En Venezuela el poder ha cedido formalmente la soberanía popular a una potencia extranjera. Es la última etapa de un proceso que comenzó mucho antes, cuando se admitió el fraude como mecanismo para la renovación del mandato en 2012. En realidad, desde aquel momento quien ejercía la función ejecutiva perdió la legitimidad. Se burló de seguidas la voluntad popular en tres ocasiones sucesivas: en abril de 2013, en mayo de 2018 y recientemente en julio de 2024. Se ha dado ahora un paso más: se ha confiado una de las expresiones de la soberanía a un extraño a la nacionalidad.
Ilustración de Juan Diego Avendaño.
Nunca en nuestra historia alguien (o un grupo) pretendió entregar la soberanía (capacidad de decisión sin sujeción a un ente externo superior). Ninguno de nuestros próceres fue monárquico: algún ignorante atribuyó intenciones de ese tipo a Francisco de Miranda o a Simón Bolívar, porque ambos buscaron apoyo exterior (Reino Unido, Francia y Estados Unidos) para la causa independentista. Pero, tampoco ninguno de nuestros “caudillos” o mandatarios posteriores pensó en convocar un poder extraño para dirigirlo. Escucharon pretensiones y exigencias, pero no concedieron más de lo conveniente. Hasta que un alucinado encantador se declaró seguidor de un profeta fracasado (¡su estrella declinaba!): lo tomó como “padre” político, lo convirtió en asesor obligado y le entregó para ser manejadas por sus agentes áreas-clave de la administración (defensa, seguridad, asistencia social). Al mismo tiempo, se adoptó el sistema de partido oficial (con control del organismo electoral). Así, se aseguró la permanencia de tal régimen.
La pérdida de la soberanía por su titular no ocurrió de improviso. Se facilitó a través de “misiones sociales” para los pobres; mientras, se obtuvo la complacencia de gobiernos de la región a cambio de programas de asistencia (Petrocaribe, ALBA). Después, un organismo parcializado aseguró (2012) la “reelección” del caudillo enfermo. Al finalizar el período (enero, 2013) el sucesor designado, nombrado antes vicepresidente ejecutivo, ante la postración del titular, tomó posesión indebidamente; y al fallecer aquel se encargó ilegalmente. Se le dio por ganador en la elección convocada en abril siguiente, sin resolver los recursos interpuestos. Después, en 2018 y 2024, en procesos irregulares y sin garantías democráticas, se le atribuyó el triunfo. Observadores independientes y la mayoría de los países con representación en Venezuela denunciaron los resultados, validados luego por un tribunal de jueces comprometidos. Así, el usurpador se apoderó de la soberanía popular en beneficio de poderes extranjeros.
Conforme a la relación anterior, Venezuela perdió (aún contra su voluntad) su soberanía externa. Secuestrado el estado por un grupo (civil y militar) que se apoderó de sus instituciones de gobierno, estaba sujeto en decisiones fundamentales (o aún menores, pero de algún interés especial) a un poder extranjero. Se manifestaba en asuntos de la mayor importancia: política exterior (enfrentamiento con Estados Unidos, acercamiento al eje Moscú-Pekín-Irán, integración al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla), defensa (alianza estratégica con Cuba, apoyo a insurgentes de Colombia), seguridad (control cubano de la fuerza armada, la policía política y sistemas de identificación), economía (alto endeudamiento, sostenimiento de la economía de la isla). El grado de dependencia (muy alto) quedó en evidencia durante la operación del 3 de enero pasado: entonces fueron efectivos cubanos (¡encargados de la custodia presidencial!) quienes enfrentaron las tropas norteamericanas (murieron 31 de ellos).
La cesión de la soberanía (en su expresión externa) está contemplada en el derecho internacional. También la suspensión de algunos de sus atributos. Además, como no es absoluta, tiene limitaciones. Por eso, la Carta de la ONU y otros instrumentos prevén la intervención de la comunidad internacional en determinados casos (como amenazas contra la paz o los habitantes), que debe cumplirse en la forma que se establece expresamente. Sin embargo, las limitaciones a la soberanía pocas veces se producen conforme al derecho (menos aún su desconocimiento). Más bien, resultan de actos unilaterales de potencias dominantes, que actúan sin sujeción a normas, contra la voluntad de las autoridades y del pueblo locales, por la fuerza. Ocurre esto último ahora en Venezuela: aunque la mayoría de los ciudadanos aprobó – ¡incluso, aplaudió! – la “extracción” del usurpador, no valida la confiscación del poder por un gobernante extranjero (con la satisfacción del mando anteriormente existente).
