El crecimiento descontrolado de Barquisimeto, estado Lara sobre áreas de riesgo y zonas protegidas evidencia una grave crisis de control urbano, déficit habitacional y falta de servicios básicos que vulnera los derechos fundamentales de sus habitantes.
El crecimiento de Barquisimeto se extiende hacia zonas sin servicios ni planificación.
La autopista Circunvalación Norte es apenas uno de los ejemplos más visibles de un fenómeno recurrente en el municipio Iribarren y otras jurisdicciones del estado Lara: las ocupaciones avanzan sobre terrenos no aptos, devorando áreas verdes y espacios de protección vial o ambiental.
En un recorrido por las vías expresas de la ciudad de Barquisimeto, la escena se repite: construcciones improvisadas y ausencia de servicios básicos en una urbe que parece expandirse fuera de sus propios límites. En el caso específico de la Circunvalación Norte, que es una arteria vial que exige rigurosidad por ser de tránsito rápido, se ha observado durante años cómo se levantan ranchos a orillas de la carretera sin ningún tipo de restricción
Especialistas en ingeniería y urbanismo advierten que Barquisimeto crece, pero no bajo la visión con la que fue proyectada. El urbanista Gerardo Puleo explica que el problema no radica en la falta de planificación, pues la zonificación está claramente definida; el verdadero vacío reside en la falta de control urbano.
Esta realidad desmonta la frase común de que la ciudad crece desordenada por falta de normas. «Las reglas están; el detalle es que no se hacen cumplir», enfatiza Puleo. Según el experto, aunque Barquisimeto tiene delimitadas sus zonas de construcción, preservación e infraestructura, en la práctica las ocupaciones avanzan ante la mirada inerte de las autoridades.
El Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) de Barquisimeto, aprobado en 2003, establece la zonificación y normas urbanísticas del municipio Iribarren. Actualmente, se considera desactualizado y con un rezago legal significativo desde el año 2016, lo que según especialistas ha generado crecimiento desordenado, construcciones irregulares y el colapso de servicios públicos, convirtiendo su actualización en una deuda municipal.
En Barquisimeto desafian al riesgo
Por su parte, Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros del estado Lara, señala que la proliferación de viviendas informales es crítica en el tramo que va desde el corredor General Jacinto Lara hasta La Peña. Gutiérrez destaca una norma técnica elemental: una vía expresa no debe tener accesos directos a viviendas.
El ingeniero advierte un factor determinante en la ubicación de tomas ilegales por la cercanía a la tubería de 32 pulgadas que surte de agua a las parroquias Unión, El Cují y Tamaca. «La expansión de viviendas comienza justamente donde está la tubería; en otras áreas la presencia es mínima o nula», comenta.
La crisis hídrica en Barquisimeto es de vieja data, con sectores reportando hasta 20 años sin servicio regular y botes de agua crónicos que desperdician miles de litros diariamente. La falta de inversión en infraestructura, la desinversión de más de 20 años en embalses y el mantenimiento deficiente de pozos son las causas principales de este problema.
Terrenos improvisados son partes del crecimiento
El proceso suele ser el mismo: ocupaciones arbitrarias en terrenos estatales donde se levantan estructuras de zinc. Para Gutiérrez, este problema se ha perpetuado por años, debido a prácticas políticas erradas:
«Al elegir nuevos gobernantes, a veces se entregan materiales para sustituir ranchos por concreto en estas zonas. Es un error, porque no se consolida un barrio bajo estándares urbanos, se afecta el estado de la avenida y se incrementan los accidentes de tránsito en una vía rápida».
Los ranchos en Lara como en el resto de Venezuela son viviendas informales construidas con materiales precarios, como zinc, cartón piedra y bloques huecos sin frisar, de forma improvisada, principalmente en zonas de alto riesgo o invasiones. En el campo persisten construcciones de bahareque, elaboradas con tierra y varas, con techos de palma, mientras que en las ciudades predominan estructuras autoconstruidas de bloques, cartón o zinc.
Recientemente, las alarmas se encendieron ante denuncias de ocupaciones ilegales y lotificación en el Valle del Turbio, una zona protegida bajo la jurisdicción del Instituto Nacional de Tierras (INTI). Aunque las autoridades del estado Lara aseguran estar tomando medidas para frenar este «ecocidio», el daño ambiental es una amenaza latente.
Al respecto, Puleo es tajante: esta zona no está destinada al uso residencial. Su valor es estrictamente agrícola y ambiental, y su preservación es vital para el equilibrio ecológico de la región.
