El sistema de justicia de nuestro país ha estado siempre muy lejos de enorgullecer a nadie. Era malo en las últimas décadas del siglo pasado y ha sido peor en todo este siglo. Aquí no caben fanatismos, ni elucubraciones, ni justificaciones de ningún tipo. Si no se acepta esta verdad del tamaño de la Catedral de Sevilla, nada de lo que se haga servirá en absoluto. Tanto en el pasado, como actualmente, la corrupción de los jueces ha sido un elemento fundamental del desastre judicial, pero, de nuevo, el presente aventaja al pasado, sin que esto signifique en lo absoluto una justificación de lo que había. Los fanáticos de lado y lado tratarán de defender lo indefendible, con el cuento de que antes era mejor o de que ahora lo es; ninguno tiene la razón, ambos mienten, ambos se hacen los locos, ambos justifican la podredumbre y ambos impiden tomar las medidas efectivas. Así de crudo es el asunto, lo que lo hace difícil de resolver, pero no imposible si se asumiera.
La corrupción, no sólo en el sistema judicial, sino en toda la administración oficial y privada, es un flagelo que impedirá siempre, en todas partes, poder construir algo mejor, que nos permita salir del pantano dónde nos encontramos. En virtud de la corrupción se designan jueces ignorantes crasos de las leyes, sin ningún tipo de credenciales, que escasamente escriben y en quienes el razonamiento lógico esencial es inexistente; una verdadera vergüenza para todos. Y no estoy hablando sólo de los tribunales de control o de primera instancia, sino de los tribunales superiores e inclusive del Tribunal Supremo de Justicia. La ignorancia de jueces y magistrados facilita enormemente la corrupción en sus filas, la sumisión ante las distintas formas de poder existentes, la indolencia total ante las víctimas de sus aberrantes decisiones, extendidas a todo lo largo y ancho del sistema e impulsadas por intereses bastardos de todo tipo.
He sido testigo de cómo se extorsiona a una mujer humilde en un tribunal penal, donde su causa no debería estar, pero donde fue llevada con la complicidad de jueces, fiscales y defensores públicos, simulando una apropiación indebida, para que el hermano adinerado de su pareja fallecida, se quede con la vivienda que debería ser de quien lo quiso, acompañó y atendió, en dicha morada, por más de una década. He sabido cómo los jueces de los tribunales penales de primera instancia deben presentar ante el juez jefe del circuito, sus proyectos de sentencias, para que éste decida sobre los mismos y en relación pagos que deban hacerse para ser absuelto, sin importar si la acusación es o no cierta. Sé de inocentes vilmente condenados, sin que a nadie le importe, con excepción de sus familiares cercanos; sé de procesos judiciales que llevan 20 años sin sentencia y con medidas cautelares vigentes, pese a lo que ordena el Código Orgánico Procesal Penal.
Y esto lo sabe todo el mundo en los tribunales y hasta fuera de ellos: imputados, abogados, familiares, jueces, fiscales, defensores públicos, alguaciles, secretarias, personal administrativo y agentes policiales, como parte de un escenario delictivo cotidiano donde la justicia no existe. Y lo tienen que saber los diputados de la Asamblea Nacional y de los consejos legislativos regionales, los gobernadores y alcaldes, los concejales de todo el país, los dirigentes de los partidos políticos, los periodistas que cubren estas fuentes y mucha gente más, que lo consideran ya como normal y así lo tendrán hasta que algún familiar cercano o persona conocida apreciada sea víctima de la podredumbre, que no otro nombre puede dársele. No basta con hablar de retardo judicial, ni de injusticias, ni mejorar los procedimientos, pues estas generalidades no estremecen las fibras sensitivas de nadie. No se puede seguir permitiendo que estas aberraciones ocurran.
Nunca entenderé como gente del gobierno, que se dice socialista y además bolivariana, no atiende como prioritarios estos problemas humanos tan delicados y de tantos sufrimientos. Tampoco lo entiendo en quienes fueron gobierno y desean volver a serlo y son practicantes del catolicismo, para no hablar de otros credos cristianos, ni de otras religiones. No sé cuántas reformas judiciales o cosas por el estilo he visto o escuchado, este siglo y en el pasado, sin que nada pase. No tengo ningún optimismo de que la que se propone ahora tenga algún éxito, aunque desearía que no fuera así. La indolencia y la corrupción están tan extendidas y tan profundamente arraigadas en la gente, que es muy difícil creer que, sin llegar a los orígenes de ambos fenómenos, se pueda realmente cambiar algo del estatus existente. Mientras tanto, sólo puedo ser muy duro en las denuncias y en tratar de motivar la imperiosa necesidad de actuar en consecuencia.
