucre), Aguas de Ejido, etc. La evolución continúa hasta que llega el siglo XXI y otros criterios, otros fines, otros perfiles gerenciales y diferentes metas trasmutan las empresas.
Las juntas directivas de las empresas, otrora integradas por líderes del sector y gobernadores o alcaldes preocupados por el servicio fueron sustituidos por personajes sin bagaje técnico ni arraigo nacional o regional y aparecían en la dirección de las empresas personajes “obedecedores” del partido de gobierno o militares sin condiciones para dirigir esas dinámicas organizaciones que cada día tienen compromisos que cumplir, no cuentos que contar.
Devino el retroceso gerencial y técnico, y la postración de las empresas que, ante su incapacidad técnica y falta de pulcritud, volvían a depender de los padrinos del alto gobierno, llegando a pedirle hasta para la nómina, debilitando a las hidrológicas y abandonando cualquier proceso modernizador, tecnológico o de mantenimiento mayor.
Las empresas, a pesar de la Ley de prestación del servicio, LOPSAPS, eran simples dependencias del poder central, quien imponía sus reglas y pagaba hasta la nómina.
El usuario, sin saber las verdaderas causas de la debacle del servicio, sintió en carne propia las consecuencias del desmontaje de facto de las empresas hidrológicas. Ahora, al anunciar su muerte legal el Ejecutivo, nadie las llora porque durante 20 años asistimos a su velorio anticipado. Hoy, en este inicio del año 2026, se decreta su supresión con puño y letra mediante un escueto y lúgubre decreto.
Lo peor, eso que se hacía veladamente ahora es legal, público y notorio. Imagínense, igual destino al que nos llevó la concentración de las empresas eléctricas en Corpoelec.
Las destruyeron…
Tienen años muertas. Nadie las llora.
