El ex parlamentario del antiguo Congreso Nacional, así como de la Asamblea Nacional, entonces dirigente de AD, Pedro Pablo Alcántara, afirma que la nueva Ley de Amnistía está llena de contradicciones, que la dejan en entredicho y que, al mismo tiempo, lo que genera es protesta, inconformidad y la percepción de que esta ley es un embudo más.
Pregunta- ¿Usted cree que se ajusta a derecho la Lay de Amnistía, que viene de ser aprobada por la Asamblea Nacional?
Respuesta -La Ley de Amnistía es, absolutamente, constitucional. La Constitución establece en el artículo 187 tal cualidad, a los efectos del desempeño de sus funciones a cargo de la Asamblea Nacional. Esta ley, que se denomina de Amnistía y para Convivencia Democrática, debe ser objeto de una revisión, por cuanto en nuestra opinión, no es sólo amnistiar; es que los pasos para garantizar, efectivamente, una convivencia democrática, deben ser realizados cuando el estado de derecho permite que no haya circunstancias colocadas allí, en forma expresa, para que el amnistiado reciba la libertad, para continuar condicionado por otras normas coercitivas aun vigentes.
-Eso es una primera categoría y una segunda sería que los que, teóricamente, no deben ser amnistiados porque están vinculados a actos de terrorismo, por ejemplo, significa ello que, si aquí hubiese tribunales que actuaran con auténtica independencia; si aquí hubiera un Ministerio Público que lo hiciera de conformidad con la Constitución y su ley, es evidente que los juicios tendrían los mismos principios, que la Constitución establece: celeridad, imparcialidad, atención al proceso, respeto a las garantías del debido proceso, de la presunción de inocencia; lo cual, dolorosamente, no existe. Igual carencia se observa en la inexistente Defensoría del Pueblo.
-Aparte de estos elementos, que estamos describiendo del comportamiento global del Poder Judicial, que se ha partidizado, existe otra preocupación: leyes de auténtico corte nazifascista, que desarrollan un conjunto de normas violatorias de derechos humanos generales, que están en la propia Constitución: la Ley contra El Odio, por ejemplo, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley Simón Bolívar contra el Fascismo y el neo Fascismo, y estos son instrumentos que violentan los principios fundamentales y algunos de ellos han sido dictados fuera el marco de la AN, en una Asamblea Constituyente.
-De manera que aquí hay que derogar todos estos elementos, para presentar la Ley de Amnistía, recién aprobada por la AN, como un modelo, no solamente de “extinción de la pena por delitos políticos” (comillas solicitadas), sino también para alcanzar la convivencia democrática.
Entre los miles de detenidos, que fueron a parar a la prisión, luego de los sucesos a nivel nacional del 29 de julio de 2024, ¿se puede hablar de que eran terroristas, que fue el concepto que manejó el régimen para su caso?
He allí en el caso de tu pregunta, justamente, una de las categorizaciones, cuando tú careces de un sistema judicial imparcial, no hay manera de que se pueda dilucidar a favor de la justicia y a favor de la verdad. Porque, lamentablemente, el Poder Judicial está, totalmente, sometido a los dictados del Poder Ejecutivo. Y porque, además, se han venido cometiendo hechos, denunciados por abogados, por familiares, por personas en comunidades, en los cuales hay conductas contrarias a la ley por parte de funcionarios públicos, que no reciben la inmediata atención ni el debido tratamiento, para garantizar la eficacia del estado de derecho.
-De manera que utilizar la categoría de terrorista lo único que te acerca es a un modelo de aplicación legal, que parece más bien propio de un estado de guerra contra un enemigo exterior, y tú no puedes calificar de modo alguno a los venezolanos, que tengan diferencias o interpretaciones de la realidad sobre la gestión de un gobierno determinado, como si se tratara de enemigos del país, autoidentificándose el régimen como la patria, como si el ciudadano fuese un enemigo de la paz, como que si el gobierno tuviese suficientes elementos, para mostrarse como un ejemplo de paz, que no lo es.
-De allí que este tipo de contradicciones dejan en entredicho a la propia Ley de Amnistía y, al mismo tiempo, lo que genera es la protesta, la inconformidad y la percepción, de que esta ley es un embudo más.
¿Qué precedentes hay en nuestra historia, con respecto a un proceso de amnistía de los presos políticos?
-Hay varios ejemplos. El más importante de todos, aunque pueda parecer paradójico, es el que protagonizó el Libertador, con motivo del Decreto de Guerra a Muerte en 1813; cuando, ante los desafueros, la crueldad y los desmanes de la Corona española y sus agentes, que se pusieron en práctica en Venezuela y, en efecto, sin haber decretado un conflicto en esos términos, hubo una guerra de exterminio contra los americanos.
-Es decir, contra los ciudadanos que en aquel momento luchaban para que la Capitanía General pasara a ser una República, y por ello eran tratados como si fuesen facciosos o facinerosos. Eso obligó al Libertador a tener que deslindar con toda claridad cuál debería ser la conducta ciudadana de los venezolanos; por tanto identificó a los perseguidores: aquellos que actuaban cruelmente, para mantener un orden caduco y pervertido; ante los cuales se erguían los criollos, los americanos, llamados a sí mismos patriotas por su ánimo de libertad, de independencia y determinación.
