A modo de aclaratoria previa, este columnista trae a colación los ejercicios de debate fronterizo Venezuela-Guyana llevados a cabo durante varios años entre equipos de estudiantes de la cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica Andrés Bello en los cuales, a través de la investigación y capacitación oral, se promovía la concientización de los jóvenes acerca de los justos títulos que asisten a Venezuela en su reclamo por la Guayana Esequiba. De esa manera se consiguió sembrar en la comunidad de jóvenes estudiantes de Derecho la idea y el entusiasmo por la justa causa venezolana.
La precisión tiene el propósito de poner en evidencia nuestro interés y acción concurrente en publicitar el tema a partir de 1975, cuando asumimos la conducción de la respectiva cátedra.
Dicho lo anterior y sin entrar en complicados detalles jurídicos, ello nos permite comentar nuestra opinión acerca del posible resultado de la sentencia que en pocos meses la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) emitirá sobre este caso después de haber culminado esta misma semana la fase de argumentación oral de las partes. Los siguientes son los resultados en los que eventualmente concluirá el Tribunal.
El primer escenario es que la Corte sentencie que el Laudo Arbitral de octubre de 1899 que despojó a Venezuela de toda la región del Esequibo es nulo, tal como lo pide Venezuela. En ese caso, nuestro país gana y Guyana pierde. Venezuela recupera toda la Guayana Esequiba. La probabilidad de este resultado la vemos reducida. La propia jurisprudencia del Tribunal lo hace difícil dados los casos jurisprudenciales entre Nicaragua y Honduras de 1906, en el que se pretendía anular el laudo sobre límites emitido por el rey de España y también el caso similar del laudo emitido en 1989 en la disputa de límites entre Senegal y Guinea-Bissau. En ambos se hicieron consideraciones relevantes en cuanto a sus posibles defectos, pero en cada uno de ellos se ratificó la vigencia. Esto sería lo peor para Venezuela.
Guyana gana, se queda con todo el territorio en disputa y se acaba la controversia sin perjuicio del ya anunciado rechazo de Venezuela y la repetida afirmación de la presidenta interina Delcy Rodríguez adelantando que nuestro país jamás aceptaría tal decisión. La jurisdicción del Tribunal para decidir el caso ya fue argumentada y sentenciada en abril de 2023 en contra de la objeción venezolana, siendo la misma final e inapelable. Tener en cuenta que la Corte es el órgano judicial de la ONU de la que Venezuela fue co-fundadora en 1945.
La Corte inventa algún subterfugio que lleve el caso a un nuevo limbo interminable en búsqueda de la “solución práctica y mutuamente aceptable” que propuso el acuerdo de Ginebra de 1966 que en todos estos años no se ha podido alcanzar.
Bueno es recordar aquí que cuando llegó Chávez al poder en 1989 la controversia se movía para entonces en el marco de dicho Acuerdo de Ginebra de 1966 y que el entonces presidente de Venezuela en busca de apoyo político-ideológico internacionales (Caribe, África etc.) para su proyecto político orientó el caso hacia el ámbito de la cooperación binacional en la cual Venezuela ofreció su ayuda y garantías para su financiamiento sin que ello condujera a más nada que a la posterior decisión de Guyana (ya independiente del Reino Unido) de invitar al secretario general de la ONU para que unilateralmente propusiera la instancia judicial como medio de solución, tal como estaba previsto también en el propio Acuerdo de Ginebra (art. 4.2). Es así como la Corte estableció que, en efecto, sí tiene jurisdicción para adjudicar el fondo del caso (18 de diciembre de 2020).
Pasando ahora a la participación de la presidenta interina Delcy Rodríguez y su equipo en la audiencia oral de la pasada semana hay quienes piensan que fue un aporte al menos opinático a la causa venezolana. Hay también quienes sostienen que toda la intervención venezolana (Delcy, Moncada, la procuradora, etc.) pretendió introducir una nota partidista (no de Estado), lo cual pudo no ser positivo.
En mayo de 2018, cuando la misma Corte publicó su sentencia en el caso existente entre Bolivia y Chile favoreciendo completamente a Chile, el entonces presidente boliviano Evo Morales estuvo presente en la sala y tuvo que escuchar la mala noticia, la cual recibió con pesar pero reiterando, como en efecto hizo, su disposición a cumplir lo resuelto.
Lo que estas líneas quieren aportar es que ya los argumentos patrióticos del despojo colonial del Reino Unido no es lo que se discute, sino tan solo la validez del laudo de 1899 para cuya resolución la Corte hoy ya ha establecido que sí tiene jurisdicción.
Así pues, cuando el último referéndum que se realizó en diciembre de 2023 consultando a la población venezolana, la misma se pronunció casi unánimemente en favor de la pertenencia del Esequibo a Venezuela, lo cual, evidentemente, no tiene efecto internacional alguno porque en el evento no votaron los residentes de la zona como sí fue el caso en las Islas Malvinas en el referéndum de marzo de 2013, en el que la población eligió continuar siendo británica y no argentina.
En definitiva, es evidente que una encuesta nacional arrojaría la voluntad casi unánime de los venezolanos -no los del Esequibo- acerca de la titularidad del territorio en favor de Venezuela. Ello, en nuestra opinión, no será parte del razonamiento de los magistrados de la Corte por más desazón que ello pueda producir entre nuestros compatriotas.
Dado lo anterior, y con gran pena, anticipamos que el caso no luce favorable a Venezuela y que aun así lo que se decida tendrá carácter final, inapelable y definitivo. Estará en la dirigencia política que rija los destinos de Venezuela en ese momento manejar la opinión pública y la atribución de culpas con mesura y sentido de Estado.
Estamos más que claros que un escenario como el que se prevé será amargo y comprometerá la delimitación marina y submarina necesaria frente a la costa, justamente donde yacen las mayores cuencas petroleras aún no explotadas del planeta.
El actual interinato o el gobierno legítimo que lo sustituya haría bien en presentar un cuadro realista para ese caso potencialmente desfavorable.
Somos conscientes de que en el país existen varias autorizadas opiniones distintas a la aquí expresada. Nuestro mayor deseo es que tengan razón ellos y seamos nosotros los equivocados.
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