Cuando se hace referencia a llevar adelante la visión, misión, objetivos y metas de un sistema de salud eficiente, beneficioso y confiable en Venezuela, es hacerlo en función de una multiplicidad de estrategias y no de una visión aislada; por lo tanto, es imperativo hablar de políticas de salud en plural. Este enfoque sistémico debe ejecutarse desde una estructura que opere con distintas políticas constituidas como política de Estado y no como planes de gobierno que hoy carecen de un sustento orgánico integral.
En consecuencia, partiendo de una Constitución Nacional, la salud debe entenderse desde la concepción del bienestar general de la población, comprendiendo que el derecho no es un regalo ni una concesión de una divinidad, sino un constructo producto de la necesidad, los acuerdos, las reglas de juego, el orden y la responsabilidad compartida de mantenerlo. Una sola palabra puede alterar esta comprensión; no es que el derecho por sí solo sea pernicioso, lo es su vulnerabilidad cuando los distintos factores que impactan el servicio sanitario y la cobertura universal se enfrentan a la realidad sin un marco sólido.
Dentro de este ecosistema, las políticas sanitarias deben abarcar armónicamente el financiamiento y la sostenibilidad, el desarrollo del talento humano, la infraestructura y tecnología, la prevención y atención primaria, así como la política farmacéutica, de insumos, la práctica clínica y el diagnóstico científico. Sin embargo, en la práctica profesional actual, la política meramente de asistencia médica ha terminado por absorber a las demás, generando hospitales de alto nivel que, al carecer de apoyo, contención, planificación o evaluación, convierten al sistema en una estructura costosa e ineficiente.
Existe un riesgo latente en ambos extremos: si las políticas sociales terminan por desplazar a la política médica técnica, se pierde el rigor científico y la calidad, resultando en un sistema poco confiable; pero si se ignora la gestión institucional, el sistema colapsa bajo su propio peso operativo.
Para revertir esta situación, la nueva doctrina sanitaria para Venezuela propone la transición hacia un modelo de Salud Institucional que garantice la cobertura universal mediante la independencia de la renta petrolera y el manejo sin control. Esta visión se fundamenta en un esquema de financiamiento mixto y sostenible, donde los ciudadanos contribuyan de forma automática y el gasto público se eleve hacia los estándares internacionales.
Estructuralmente, se plantea la creación de un ministerio estratégicamente pequeño con funciones claras de rectoría, apoyado en subsistemas de aseguramiento público-privados y una red operativa descentralizada que priorice la prevención y la calidad de atención basada en datos.
Este cambio de paradigma requiere de un código que establezca los cimientos jurídicos de una nueva ley orgánica de salud, diseñada para blindar el sistema frente a la inestabilidad política y económica. Este marco legal debe estructurarse sobre tres ejes fundamentales: la permanencia institucional que eleve la salud a política de Estado, la descentralización operativa que defina al Ministerio como una rectoría central simplificada, y la independencia financiera a través de la creación de un Fondo de Salud Autónomo.
Solo desvinculando el presupuesto sanitario de la volatilidad rentista (bajo un modelo transparente y auditable) se podrá asegurar un sistema que sea, en el tiempo, verdaderamente eficiente y de calidad para todos los venezolanos.
@abrahamsequeda
