El periodista y especialista en temas ambientales Fritz Sánchez afirmó que el ordenamiento de la actividad minera en Venezuela debe comenzar con el cese de la explotación aurífera —legal o ilegal— en áreas donde está prohibida por ley, como parques nacionales y reservas forestales.
Durante una entrevista en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, consideró que para lograrlo se requiere voluntad política que permita detener o al menos desacelerar el extractivismo ilegal.
Aunque reconoció que el estado Bolívar ha sido históricamente una región minera, subrayó que la explotación debe llevarse a cabo con estudios de prospección y exploración, así como bajo esquemas formales que garanticen buenas prácticas ambientales.
De acuerdo con datos citados por Sánchez de informes de la ONG Transparencia Venezuela, entre 70 % y 90 % del oro que se extrae en el país se comercializa por vías ilegales.
Agregó que la producción anual se estima entre 30 y 35 toneladas, lo que evidencia la magnitud de la actividad irregular. A su juicio, el desorden y la permisividad institucional favorecieron la expansión de la minería ilegal.
Más de 100.000 hectáreas devastadas
El periodista alertó que la minería ilegal está causando graves daños en cuencas como las de los ríos Caroní y Paragua, donde se expandió la minería de balsas a lo largo de sus cauces, lo cual repercute en el deterioro del embalse de Guri y, en consecuencia, en el funcionamiento del sistema hidroeléctrico.
Indicó que con el desarrollo del Arco Minero del Orinoco se incrementó una “vorágine” de explotación aurífera ilegal hacia los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
En este contexto, señaló que esta actividad ha dejado más de 100.000 hectáreas de territorio devastado o degradado y ha contaminado con mercurio al menos 13 de los principales ríos y cuencas de la Amazonía venezolana.
Aseveró que la expansión del extractivismo modificó las dinámicas de pueblos y comunidades indígenas, que han ido abandonando progresivamente sus formas tradicionales de vida para incorporarse a estas actividades como medio de subsistencia, lo que genera graves consecuencias sociales, culturales y ambientales.
Asimismo, denunció que en torno a la minería ilegal se registran violaciones de derechos humanos, trata de personas, esclavitud moderna, trabajo infantil y desplazamiento de comunidades indígenas por la ocupación de territorios por grupos externos.
Efectos neurológicos y abortos
En el ámbito sanitario, precisó que el uso de mercurio en la minería genera riesgos para la salud pública. Al entrar en contacto con el agua, este metal puede transformarse en metilmercurio, una sustancia que se incorpora a la cadena alimentaria a través de algas y peces, que constituyen la principal fuente de proteína para muchas comunidades amazónicas.
El periodista mencionó que en localidades como El Callao se han reportado casos de afectaciones neurológicas asociadas a la inhalación de vapores de mercurio, así como abortos espontáneos y un incremento de malformaciones congénitas como labio leporino y paladar hendido.
También alertó sobre la situación de comunidades indígenas Panare en el municipio Cedeño, donde a raíz de la extracción de casiterita se han observado quemaduras en la piel, inflamación en las articulaciones y otras patologías que, según indicó, podrían estar relacionadas con posibles niveles de radioactividad en las minas ilegales.
Finalmente, lamentó que el acceso a la información sanitaria es limitado, ya que existe escasa o nula disponibilidad de datos en centros de salud. Además, la presencia de grupos ilícitos, tanto nacionales como extranjeros, impiden hacer estudios de campo y recolección de muestras en estas zonas.
Radio Fe y Alegría Noticias
