La muerte de la madre de Víctor Quero Navas, tras meses de búsqueda sin respuestas por parte del Estado, evidencia el trato cruel que enfrentan los familiares de víctimas de desaparición forzada en el país. Carmen Teresa Navas visitando la tumba en la que el Estado enterró a su hijo Victor Quero.
En Venezuela, desde hace años, chocan dos verdades: el deber ser de un Estado que tendría que investigar las violaciones de derechos humanos y la realidad de un régimen que constantemente ha demostrado su displicencia no solo para hacer estas investigaciones, sino para asegurar la justicia en tales escenarios. Quizás ninguna de las historias refleje tanto esto como la de Carmen Teresa Navas y la búsqueda de su hijo, Víctor Quero Navas.
Por más de un año, desde enero de 2025, la señora Navas buscó —sin obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades— a Víctor, sin que el hecho fuera de conocimiento público. No sería sino hasta diciembre, a casi un año de haber comenzado sus pesquisas, cuando, en medio de la posibilidad de lograr una amnistía, optó por dar a conocer su historia a la opinión pública a través de los medios de comunicación.
El expediente de Víctor Quero Navas rápidamente se volvió un caso bandera de las desapariciones forzadas llevadas a cabo por el chavismo en los últimos años. No fue el primero, tampoco el único, pero sin lugar a dudas ha sido uno de los que más han impactado a la nación por la crueldad con la que la señora Navas fue tratada en instituciones que debieron haber velado por sus derechos y los de su hijo; en cambio, los violaron.
El 7 de mayo, a través de un escueto comunicado en redes sociales, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios finalmente informó sobre la muerte de Víctor Quero en junio de 2025. Solo 10 días después de haber conocido el destino de su hijo —el preso político número 27 en morir en Venezuela bajo custodia del Estado desde 2014—, la señora Carmen Navas falleció. Al despacho de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, le tomó más de 24 horas emitir un comunicado público al respecto.
Comunicado de la Presidencia de la República
La Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas, ocurrido el domingo 17 de mayo de 2026.Desde el momento que se tuvo conocimiento de la denuncia sobre… pic.twitter.com/hTtjYN3vjJ. — Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) May 19, 2026
Los casos desconocidos y sin familiares al frente
Respecto al caso de Víctor Quero Navas, la presencia de su madre en medios de comunicación e instituciones hizo que ganara notoriedad. Incluso, tras la muerte de Carmen Teresa Navas, aún quedan un hermano, una hermana y una hija de Víctor como víctimas directas de lo ocurrido. Por desgracia, esto no ocurre con todas las desapariciones forzadas en el país.
Martha Tineo, abogada defensora de DDHH y cofundadora de Justicia, Encuentro y Perdón, explica que situaciones como la de Víctor son crímenes de acción pública, por lo que independientemente de si existe una víctima directa (como un familiar) exigiendo justicia, hay una obligación del Estado de investigar estos hechos que pudieran ser calificados como crímenes de lesa humanidad.
Agrega que, desafortunadamente, no siempre es así. Explica que si ya existen procesos en los que hay víctimas solicitando justicia sin éxito, el panorama es peor para aquellos que, por un motivo u otro, se mantienen ocultos de la opinión pública.
Lamentablemente esa es la situación venezolana. Si el sistema de justicia no avanza cuando hay personas constantemente solicitando investigaciones, se podría imaginar uno lo que pasa en las situaciones en las que este no es el escenario, comentó.
Tineo destacó el caso de Linda Loaiza quien, al no haber obtenido justicia en tribunales venezolanos, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, tras revisar su expediente, condenó al Estado por las violaciones que había sufrido.
Esa condena al Estado se dio, se impusieron acciones de reparación para Linda Loaiza y, hasta el día de hoy, el Estado no ha cumplido con esa sentencia. Lamentablemente en el caso de Venezuela, el Estado tiene una enorme carga de obligaciones no cumplidas en materia de violaciones de DDHH. Insisto, si eso es así cuando la propia víctima o los familiares impulsan los casos, uno se puede imaginar lo que pasa cuando hay casos que no tienen a nadie impulsándolos, explicó.
La obligatoriedad del Estado y el patrón de la desaparición forzada
Liliana Ortega, abogada defensora de DDHH y miembro fundador de COFAVIC (Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo), coincide con la postura de Tineo al destacar que el Estado tiene —exista o no alguien reclamando— la obligatoriedad de investigar las desapariciones forzadas y las violaciones de derechos humanos.
