El conflicto agrario tiene décadas en las zonas productivas de palma africana y ha desatado violencia, como la reciente masacre en Trujillo, Colón. Autoridades en la escena de la sangrienta masacre ocurrida el jueves 21 de mayo en una finca de Trujillo, Colón.
Conflicto agrario se profundiza entre crimen organizado, violencia y cuestionamientos al Estado.
La muerte de al menos 19 personas registrada el jueves 21 de mayo en una finca del sector de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón, volvió a situar en el centro del debate nacional el conflicto agrario en el Bajo Aguán, una región marcada durante décadas por disputas de tierras, violencia y pérdidas económicas.
Las autoridades de seguridad confirmaron la intervención inmediata en la zona, mientras distintos sectores del Estado, la empresa privada y representantes legales coinciden en señalar la presencia persistente de estructuras criminales en el área.
De acuerdo con informes policiales preliminares, la masacre ocurrió en horas de la madrugada y las víctimas estarían vinculadas a organizaciones campesinas con presencia histórica en la región.
El subsecretario de Asuntos Policiales, Rommel Armando Martínez Torres, informó que se activó un operativo interinstitucional para reforzar la seguridad y desarrollar las investigaciones correspondientes en el sector.
Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas. Estos hechos se producen en un contexto de violencia y criminalidad endémica, generada por estructuras criminales que provocan terror en la población, expresó durante la lectura de un comunicado oficial.
El funcionario detalló que el despliegue incluye fiscales del Ministerio Público, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), elementos de la Policía Nacional, así como efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA).
Bajo Aguán un conflicto histórico
El Bajo Aguán, ubicado en el departamento de Colón, en el litoral Atlántico, es considerado uno de los epicentros más prolongados del conflicto agrario en el país. Su origen se remonta a la década de 1970, con la implementación de la reforma agraria, cuando tierras de la zona fueron adjudicadas a cooperativas campesinas.
Con el paso de los años, el modelo de tenencia de la tierra evolucionó hacia la propiedad privada y empresarial, generando disputas entre empresas agroindustriales, cooperativas campesinas y grupos organizados.
Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), actualmente existen aproximadamente 66,000 manzanas de tierra invadidas en distintas zonas del país, principalmente en Colón y Atlántida, con pérdidas estimadas en 2,400 millones de lempiras y alrededor de 220,000 empleos afectados.
La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, advirtió que el deterioro del clima de seguridad tiene efectos directos en la inversión.
Se nos va a incrementar esta fuga de talento humano porque van a decir: ‘Aquí no puedo salir de mi casa porque corro el riesgo de que me vayan a matar o de tener algún incidente delictivo’, expresó.
Hay que hacerles frente a estas problemáticas y que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que están invadiendo propiedades que tienen dueños, explicó.
Anabel Gallardo: Hay que hacerles frente a estas problemáticas y que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que están invadiendo propiedades que tienen dueños.
Incremento de invasiones
En lo que va 2026, el Cohep reporta alrededor de 5,000 hectáreas adicionales invadidas durante el primer trimestre del año. Al respecto, el asesor legal del organismo, Olbin Mondragón, advirtió que la falta de aplicación de la ley continúa profundizando el conflicto.
Antes hablábamos de 66 mil manzanas de tierra y hoy casi 70 mil, lo cual nos preocupa. En el departamento de Francisco Morazán, específicamente en el municipio del Distrito Central, en San Matías y en el valle de Támara, se están dando invasiones, señaló Mondragón.
El representante legal sostuvo que la impunidad ha favorecido la continuidad de las ocupaciones ilegales de tierras.
Cuando una persona anda delinquiendo, pero nunca la toca la justicia, continuará en lo mismo. Por tanto, necesitamos verdaderas reformas y que exista voluntad política de este gobierno para sentarlos a la mesa y ver de qué manera le encontramos solución a la problemática, manifestó.
En paralelo, distintos sectores han señalado que las disputas en Colón también estarían vinculadas a dinámicas de crimen organizado, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente en todos los casos.
Respuesta del sector agrario y el Estado
El Instituto Nacional Agrario (INA) ha sido una de las instituciones clave en la gestión del conflicto. Su titular, Javier Talavera, aseguró recientemente que el Estado trabaja en una estrategia interinstitucional para enfrentar las invasiones de tierra.
Las invasiones son un tema de Estado. No es necesario crear más comisiones, sino aplicar la ley con firmeza y coordinación institucional, afirmó en días anteriores.
Talavera explicó que la solución requiere la participación de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el INA y la Procuraduría General de la República, entre otras instituciones.
Javier Talavera: No son grupos campesinos, son bandas de criminalidad organizada las que están operando en la zona.
No son grupos campesinos, son bandas de criminalidad organizada las que están operando en la zona. Puede que haya uno u otro grupo que se haya visto afectado; por eso estoy yo aquí. Pero esa es la información que manejamos las autoridades de inteligencia del Estado, expresó.
