Venezuela se acerca el momento de saber, con certeza, hacia dónde pretende dirigirse el gobierno interino de Delcy Rodríguez: Ganar tiempo en el marco de una “una negociación asimétrica” con Estados Unidos (Francisco Ameliach dixit), cambiando todo para que nadie cambie, o aceptar y facilitar la transición en tres etapas que ha ofrecido el secretario de Estado, Marco Rubio, que culminaría en elecciones libres, sin inhabilitados, perseguidos, presos, ni exiliados. En ese sentido, la designación en las próximas horas del nuevo Fiscal General y el Defensor del Pueblo serán la prueba del pastel.
Los antecedentes, sin embargo, no son auspiciosos; cada vez que el chavismo ha tenido que enfrentarse con la propia Constitución que promovió en 1999, no ha dudado en violarla, con tal de preservar su poder absoluto y excluyente sobre el Estado. La reciente historia nacional, del referéndum constitucional de 2007 a la elección presidencial de 2024, ha consistido, en lo fundamental, en eso.
Consideramos no exagerar si afirmamos que ha sido ignorada olímpicamente la parte del texto constitucional según la cual la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, y que los órganos del Poder Público emanan de la voluntad popular y están sometidos a ella.
En ese sentido, la designación del Poder Ciudadano no ha sido, por supuesto, la excepción. La carta magna busca garantizar la independencia política de los titulares de esos cargos; no obstante, es de sobra conocido que no ha sido así. Las consecuencias las podemos constatar al contrastar la letra con la realidad. Por ejemplo, el artículo 280, referido a la Defensoría del Pueblo, establece que es deber de esa institución vigilar por la protección de los derechos civiles, sociales, económicos, culturales y ambientales de los ciudadanos, y que, como un órgano autónomo, no depende de otros poderes públicos para su funcionamiento.
En cuanto al Fiscal, los artículos 285, 286 y 287 establecen, entre otras obligaciones, la de velar por los derechos humanos y garantizar el respeto a las garantías constitucionales en procesos judiciales, así como asegurar la protección de las víctimas. Sobran explicaciones, nos parece.
En su día, varios constituyentes del 99 manifestaron orgullo (y con razón) por haber promulgado el texto constitucional más avanzado en materia de derechos humanos de todo el mundo. Sin embargo, nunca antes en tiempos modernos esas normas universales, inherentes a la condición humana, han sido violadas de manera tan sistemática y a tal escala en el país.
La explicación de esa paradoja la podemos identificar en las intenciones. Mientras que una parte de la coalición chavista de 1999 creyó genuinamente que el proceso constituyente de ese año era una oportunidad para mejorar la democracia del país, limpiarla de sus máculas, y darles una vida mejor a los venezolanos, para otro grupo ese proceso político era solo un pretexto, una oportunidad para concentrar todo el poder en una cúpula y en una persona con vocación de perpetuidad. Como sabemos, fue el segundo grupo el que se impuso. Y si alguna lección podemos sacar de los asuntos humanos es que la concentración de poder en un solo grupo o persona inevitablemente deviene en tiranía. Como dice el aforismo, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es, en definitiva, la historia del chavismo, cuya vocación democrática, desde el 4 de febrero de 1992, ha sido cuestionable.
Cuando fue mayoría violó los derechos de la minoría, y cuando se transformó en minoría violó los derechos de la mayoría. De modo que la democracia y la Constitución han sido instrumentales para ese movimiento político. El núcleo duro del chavismo considera que tiene el derecho sagrado de dominar el país, y que, como sus adversarios (los demás venezolanos) carecen de legitimidad, el poder político no se comparte, no se alterna. Si el voluble favor popular cambia de opinión es porque se equivocó.
¿Ha cambiado en lo sustancial esa concepción de la política a raíz de la intervención militar estadounidense ocurrida el pasado 3 de enero, y la extracción de Nicolas Maduro? Todo indica que no.
Sin embargo, también hay razones para pensar que dentro de la “coalición gobernante” hay factores lo suficientemente realistas, y con capacidad de decisión, como para sacar las debidas conclusiones de la derrota estratégica ocurrida es día, y que, por lo tanto, son plenamente conscientes que sin la adecuada cobertura geopolítica la perpetuación del chavismo en el ejercicio del poder político no es posible. Es decir, se acabaron las fichas y hay que abandonar el casino en 15 minutos de manera civilizada y voluntaria. No es que pasaron por una transformación de conciencia, es que son sensatos.
Por supuesto, también es evidente que otro sector que (nos parece que eso expresa el citado post en X del diputado Ameliach), por el contrario, considera que la actual situación es sólo una contingencia pasajera, un accidente en el camino. Solo se trata de “resistir estratégicamente” hasta que las condiciones impuestas cambien; a Donald Trump lo destronen, bote a Marco Rubio o Irán lo ponga de rodillas, etc.
Se nos dirá que, en realidad, no hay ninguna diferencia entre los dos factores. Que sencillamente coinciden en lo fundamental, y lo que hasta ahora hemos visto son retrocesos tácticos, sin ninguna soterrada disputa interna. Sencillamente el primero hace exactamente lo que el segundo expone de manera abierta. Pues bien, una señal que nos despejará el panorama es lo que, como indicamos, está por verse.
Si el chavismo gobernante sigue de acuerdo en lo fundamental, es decir, en ejercer el poder tal como lo ha hecho siempre, no habrá división ni fractura de su parte. Impondrá un fiscal y un defensor a su servicio, tal vez de manera algo disimulada, y en condiciones en las cuales el segundo carezca de capacidad alguna. A continuación, veremos si el gobierno de Trump se resiste a eso o, por el contrario, lo respalda. También veremos si la sociedad venezolana se cruza de brazos o se resiste.
@Pedrobenitezf