Desde el punto de vista jurídico, los casos de violaciones de DDHH son de impulso oficial. Es una obligación adicional que tiene el Estado la de investigar sin que sean los familiares de las víctimas o representantes quienes acudan a solicitarla, son deberes a los que el país se ha comprometido, explicó.
Ortega recuerda que Venezuela ha suscrito diversos acuerdos en materia de defensa de los derechos humanos que la comprometen a adaptarse a estándares internacionales en casos de desapariciones forzadas, por lo que al momento de hablar de cualquier investigación en el caso de Víctor Quero, es imperativo verificar si estos estándares han sido cumplidos, y es el deber del Estado el probar que existió diligencia en la búsqueda de la verdad.
Ese compromiso del Estado venezolano con los estándares internacionales es lo que hace que destaque el trato que recibió Carmen Teresa Navas, ya que la diligencia y el compromiso con la búsqueda de la verdad a los que Ortega hace mención parecen haber sido omitidos por los funcionarios con los que interactuó mientras buscaba a su hijo.
Un tema que podemos valorar es la información pública. Nosotros no tenemos información directa del caso ni información privilegiada, pero hay un documento oficial —el comunicado del Ministerio de Asuntos Penitenciarios— donde se dice que el señor Quero fue enterrado porque no fue reclamado por ningún familiar; esto públicamente contradice la lucha de coraje civil y con inmensa dignidad que vimos que realizó la madre del señor Quero.
Casos como el de Víctor, desafortunadamente, no son excepcionales, y Ortega recuerda que en los últimos años estos se han constituido en un patrón que ha sido reconocido tanto por la Organización de las Naciones Unidas como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde la última década el tema de la desaparición forzada ha tomado fuerza como un patrón del Estado. Se trata de un crimen que, por su gravedad, es pluriofensivo, es la violación múltiple de los derechos de una persona. (…) Lamentablemente no son casos aislados, nosotros (Cofavic) participamos en las exhumaciones de los restos del caso del Caracazo y la verdad es que hoy en día todavía esos casos se mantienen vigentes y seguirán así hasta que se identifiquen plenamente los restos humanos que se han encontrado y sean entregados a sus familiares, comentó, a la par que insistió en que toda investigación que se realice, para que sea efectiva, debe, sobre todas las cosas, generar confianza.
El trato cruel contra Carmen Navas
Así como la revelación de la muerte de Víctor Quero, el fallecimiento de su madre, Carmen Teresa Navas, ha dejado interrogantes que el Estado venezolano aún no ha podido contestar y, si bien ya se sabe por comunicados oficiales que el caso de Quero está siendo investigado, una pregunta queda en el aire: ¿se violaron también los derechos de madre?
Para Rafael Uzcátegui, sociólogo y director de Laboratorio de Paz, existen elementos que ameritan evaluar si el trato que la señora Carmen recibió durante la búsqueda de su hijo pudo constituir una especie de trato cruel en su contra, particularmente por el sufrimiento prolongado derivado de la falta de información, la incertidumbre y la ausencia de respuestas oportunas por parte de las autoridades.
Durante meses la señora Carmen buscó a Víctor Hugo Quero Navas, solicitó información y exigió una fe de vida, mientras desconocía que, según la versión oficial, su hijo habría fallecido bajo custodia estatal meses antes. Esa situación la colocó en un estado prolongado de angustia e incertidumbre. El derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido que la ocultación de información, la negativa de respuestas o el sometimiento de familiares a situaciones prolongadas de incertidumbre puede generar sufrimientos que trascienden el daño emocional ordinario y alcanzar la dimensión de tratos crueles, inhumanos o degradantes, explicó Uzcátegui.
Precisamente por esto es que el activista sostiene que, como mínimo, debería evaluarse el trato brindado a su madre y las actuaciones estatales desarrolladas durante todo el período de la búsqueda de Víctor.
Si bien es complicado —por no decir imposible— determinar exactamente qué nivel de responsabilidad tuvo este sufrimiento prolongado causado por el Estado en la muerte de Carmen Navas, las interrogantes que quedan se mantienen y obligan a una respuesta real por parte del gobierno de Delcy Rodríguez. Hasta que este punto no se alcance, es difícil hablar de justicia en los casos de Víctor y Carmen.
Más allá de la causa médica del fallecimiento —de la señora Carmen—, el caso plantea interrogantes sobre el deber estatal de protección, información, trato digno a las víctimas y acompañamiento a familiares de personas desaparecidas o fallecidas bajo custodia estatal. Además, sobre la real situación actual de los presos políticos y comunes del país, concluyó Uzcátegui.
Héctor Antolinez – El Nacional