La soberanía, entendida como conjunto de poderes supremos (o summa potestas), “reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente” conforme a la ley … “e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público” (art. 5 de la CRBV, 1999). No obstante, es evidente que Delcy Rodríguez (a quien la administración Trump ha reconocido como “única jefa de Estado” de Venezuela) y el grupo que la acompaña en la rama ejecutiva no expresan la voluntad popular. En primer término, ella misma no ha recibido un mandato legítimo que la autorice a ejercer la función que se le atribuye. El que exhibe, le fue conferido por alguien que usurpaba la presidencia de la República; y por tanto es inexistente. Y en segundo lugar, el contenido de sus actos no refleja las aspiraciones de los ciudadanos (que se manifestaron en las elecciones de 2024 y los sondeos de opinión).
A partir de la “extracción” de Nicolás Maduro y “el reconocimiento” de Delcy Rodríguez, altos funcionarios de la Administración Trump han actuado como si fueran agentes de una potencia de ocupación. Incluso, secretarios de departamento han visitado el país para enterarse de la situación y hacer observaciones sobre sus respectivas materias. Por otra parte, han tomado decisiones (como las referidas al manejo de los ingresos petroleros) que corresponden a autoridades nacionales. La actuación del gobierno norteamericano supone un trato (escrito o “palabreado”) cuyos términos no se han dado a conocer. Después de haber informado oficialmente a distintos organismos (incluso jurisdiccionales) de Estados Unidos que Nicolás Maduro no era considerado como presidente de Venezuela, ahora declara que la persona designada por este mismo es su sucesora en la función ¿Qué se entregó o prometió a cambio? Donald Trump repite que ella “hace un buen trabajo” (o sea, conforme a sus instrucciones).
La recuperación de la soberanía y, como consecuencia, de las libertades (personales y colectivas) y de la democracia, debe iniciarse de inmediato. No puede dejarse “sine die”. De lo contrario, la operación norteamericana del 3 de enero pasado perdería fundamento jurídico (tanto del orden interno como internacional). No puede concluir en dejar el manejo del negocio petrolero en un departamento gubernamental de Estados Unidos y en empresas extranjeras del ramo (aunque la colaboración de estas sea deseable). Según el secretario Marcos Rubio sería el resultado de un proceso en tres fases: estabilización (para evitar caos), recuperación (económica y social), transición (a la democracia). Mientras tanto se mantiene al frente Delcy Rodríguez (reconocida oficialmente), aunque designada por el usurpador (enjuiciado en Nueva York) y por tanto sin legitimidad alguna. Esto, además, contradice expresamente la Constitución “vigente” (que manda a celebrar elecciones de inmediato). Sobre todo, es causa de descontento y, en definitiva, de caos.
Venezuela ofrece experiencias exitosas de superación de regímenes dictatoriales –aún despóticos– que iniciaron tiempos republicanos memorables. En 1935 Eleazar López Contreras, civil de uniforme llamado al diálogo, decidió desmontar el gomecismo. Con la colaboración de hombres talentosos de pasado variado (Diógenes Escalante, Alberto Adriani, Gil Borges, Arturo Uslar, Manuel Egaña) fijó en el “programa de febrero” las bases para la conversión de Venezuela en país moderno. Realmente, lo impulsó la insurgencia popular de febrero de 1936. En 1958, las fuerzas armadas, tentadas a retener el poder, observaron la resistencia del pueblo en las calles y escucharon las exigencias de todos los sectores (partidos, iglesia, prensa, estudiantes, empresarios, sindicatos). Se incorporó la sociedad civil (Eugenio Mendoza, Edgar Sanabria, Arturo Sosa, Rafael Pizani) al nuevo gobierno. Restablecidas las libertades, se sentaron las bases del sistema democrático. En ambas ocasiones la movilización popular provocó los cambios: ningún régimen autoritario cede el mando graciosamente.
La recuperación de la soberanía es un reclamo nacional. Venezuela no es un Estado fallido que requiera la asistencia de la comunidad internacional (o regional) para recobrar su energía existencial. En las últimas décadas, una extraña coalición de fuerzas –grupos partidistas con militares ambiciosos– manipulada por una potencia exterior, secuestraron sus órganos de acción para imponer un proyecto rechazado en referéndum (2007) y provocaron su ruina cultural, social y económica. Pero, el pueblo con su voto reafirmó su aspiración democrática. Escogió también los llamados a dirigirlo en la vía pacífica para lograrla. Toca ahora exigir el cumplimiento de la voluntad popular.
X: @JesusRondonN