-Los invito a leer el Decreto de Guerra a Muerte firmado por el Libertador, para que resplandezca el espíritu magnánimo de Bolívar, de cuando lo suscribió en 1813 en Trujillo; para decirle a los americanos que aquéllos que habían sido persuadidos por intenciones o propósitos de quererlos convertir en enemigos de sus propios hermanos, serían perdonados. Sus culpas serían olvidadas, solamente, con el compromiso, de que se incorporen, efectivamente, a luchar por el derecho a la independencia del pueblo de Venezuela.
-Así creo que el espíritu de Bolívar estuvo presente en la otra ejemplar amnistía, que se realizó en la historia venezolana; luego de aquel proceso dolorosísimo y cruel, donde más de cien mil venezolanos perdieron la vida y propiedades; cuando no, fueron al destierro, como fue el suceso lamentable de la llamada Guerra Federal y que, entre 1859 y 1863 asoló el país.
-Pues Pedro José Rojasso lamentable de la llamada Guerbiernoolñda y propiedades; fueron al destierro, como fue el suceso lamentable de la llamada Guer, en representación del grupo que detentaba el control del gobierno, a la cabeza de José Antonio Páez, y Juan Crisóstomo Falcón, en representación del grupo que representaban los federales, que luchaban por desplazar al oficialismo de aquella época en medio del conflicto armado, fueron capaces de suscribir en la Hacienda Coche en el año de 1863 un Tratado de conclusión de la guerra y dictar una amnistía, convenida entre las partes. Simultáneamente, el mariscal Falcón, en gesto que lo enaltece para la historia, presentó un proyecto de decreto de garantías, que fue recibido en el mejor ánimo por la contraparte; constituyendo el más antiguo testimonio de la emergencia dentro de los escombros de la guerra del valor supremo de los derechos humanos y su respeto inalienable.
¿Abarca esta ley casos como el de los policías, que fueron culpados por el supuesto asesinato de personas, que se encontraban en una manifestación a favor del gobierno, en Puente Llaguno, el fatídico 11 de abril de 2002 , además de otros presos emblemáticos, como los hermanos Guevara?
-Los llamados policías de Puente Llaguno deben ser amnistiados. De eso no tengo la mejor duda, y deben serlo; no solamente porque la investigación que los condenó fue, desde el principio, ideada para dar un escarmiento ejemplar a la enorme masa de personas, que habían salido bajo protesta a las calles, y que pedían la renuncia de Hugo Chávez, luego del asesinato previo de ciudadanos en horas de la mañana por francotiradores, ubicados en las azoteas de edificios en la Avenida Urdaneta. Los sucesos de Puente Y
Llaguno fueron entre las 5::00 de a la tarde y las 7:00 de la noche de ese 11 de abril. Los ciudadanos antes citados no registraban antecedentes previos de ninguna otra acción que fuese lesiva de la ley, como es el caso de dichos policías; así como en el caso de los hermanos Guevara.
-Precisamente, yo presidí la comisión de investigación, designada por la Asamblea Nacional por el asesinato del fiscal Danilo Anderson y es evidente que, al iniciarse el juicio correspondiente, se observó la intención del Ejecutivo de levantar un cadalso contra sus adversarios políticos, para lo cual trajeron desde Bogotá, Colombia, a un testigo prefabricado, a quien entrevisté y me relató todas las truculencias, utilizadas para sentenciar a inocentes.
-El llamado “testigo estrella” Giovanni Vásquez es la más evidente prueba de esta mascarada. Huyó, posteriormente, del país. Se retractó públicamente de sus afirmaciones y aseguró que recibió 500 mil dólares por su participación en el juicio, que debió ser declarado nulo de toda nulidad. De esta historieta parte la sentencia injusta contra los hermano Guevara y por ello deben ser amnistiados.
-Esos casos habrá que revisarlos por parte de un grupo de expertos calificados y estoy seguro, que surgirán elementos que, no solamente apuntalen a la tesis de los excesos cometidos allí y de la intención de búsqueda de la verdad y del daño con esa cárcel injustificada, que han recibido, tanto los policías de Puente Yaguno, como su familia y sus allegados; así como los Guevara, su familia y sus relacionados.
-Esta ley puede servir como un instrumento ejemplar, si es capaz de empinarse sobre sus carencias y ser el principio de una reconciliación; basada, no sólo en la justicia, sino también en la reparación, tal como lo establecen los códigos de derechos humanos suscritos por Venezuela en el ámbito internacional, y que en esta ley se pretenden despachar con una absoluta ligereza y poca responsabilidad; como que si aquí los responsables de los sucesos, que han ocurrido en estos años fuesen los ciudadanos y no los excesos, abusos e intolerancias, que han caracterizado gran parte del funcionariado policial; aparte del funcionariado militar y a gran parte del poder judicial venezolano.
Enrique Meléndez entrevistó a Pedro Pablo Alcántara