Se va a aplicar la ley estrictamente a cualquiera que violente el derecho, todo dentro de la ley, nadie por encima de ella, porque es la única manera de que en Honduras haya seguridad jurídica, prosiguió.
Asimismo, dijo desconocer el financiamiento de los grupos armados que operan en la zona y anunció que trabajan en un censo para identificar a los grupos campesinos y conocer quiénes forman parte de ellos.
Comisión agraria
Durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026), se creó en 2023 una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra con el objetivo de atender la conflictividad en el sector rural.
No obstante, según autoridades actuales del INA, dicha comisión no logró resultados concretos. El propio subdirector del instituto, Rafael Alegría, habría reconocido su fracaso y la falta de consenso entre actores clave, como el sector privado.
En el Congreso Agrario y en distintas mesas de diálogo también se intentaron alcanzar acuerdos con organizaciones campesinas, sin que se lograra una solución definitiva al conflicto.
De rodillas y falta de voluntad política
En todo ese contexto, para el abogado Ramiro Medina, el problema está relacionado con la debilidad institucional y la impunidad en los procesos de desalojo.
El problema es la falta de voluntad política y la debilidad del marco jurídico. Sin reformas profundas no habrá solución, explicó, al tiempo que criticó que desde funcionarios del gobierno anterior se impulsaban las invasiones.
Añadió: Si no hay reformas al Código Penal y no hay reformas al Código Procesal Penal, con un marco jurídico diferente no se va a solucionar este problema. Estas son organizaciones criminales las que están ahí invadiendo.
El togado señaló que dichos grupos deberían ser catalogados como terroristas, debido a los hechos violentos que se han registrado.
Ramiro Medina: El problema es la falta de voluntad política y la debilidad del marco jurídico.
Este gobierno se ha mostrado débil ante la delincuencia organizada común en los temas de seguridad ciudadana, que solo son dos ejes: el respeto y la protección de los bienes, y la protección de las personas. Este gobierno está de rodillas y ha fracasado en materia de seguridad jurídica, expresó.
También criticó que los procedimientos jurídicos son tediosos y que no contribuyen a la solución de la problemática, así como la lenta acción de los cuerpos de seguridad. Si usted puede acreditar que paga impuestos, tiene la escritura y con la denuncia debería ser suficiente para liberar la propiedad.
Finalizó señalando que siempre hay personas detrás que financian dichos movimientos invasores, que laboran en diferentes sectores de Honduras. El gobierno, lamentablemente, en más de 100 días de gestión está de rodillas, cerró.
No puede reducirse
Por su parte, el constitucionalista Javier Sandoval consideró que el conflicto no puede reducirse únicamente a invasiones de tierra, puesto que también hay temas de narcotráfico transnacional.
Aquí hay intereses económicos, criminales y políticos. No es solo un problema agrario; es un fenómeno más complejo, apuntó, tras advertir que la persistencia del conflicto refleja fallas estructurales del Estado en materia de seguridad y justicia.
El gobierno, en vez de buscar una solución con una dirección clara y encaminada a proteger a la población, lo que ha hecho más bien es abrirle las puertas a los grupos criminales de alto poder, apuntó.
Javier Sandoval: Hay muchos intereses relacionados con dinero, con tráfico de droga, con lavado de activos y con grupos criminales organizados de alto poder.
Sandoval indicó que las autoridades de investigación tienen la información suficiente para actuar. Pero hay intereses particulares, unos políticos y otros económicos, que no permiten que exista una verdadera intención de combatir la criminalidad organizada.
Desgraciadamente hemos visto que parece que la criminalidad organizada tuviera algún vínculo o identificación plena con el partido en el poder. Se mantuvo cierto nivel estático durante unos cuatro años de un gobierno fallido, pero luego que retorna este gobierno o este partido en el poder hemos visto un incremento de la violencia en todos los aspectos, expresó.
Finalizó recomendando derogar el decreto que impide a las personas naturales portar armas para su protección.
El Tiempo de Honduras
La ONU condenó la matanza de 19 personas en Honduras y urge a desmantelar redes criminales
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnuhd) condenó «enérgicamente» la matanza de al menos diecinueve personas en una finca en el Caribe de Honduras y urgió al Gobierno del país centroamericano a desmantelar las estructuras criminales que agravan la histórica conflictividad agraria de la región.
En un comunicado, la Oacnudh condenó «enérgicamente» la matanza, ocurrida la madrugada de este jueves en el sector de Rigores, municipio de Trujillo (Colón), una región que arrastra una histórica conflictividad agraria que ya deja unos doscientos muertos en las últimas décadas.
Según las investigaciones, las víctimas se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana y fueron emboscadas por hombres armados, vestidos con uniformes policiales.
Nota de prensa.
