El aguijón.
De la promesa social a la corporación de Estado.
A diario, la calle nos golpea con una realidad dolorosa. Especialmente en nuestras zonas de frontera, donde el drama del éxodo y el colapso económico se respiran en cada esquina. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿Cómo un movimiento que irrumpió prometiendo redimir a los más humildes terminó provocando una de las mayores migraciones de nuestra historia contemporánea? Responderla exige dejar a un lado los gritos, las consignas y la polarización estéril. Venezuela no enfrenta únicamente una crisis económica o institucional. Enfrenta el agotamiento de un modelo que sustituyó la promesa de transformación social por una lógica de preservación del poder.
Diversos estudiosos de la política contemporánea han advertido que las democracias ya no mueren solamente por golpes de Estado tradicionales. También se erosionan cuando quienes llegan al poder mediante elecciones vacían progresivamente las instituciones, subordinándolas a intereses partidistas y debilitando los contrapesos republicanos. Venezuela ha vivido ese proceso durante años. Instituciones que debían servir como árbitros independientes fueron perdiendo autonomía hasta convertirse, en muchos casos, en piezas funcionales de una misma estructura de poder. Lo que sobrevive hoy no es una revolución socialista en el sentido clásico, sino una maquinaria política, económica y comunicacional diseñada principalmente para garantizar permanencia.
Conviene quitarle el maquillaje al discurso. El llamado “Socialismo del Siglo XXI” terminó convertido en un escudo retórico utilizado para justificar sacrificios interminables a la población bajo consignas como el “antiimperialismo” o la “guerra económica”, mientras el salario de un maestro, un pensionado o un trabajador público apenas alcanza para sobrevivir algunos días. Al mismo tiempo, florecieron bodegones exclusivos, negocios opacos, privilegios económicos y nuevas élites vinculadas al poder. No estamos frente a una revolución social en expansión. Estamos frente a una privatización de facto del Estado, donde sectores privilegiados administran recursos, influencias y oportunidades en beneficio de grupos reducidos, mientras la mayoría del país enfrenta precariedad e incertidumbre. El daño más profundo, sin embargo, ha sido cultural. Se debilitó la confianza en el trabajo honesto, se asfixió gran parte de la producción nacional y se empujó al ciudadano hacia mecanismos de dependencia para poder subsistir. Cuando un Estado condiciona la supervivencia de las personas a su subordinación política o económica, deja de fortalecer ciudadanía y comienza a debilitar la autonomía individual.
Pero esa realidad adquiere un rostro aún más doloroso cuando se observan las denuncias sobre violaciones de derechos humanos. El caso de Víctor Hugo Quero Navas, denunciado por familiares y organizaciones defensoras de derechos fundamentales, estremeció al país. Detenido a inicios de 2025 por razones políticas, su familia recorrió durante meses cárceles, hospitales y tribunales buscando información sobre su estado de salud. Tiempo después, el sistema penitenciario admitió que había fallecido bajo custodia del Estado, sin que hasta hoy existan explicaciones claras, transparentes y plenamente satisfactorias sobre las circunstancias de su muerte. Casos como este —junto a denuncias de persecución, desapariciones forzadas, censura y detenciones arbitrarias— revelan una peligrosa degradación institucional donde la disidencia termina siendo vista como amenaza y no como parte natural de una sociedad democrática. La violación sistemática de derechos fundamentales no puede normalizarse ni justificarse bajo ninguna narrativa ideológica.
Sin embargo, si de verdad queremos reconstruir el país, debemos actuar con inteligencia política y, sobre todo, con profunda humanidad. Existe una parte importante de la población que todavía respalda al oficialismo, muchas veces no por fanatismo, sino por miedo, necesidad o dependencia económica. A esos venezolanos no podemos tratarlos como enemigos. El adversario no es el ciudadano atrapado en la crisis. El verdadero problema es el modelo que convirtió la necesidad humana en herramienta de control social. Por eso, la tarea democrática no consiste en alimentar el odio ni el revanchismo, sino en tender puentes que permitan reconstruir confianza, institucionalidad y convivencia nacional. Acostumbrarse a la miseria, a la censura, a la impunidad o al silencio frente al abuso sería aceptar la derrota moral de la sociedad. Defender la verdad, mantener el pensamiento crítico, documentar los hechos y exigir rendición de cuentas sigue siendo una obligación ética y ciudadana.
La recuperación de Venezuela no caerá del cielo ni llegará de nuevos mesías políticos que se alimentan de la confrontación permanente. Vendrá del rescate irrenunciable de nuestra dignidad ciudadana, del fortalecimiento de instituciones auténticamente democráticas y de la capacidad de los venezolanos para volver a reconocerse como parte de una misma nación. Porque los países no se reconstruyen únicamente recuperando instituciones. También se reconstruyen recuperando la confianza entre ciudadanos que aprendieron, durante demasiado tiempo, a verse como enemigos. Así lo siento, y así lo digo.
– @jarturomolina1 – www.trincheratachirense.blogspot.com
