El Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se encuentra prácticamente fuera de servicio, al operar apenas a un 20% de su capacidad instalada.
La crisis eléctrica en el estado Lara dejó de ser una serie de eventos aislados para convertirse en una vulnerabilidad estructural que mantiene a la región en una situación de extrema fragilidad. Según las recientes declaraciones del Ingeniero Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros de la entidad, el parque termoeléctrico local, que debería actuar como un escudo ante las fallas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se encuentra prácticamente fuera de servicio, al operar apenas a un 20% de su capacidad instalada.
Un sistema de respaldo que no responde
Esta parálisis técnica significa que, de los más de 390 MW que Lara debería generar de forma autónoma, el aporte actual resulta marginal, lo que obliga a la región a depender en un 65% del flujo de energía proveniente del Guri. Esta dependencia absoluta convierte a Lara en uno de los primeros estados sacrificados mediante los planes de «administración de carga» cada vez que ocurre una inestabilidad en la red central.
La realidad en las plantas luce desoladora: la unidad Argimiro Gabaldón permanece totalmente inactiva, mientras que las Plantas 1 y 3 funcionan en niveles mínimos debido a la falta de mantenimiento profundo y la desinversión sostenida durante años.
El efecto dominó: Sin luz no hay agua
El impacto de este déficit energético trasciende la falta de iluminación en los hogares y golpea el corazón de otros servicios públicos vitales. Gutiérrez enfatizó que, sin un sistema eléctrico estable, resulta imposible garantizar el suministro de agua potable, ya que los complejos sistemas de bombeo requieren una carga constante que hoy el estado no provee por sí mismo.
Esta interconexión de fallas crea un ciclo de deficiencias que paraliza tanto la calidad de vida de los ciudadanos como cualquier intento de recuperación del sector productivo y comercial larense.
¿Qué se necesita para recuperar el sistema?
Para revertir este escenario y devolver la autonomía energética a la región, el Colegio de Ingenieros propuso una hoja de ruta que requiere tiempo, recursos y personal calificado. Los expertos estimaron que la estabilización del sistema tomaría al menos tres años de trabajos intensos, siempre que se ejecute una inversión aproximada de 500 USD por habitante.
Sin embargo, el reto no es solo financiero; el sector enfrenta una grave crisis de talento humano tras la fuga de profesionales especializados, lo que hace urgente iniciar planes de recaptación y formación técnica para operar la infraestructura que hoy languidece por el abandono.
Alejandra García – El Impulso
