En el crispado ambiente en el que se desenvuelve la discusión sobre el aumento del salario mínimo, un tema central, recurrente, es apelar a la renta del petróleo para que el gobierno incremente nominalmente el salario mínimo. Los aumentos nominales del salario se convierten en “ilusión monetaria” si no se recupera el poder de compra.
Las cuentas se sacan suponiendo un determinado volumen de producción, exportación y precio de venta de los hidrocarburos, ahora en alza debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Nada nuevo. Seguimos atado a la sempiterna idea de redistribuir la riqueza, antes que producirla.
En ese imaginario fuertemente arraigado en la mentalidad del venezolano, nuestro bienestar depende de la volatilidad del mercado petrolero y de la capacidad de producción y exportación de la industria petrolera; bastante disminuida, por cierto, durante estos años de socialismo, por la falta de inversión en su mantenimiento, expansión y modernización. Nos cuesta mucho comprender que los salarios, los beneficios de las empresas y los impuestos, se derivan de la actividad productiva, no de la renta. Es la mentalidad rentística, minera, como decía Arturo Úslar Pietri.
Producir riqueza
En estos tiempos de emergencia humanitaria compleja, la desesperación por la situación que padecemos impide analizar el problema con la debida racionalidad y, sobre todo, estimar el monto del salario que es necesario, deseable y posible. Para lo cual es importante entender que lo fundamental es generar riqueza. Y para producir riqueza es indispensable establecer un marco legal claro y confiable e instituciones eficientes y competentes que atraigan, garanticen y protejan la inversión; además de la infraestructura y el funcionamiento de los servicios básicos, como la electricidad, el agua y la movilidad. La inversión genera empleos, salarios, beneficios e impuestos; incrementa la oferta de bienes y servicios y reactiva el consumo. La capacidad de compra de los salarios se deriva de la producción, la productividad y la estabilidad macroeconómica. No de un decreto del gobierno.
Cuentas claras y diálogo social
Disponer de la información sobre las cuentas nacionales: presupuesto, ingresos, gasto, exportaciones, importaciones, deuda, reservas internacionales, actividad económica, inversión, consumo, precios; políticas económicas; nóminas de empleados del sector público, de las empresas del Estado, de los pensionados y jubilados; así como de la situación de las empresas privadas que todavía funcionan; es imprescindible para que el proceso de diálogo social produzca resultados consensuados, creíbles y sostenibles en cuanto al salario mínimo y los beneficios laborales derivados.
Resultados de la Comisión Tripartita Nacional
Hace treinta años, la Comisión Tripartita Nacional que auspició el presidente Rafael Caldera y coordinó eficientemente el ministro Teodoro Petkoff junto a la ministro del Trabajo, María Bernardoni de Govea, y los ministros del gabinete económico, produjo una reforma laboral por consenso que salarizó los bonos de alimentación y transporte que existían hasta 1997 y blindó el salario, definiendo claramente que todo ingreso recibido por concepto del trabajo, de forma regular, continua y recurrente, se considera salario, con todos sus efectos. También se acordaron las bases de un sistema de seguridad social viable y sostenible.
Esos acuerdos se convirtieron en proyectos de leyes de la República y en el caso de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, se aprobó en 1997 y se comenzó a aplicar desde enero de 1998, cuando se reunió por primera vez la Comisión Tripartita prevista en esa Ley, para discutir y acordar el primer aumento del salario mínimo por consenso: 100.000 bolívares, 182,48 dólares al tipo de cambio anual promedio de 548 bolívares por un dólar. Justamente para ese debate, elaboramos y publicamos el primer dato de la Canasta Alimentaria de enero de ese año: 224.350 bolívares, $409,39. Con 2.4 salarios mínimos se podía adquirir una Canasta Alimentaria para una familia de cinco miembros. Hoy se necesitan más de 2.400 salarios mínimos.
La retroactividad de las prestaciones sociales
Un tema central de la reforma laboral de 1997 fue la modificación del régimen de cálculo de las prestaciones sociales, como producto del consenso en la Comisión Tripartita, tan denostada por aquellos años, al igual que sus integrantes. Se logró resolver de la mejor manera, tanto, que, en la nueva ley del trabajo decretada por Chávez en 2012, se mantuvo; al tiempo que rescató el viejo régimen de cálculo de las prestaciones sociales, a contracorriente de la racionalidad económica, impulsado por el revanchismo, el resentimiento y la aversión a la actividad económica privada, con la excusa de favorecer a los trabajadores.
La bonificación del salario
Transcurridos veinticinco años, quienes han detentado el poder gubernamental durante este tiempo, descubrieron el peso que tiene en las cuentas nacionales el llamado pasivo laboral, a lo cual respondieron con una política de bonos, en sustitución del salario y en perjuicio de los beneficios laborales del trabajador, como son precisamente las prestaciones sociales, las vacaciones, las utilidades, los aguinaldos y las pensiones. El resultado de esa política de bonificación ha sido la extinción del salario mínimo y las pensiones.
Director del CENDAS-FVM
