El desarrollo económico y social de una nación no es un producto del azar ni de simples decretos gubernamentales, sino el resultado del esfuerzo sostenido del sector privado. La historia universal demuestra con hechos irrefutables que el crecimiento real y la prosperidad se basan exclusivamente en la inversión del capital privado, y nunca en la expansión del capital público. Es el empresario quien asume el riesgo personal, quien apuesta su patrimonio y quien dedica su vida entera a transformar una idea en una realidad productiva que beneficia a todo su entorno social.
Lamentablemente, hoy nos encontramos sumergidos en una narrativa política distorsionada que intenta señalar sistemáticamente al empresario como un enemigo de la sociedad. Se han popularizado calificativos injustos y ofensivos que ignoran por completo el sacrificio diario de quienes levantan la Santamaría cada mañana a pesar de las adversidades. Tratar al sector productivo como si fuera un delincuente es un error histórico de proporciones incalculables que solo conduce al estancamiento económico, a la escasez crónica y al deterioro acelerado de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
El acoso constante por parte de los diversos organismos de contraloría se ha convertido en una barrera técnica y emocional casi insuperable para quienes desean operar en la legalidad. Resulta verdaderamente alarmante y éticamente cuestionable que se incentive a los funcionarios públicos con premios o recompensas económicas por el simple hecho de imponer multas y sanciones. Esta práctica convierte la necesaria fiscalización en una cacería de brujas institucionalizada, donde el objetivo no es corregir fallas, sino asfixiar financieramente a las unidades de producción que aún quedan en pie.
La confiscación de propiedades y la amenaza latente sobre los activos privados hiere de muerte la confianza mínima necesaria para que fluya cualquier tipo de inversión productiva. Nadie siembra en un terreno donde le dicen que la cosecha puede ser arrebatada arbitrariamente por el capricho de un funcionario o una interpretación sesgada de la ley. La seguridad jurídica no es un concepto abstracto, es la garantía fundamental de que el fruto del trabajo honesto será respetado y protegido por el Estado, en lugar de ser codiciado por él.
A este panorama de persecución se suma una voracidad tributaria que carece de toda lógica económica y que está empujando a los empresarios más honestos hacia un callejón sin salida. Un sistema impositivo que no considera la rentabilidad real ni la operatividad de las empresas termina destruyendo la misma base de recaudación que el gobierno pretende aprovechar. Muchos negocios se ven obligados a retroceder de la formalidad hacia la economía informal para poder sobrevivir, lo que desprotege al trabajador y debilita la estructura institucional del país.
La presión fiscal actual ha dejado de ser una contribución al gasto público para convertirse en un mecanismo de expropiación indirecta que drena el flujo de caja de las empresas. El empresario moderno se encuentra atrapado entre la espada de los altos impuestos y la pared de unos costos operativos que suben sin control debido a la inflación. En este escenario, la formalidad se percibe más como un castigo que como una virtud, lo cual es el síntoma más claro de un sistema económico que necesita una revisión urgente y profunda.
Sumado a las cargas impositivas, el colapso evidente de los servicios públicos básicos opera hoy como un impuesto adicional y silencioso que afecta directamente la productividad nacional. Es la empresa privada la que, con recursos propios y a un costo elevadísimo, termina asumiendo la generación eléctrica, el suministro de agua y la seguridad de sus instalaciones. Estos servicios básicos, que deberían ser garantizados por el Estado, son hoy una carga que aumenta significativamente los costos de producción, los cuales ya no pueden ser absorbidos por las empresas.
La centralización excesiva de las decisiones administrativas en la capital es otro factor de asfixia que quita oxígeno al dinamismo de nuestras regiones productivas. En nuestro estado Trujillo, por ejemplo, los problemas de gestión del agua se resolvían anteriormente con entes regionales como Hidroandes, permitiendo una comunicación humana y directa. Hoy, la burocracia centralista obliga a dirigir cada correspondencia y reclamo a Hidroven en Caracas, alejando las soluciones de la realidad inmediata del pueblo y de los comercios que sufren la carestía.
Esta desconexión entre el centro del poder y las necesidades de las provincias venezolanas mata la eficiencia y desmoraliza al productor local que se siente abandonado. Un país tan diverso y rico como el nuestro no puede ser gestionado desde un escritorio en la capital por personas que desconocen la realidad del campo o la industria regional. La autonomía administrativa y la descentralización son requisitos indispensables para que el sector privado pueda florecer y responder con agilidad a los retos que presenta cada comunidad específica.
Es imperativo que la sociedad entienda que la empresa privada es, en esencia, lo que le otorga pulso y vida real a cada rincón de nuestra geografía nacional. El empresario es el motor que genera empleos formales, paga salarios que sostienen familias, entrena al talento joven y garantiza que los productos lleguen a la mesa del consumidor. Sin un sector privado vigoroso, los pueblos se estancan, la juventud emigra masivamente y el tejido social se desgarra hasta dejar solo una cáscara vacía de lo que una vez fue una nación.
Por todo lo anterior, el sector empresarial debe ser tratado con el aprecio, el cariño y el respeto que se ha ganado a pulso tras décadas de compromiso con el país. No es posible construir una Venezuela próspera y del primer mundo si se persiste en el maltrato hacia sus ciudadanos más productivos y emprendedores. El respeto a la propiedad privada y el fomento de la libre iniciativa deben ser los pilares sobre los cuales se fundamente cualquier proyecto de reconstrucción nacional serio y duradero.
Apoyar al empresario no es un acto de preferencia hacia una élite, sino un acto de defensa del trabajador, del consumidor y de la soberanía económica de la patria. Es hora de sustituir el acoso por el incentivo real, la desconfianza ideológica por la colaboración técnica y el insulto público por el reconocimiento institucional. Solo devolviéndole su lugar de honor al capital privado y a la figura del empresario, podremos transitar con paso firme hacia el progreso que todos los venezolanos nos merecemos.
Como bien dice el mensaje de quienes viven el día a día en las trincheras de la producción, el empresario es vida, es motor y es esperanza. Su mundo ha sido y seguirá siendo el de la creación de valor, y es deber de todos proteger esa llama para que no se apague en medio de la incomprensión. Venezuela será lo que su sector privado logre construir, y es momento de que el país entero se ponga del lado de quienes, a pesar de todo, siguen apostando por el futuro en nuestra tierra.
Coordinador Nacional del Movimiento Político GENTE – Noelalvarez10@gmail.com
