Mientras el debate gira en torno a amnistías, apertura petrolera, presos políticos y posibles salidas institucionales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana avanza silenciosamente en otra dirección. El llamado Plan Ayacucho 2030, presentado el 22 de enero pasado como un proceso de modernización y adecuación operativa, es menos una reforma orientada a la reinstitucionalización que un mecanismo de preservación interna frente a un entorno político incierto.
El discurso oficial habla de transformación, eficiencia y bienestar del personal militar. En declaraciones difundidas por Radio Miraflores —emisora pública integrada al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información y creada como plataforma comunicacional del Ejecutivo—, el ministro Vladimir Padrino López dice que el “recurso humano” debe prevalecer sobre la burocracia y que el sistema debe trabajar para el soldado. La narrativa pone el acento en agilizar ascensos, expedientes y procesos administrativos. Se trata de una revisión, sí, pero de carácter administrativo y moral, no político ni estratégico.
Un matiz clave. La discusión pública evita revisar el papel de la institución en los años del socialismo del siglo XXI y del “Patria o muerte, venceremos”; la politización del mando y haberse puesto al servicio del partido gobernante, la compra de armamento costoso y sofisticado que terminó siendo poco útil frente a amenazas reales de seguridad, o los acuerdos y alianzas con fuerzas externas que alteraron los márgenes de autonomía estratégica del país. Nada de eso forma parte del diagnóstico oficial.
La reforma anunciada tampoco abre debate sobre el lugar que debería ocupar la Fuerza Armada en una eventual transición democrática. La opción civilista –una institución profesional, subordinada al poder civil y separada del conflicto partidista– ni siquiera aparece como hipótesis en discusión. Por el contrario, el Plan Ayacucho refuerza el modelo vigente: integración territorial, fortalecimiento de estructuras paralelas y consolidación del mando bajo la lógica de la defensa integral y control ciudadano.
El contexto ayuda a entender la dirección del proceso. El discurso sobre la soberanía y la Guayana Esequiba reaparece como argumento cohesionador y legitimador del fortalecimiento militar. La presunta amenaza exterior funciona como marco narrativo para justificar la centralidad de la institución armada y su ampliación de funciones. La nueva coyuntura geopolítica, en palabras del propio Padrino López, exige unidad y revisión. Pero esa revisión mira hacia adentro, no hacia el pasado.
Un detalle revelador es el papel de los medios. La narrativa sobre la reorganización militar ha circulado principalmente en Radio Miraflores y en cuentas vinculadas a unidades del Ejército en redes sociales. Más que una campaña comunicacional general, se trata de un circuito específico donde convergen opinión, mensajes institucionales y llamados a la cohesión interna. El objetivo parece claro: consolidar primero el relato dentro del universo militar antes de proyectarlo como discurso político más amplio.
Construye una secuencia: ante amenazas externas, el ejército debe fortalecerse; ante dificultades internas, debe priorizar al soldado; ante la incertidumbre política, debe cerrar filas. Pero nunca se plantea el tipo de institución militar que necesita Venezuela para reconstruir su sistema democrático.
La contradicción se vuelve evidente cuando se contrasta el discurso del bienestar humano con los silencios institucionales. Mientras Radio Miraflores difunde titulares sobre la prioridad otorgada al personal militar y la dignificación del soldado, no existe un reconocimiento público claro y sostenido a los militares muertos el 3 de enero, durante la intervención de Estados Unidos, hecho que el discurso oficial utiliza para justificar la revisión de la FANB. Se invoca el sacrificio, pero no se nombran a quienes pagaron el costo humano.
En cualquier ejército profesional, la memoria de los caídos constituye una base de legitimidad. Honrar a los muertos, divulgar sus nombres y explicar las circunstancias en las que murieron no es un detalle ceremonial, sino parte del pacto entre la institución y la nación que dice defender. Cuando esa memoria permanece en silencio, la retórica sobre el bienestar humano pierde fuerza y la cohesión se apoya más en la narrativa que en una rendición moral de cuentas.
El Plan Ayacucho no es un simple programa técnico de reorganización, sino un dispositivo político orientado a preservar estructuras y reforzar la cohesión interna en un momento de redefinición nacional. Al decir que prioriza la moral de la tropa y la eficiencia administrativa, evita enfrentar debates estratégicos de fondo, como la relación futura con Estados Unidos, la responsabilidad sobre decisiones militares recientes y el papel de la institución en un escenario político plural.
El país puede avanzar en estabilidad institucional, pero mientras la Fuerza Armada se reorganice o reestructure sin revisar críticamente su historia reciente ni reconocer plenamente a sus propios caídos, el fortalecimiento será otra farsa. Podrá blindarse para sobrevivir, pero no para recuperar la confianza y la estima de la sociedad. El Plan Ayacucho responde más al blindaje que a la verdadera transformación.
