La multinacional no demoró en denunciar a uno de sus concesionarios por supuestamente vender vehículos con sobreprecio, pero guardó silencio cuando al socio mayoritario y fundador de ToyoOeste en Caracas, el empresario Carlos Nagel Markovic, le arrebataron la propiedad del concesionario más importante del país. ToyoOeste, 11 de junio de 2012.
Terminaba 2023 cuando una demanda contra Toyota de Venezuela acaparó titulares en el país. Toyoca Motors C.A., que administra un concesionario de la multinacional en Caracas, recurrió a los tribunales para exigir una indemnización de al menos 20 millones de dólares por la rescisión de un contrato que la automotriz japonesa les había comunicado a finales de enero por ventas con sobreprecio de vehículos a la Cruz Roja Venezolana, según documentos a los que tuvo acceso El Nacional.
Toyota Planta ensambladora Cumaná, estado Sucre.
Pero, si bien Toyota de Venezuela se basó en un discurso de “tolerancia cero” contra las prácticas irregulares y buscó transmitir un mensaje de honestidad corporativa al intentar suspender el contrato con el concesionario, no ocurrió así en el caso del despojo de la propiedad de ToyoOeste, C.A., perpetrado por Olaff Pérez y William Vílchez, de acuerdo con documentos judiciales, administrativos y empresariales que así lo exponen.
De esa documentación se desprende una historia de sombras y grises que se remonta a 2006, tras el inicio de operaciones del concesionario ToyoOeste, ubicado en La Yaguara, al oeste de Caracas. Allí las irregularidades surgieron desde el comienzo, luego de que la directiva de Toyota cambiara drásticamente los acuerdos contractuales e impusiera forzadamente la inclusión de socios cercanos a la familia Behrens dentro de la propiedad del concesionario, según los documentos mercantiles y el relato de uno de sus dueños.
Diez años después, en 2016, esas decisiones, impulsadas por alianzas con personas vinculadas al gobierno venezolano, facilitaron el robo de la propiedad de ToyoOeste a su dueño original, el empresario Carlos Alberto Nagel Markovic, quien se opuso y denunció tramas de corrupción entre Toyota de Venezuela y el poder político.
En esos años, según su relato, gerentes de Toyota de Venezuela informaban en reuniones de la Asociación Nacional de Concesionarios Toyota (Asotoy) que la empresa tenía “tanto dinero en caja que podía comprar a Venezuela”. En simultáneo, la compañía era señalada por miembros del Ejecutivo nacional como una “gerencia parasitaria” con intereses económicos.
En este contexto, los estándares de pulcritud empresarial que defiende Toyota en su notificación para rescindir el contrato de Toyoca Motors contrastan radicalmente con la postura ejercida durante el despojo judicial de ToyoOeste, que permitió favorecer a socios impuestos por la directiva de Toyota de Venezuela y a personas vinculadas al poder político.
Ante esos antecedentes, surge una interrogante: ¿Es ética corporativa o una maniobra para proteger intereses mucho más profundos?
El origen viciado de ToyoOeste, con “favores familiares”
El Nacional revisó decenas de documentos judiciales y mensajes administrativos que demuestran que, pese a las constantes denuncias de irregularidades presentadas por Nagel Markovic, un entramado de intereses entre Toyota de Venezuela y el sistema de justicia venezolano se alineó para apoderarse del concesionario de ToyoOeste, el más grande del país.
A juicio de Nagel Markovic, lo sucedido con ToyoOeste no se trata solo de un conflicto mercantil, sino también de un acto de retaliación que fue amparado incluso por la directiva japonesa de la automotriz.
Sin embargo, el suyo no parece ser un hecho aislado. Al menos una veintena de casos a nivel internacional, revisados por El Nacional, sugieren la existencia de un sistema de persecución sistemática de denunciantes y la aplicación de medidas retaliativas contra dueños de concesionarios que denunciaron malos tratos, corrupción, discriminación y acoso dentro de la red Toyota.
Uno de los casos más recientes es el del empresario Roger Hogan, quien denunció a Toyota por prácticas de retaliación en las que la multinacional despojó de beneficios a sus concesionarios. En 2019 un tribunal de California, en Estados Unidos, falló a favor de Hogan y la automotriz debió pagarle 15,8 millones de dólares por indemnización.
Otro caso similar se remonta a 2002, cuando una sentencia del Tribunal Supremo de Illinois dictaminó de “arbitrario y sujeto a manipulación” el sistema de asignación de vehículos de Toyota, luego de que el demandante (Bill Newbold Toyota) alegó que la multinacional japonesa restringía el inventario e intentaba abrir un nuevo concesionario competidor en la ciudad.
La relación entre Nagel Markovic y Toyota comenzó en 2006, bajo la presidencia de Alfredo Behrens, pero fracturada. Apenas realizada la inversión en la construcción del concesionario, la directiva de Toyota impuso inicialmente la inclusión de Louis Meza en la junta propietaria de ToyoOeste, quien luego cedió su porcentaje accionarial a Eric Soulavy, yerno del entonces presidente Behrens. En ese mismo orden, también se incluyó a Olaff Pérez, un extrabajador de Toyota de Venezuela, y posteriormente a William Vílchez, a quienes documentos judiciales vinculan con Diosdado Cabello, ahora ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Pérez y Vílchez, de acuerdo con los relatos conseguidos por El Nacional, se convirtieron en un “caballo de Troya” que usó sus alianzas con el poder político para robar el concesionario a su legítimo dueño.
Judicialización de la disidencia
El conflicto escaló cuando Nagel Markovic, propietario de ToyoOeste, exigió judicialmente a Toyota un listado de vehículos entregados con descuentos de forma discrecional, fuera de protocolo.