El Valle del Turbio es fundamentalmente una zona de aprovechamiento agrícola especial y pulmón vegetal de las ciudades de Barquisimeto, Cabudare y Yaritagua, declarado área protegida desde 1980. Su importancia radica en sus fértiles suelos, principalmente aprovechables para el cultivo de caña de azúcar y otros rubros, también es esencial para la regulación hídrica a través de sus acuíferos; además, los estudiosos de este valle resaltan su función paisajística y ecológica.
Para el sociólogo, Dioni Salas, «más ocupaciones implican más empobrecimiento, más déficit de servicios y más descontrol».
Pero el «crecimiento» de invasiones no sólo se ha dado a un lado de la autopista Circunvalación Norte, sino también de la avenida Ribereña y en El Garabatal, donde algunas viviendas fueron construidas con láminas de zinc y tablas, muy cerca del Río Turbio.
Estas construcciones son un grave riesgo para las familias, porque cuando es la temporada de lluvias viven con el «Jesús en la boca».
«La situación del país ha llevado a que muchos tengamos que construir en zonas precarias y sin servicios básicos. Pero, cómo nos salimos si no se gana lo suficiente como para comprar una casa», comentó Carmen Bracho, vecina del oeste de Barquisimeto.
En sectores por donde atraviesa la quebrada La Ruezga, también hay viviendas construidas en peligro. Esto es en La Ruezga Sur, a orillas de la quebrada, donde algunos ranchos han sido levantados sobre un terreno que poco a poco ha ido cediendo y las casas comienzan a tener fracturas.
En el año 2024, en una entrevista con el Diario de Lara, LA PRENSA, representantes de la Cámara de la Construcción señalaron que se necesitaban al menos 2.800.000 viviendas en Venezuela. Aunque no es una cifra oficial, coincide con lo que han venido advirtiendo las diversas ONG sobre la falta de acceso a una vivienda digna en el país.
Más que un número aislado, ese déficit habitacional se refleja en la presión que existe sobre la ciudad. Es la brecha entre quienes necesitan una vivienda y las pocas opciones formales que hay disponibles. En medio de esa falta de alternativas, muchas familias terminan ocupando terrenos no adecuados, incluso en zonas de riesgo o sin servicios básicos.
En un recorrido que realizó La Prensa se observaron viviendas que tienen tanques de plástico, algunas con tomas ilegales de servicios eléctricos y de agua.
Las construcciones en zonas con ocupación ilegal no cuentan con red de cloacas, por lo que la mayoría de los habitantes deben hacer letrinas, como baños.
Derechos en riesgo
Para Yudi Chaudary, doctora en Seguridad Social, este fenómeno no puede analizarse sólo como un problema urbano.
«Implica una vulneración estructural de derechos fundamentales. La seguridad social no sólo es un tema de dinero o ayudas económicas. Es un sistema que busca proteger a las personas en distintos momentos de su vida y garantizar condiciones básicas, como vivienda, salud, educación y bienestar», explicó Chaudary.
En los sectores que no están planificados, la falta de agua potable, electricidad o sistemas de saneamiento hacen que lo cotidiano se convierta en un riesgo constante.
Chaudary advirtió que esta realidad afecta directamente la calidad de vida de las familias.
«La falta de servicios básicos no sólo aumenta el riesgo de enfermedades o limita el acceso a educación y empleo, también genera situaciones de frustración, desmotivación y experiencias que afectan el equilibrio social y familiar», manifestó Chaudary.
La especialista agregó que esta realidad choca con lo que establece el artículo 82 de la Constitución de Venezuela, que reconoce el derecho a una vivienda adecuada con servicios básicos. Sin embargo, en la práctica, esa garantía está lejos de cumplirse para muchas familias.
Chaudary considera que el crecimiento de estos asentamientos, también dejan al descubierto fallas más profundas dentro del sistema de protección social.
Resaltó que el Estado venezolano tiene la obligación de anticiparse mediante planificación urbana, regulación del suelo y políticas habitacionales sostenidas. No sólo intervenir cuando el problema ya existe.
La ocupación de terrenos no aptos no es un fenómeno aislado, sino que se repite en distintas ciudades del país.
Aunque la reubicación puede ser necesaria, no es suficiente. «Para evitar la reproducción del problema, se requiere garantizar acceso a vivienda digna, servicios básicos, integración urbana y oportunidades económicas. Esto implica una estrategia multidimensional», expresó.
Euseglimar González – La Prensa de Lara