Ocurrió en un momento en el que concesionarios y clientes enfrentaban problemas para adquirir vehículos debido a las restricciones gubernamentales para acceder a divisas. Esta situación generó casos de corrupción en los que, a través de acuerdos privados, gerentes de la automotriz ofrecían privilegios en “listas de espera” a cambio de sobornos, según documentaron reportajes de agencias internacionales.
Ese sistema, basado en la entrega discrecional, permitía a Toyota mantener una situación privilegiada frente a rivales estadounidenses que, sujetos a leyes como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, no podían participar en tales prebendas.
La denuncia presentada por Nagel Markovic resultó en la apertura de investigaciones penales contra los entonces presidentes de Toyota de Venezuela, Toshiro Hayashi y Enrique Behrens, por desacato, según el expediente MP-349203-2015 del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Nagel Markovic también había solicitado la destitución de José Daniel Fernández, director de Maripérez Motors y presidente de Asotoy en ese entonces, por beneficiarse de la trama de asignaciones de vehículos. Muchos de esos hechos dieron origen a la destitución del gerente general de entonces de Toyota de Venezuela, Ignacio Mayz, y su presidente, Enrique Behrens.
En respuesta, Toyota incumplió el contrato de concesión de ToyoOeste
Tras denunciar en agosto de 2016 que ToyoOeste había sido arrebatado judicialmente por Pérez y Vílchez, el entonces presidente de la ensambladora de Toyota de Venezuela, Rafael Chang —quien anteriormente había pedido apoyo económico a Nagel Markovic y a otros concesionarios para reactivar el ensamblaje—, le notificó que acataría los fallos de los tribunales que promovieron el asalto y que fueron dirigidos por el magistrado Maikel Moreno, sobre quien pesa una orden de captura internacional y una recompensa de cinco millones de dólares por su detención.
En un contexto similar, el Departamento de Justicia de EE UU acusó al magistrado Moreno, quien por cinco años fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de extorsión mediante el cobro de sobornos para arrebatar la propiedad de la empresa General Motors en Venezuela. El mismo día de la publicación de las sentencias que validaron el robo del concesionario ToyoOeste, se emitieron órdenes de captura contra Nagel Markovic.
En este sentido, la decisión de Toyota de acatar los fallos emitidos por tribunales venezolanos valida un sistema criminalizado internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Persecución y actores en la sombra
La persecución contra Nagel Markovic incluyó, entre otras acciones penales, la solicitud de una orden de captura y alerta roja de Interpol por “difamación” en tribunales antiterroristas a cargo de la jueza Hennit Carolina López Mesa, a quien la organización Realidad Helicoide vinculó con Cilia Flores, hoy presa en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn junto a su esposo, el depuesto Nicolás Maduro. Durante el proceso supervisado por la jueza López Mesa contra Nagel Markovic, se incluyeron testigos como Diosdado Cabello y el general Vladimir Padrino López, junto a Vílchez y Pérez.
En simultáneo con la persecución judicial, funcionarios del Cicpc, dirigidos por el comisario Nicolás Gutiérrez, allanaron ilegalmente la casa de Nagel Markovic y saquearon sus pertenencias. Entre los objetos de valor, los funcionarios se llevaron una caja fuerte con pertenencias valoradas en 500.000 dólares, como relojes, armas de colección, monedas, prendas y documentos personales.
Mientras se realizaba el allanamiento, los funcionarios “sembraron” armas de guerra, entre ellas granadas y una pistola limada. Estas, según Nagel Markovic, fueron suministradas por el general Armas López, quien en 2016 se desempeñaba como presidente de la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX) y de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). Una denuncia vista por El Nacional muestra que, previamente, Armas López, en alianza con Pérez y Vílchez, había robado material de blindaje.
Dentro del proceso también resalta el abogado Amir Nassar, señalado en reportajes del medio Armando.info de estar vinculado con grupos de mafias judiciales (incluido Alex Saab, señalado por Estados Unidos como testaferro de Nicolás Maduro), que actuó como representante de Olaff Pérez y Wiliam Vílchez en el robo de ToyoOeste con el apoyo de Reinaldo Carvallo, para entonces integrante del comité de postulaciones judiciales junto a Elvis Amoroso.
El asalto se extendió a otra empresa del grupo de ToyoOeste y alcanzó a Blindados Oeste, que hoy opera dentro del concesionario bajo el nombre de GSG Blindajes, con el consentimiento de Toyota.
Silencio del Ministerio Público y de Toyota a nivel internacional
Bajo la gestión de Tarek William Saab, el Ministerio Público sobreseyó las causas contra Pérez, Vílchez, Alberto Cárdenas y sus esposas, al igual que los procesos contra Behrens y Hayashi, expresidentes de Toyota de Venezuela.
A nivel internacional, Nagel Markovic elevó las denuncias ante Steve St. Angelo, entonces CEO de Toyota para Latinoamérica y el Caribe. Pero la respuesta fue el aislamiento del denunciante y la validación de quienes tomaron ilegalmente el control.
Akio Toyoda, ex-presidente ejecutivo de la corporación, su sucesor Koji Sato y el actual CEO Kenta Kon optaron por otorgarle legitimidad corporativa a un grupo integrado por Olaff Pérez y William Vílchez, por mera conveniencia empresarial y política. Esta decisión priorizó alianzas económicas sobre la justicia, convirtiendo a la junta directiva de Toyota en cómplice activo del despojo sufrido por Nagel Markovic.
Hoy, ToyoOeste permanece bajo el control de Pérez y Vílchez, bajo la mirada complaciente de Toyota de Venezuela. Nagel Markovic vive en el exilio mientras la justicia venezolana mantiene el despojo de sus propiedades.
Equipo de Investigación de El Nacional
