Propongo, a manera de ensayo o de ejercicio reflexivo, leer la historia política venezolana como la historia de una promesa republicana y liberal sistemáticamente postergada. Por una parte, la República, la cosa pública, entendida no solo como forma de Estado sin monarquía, sino como orden político regido por leyes generales, separación de poderes y límites efectivos al gobierno; ha sido nombrada muchas veces, pero su institucionalización inacabada.
Por otra parte, el liberalismo, heredado de los ingleses y, en nuestro caso, remozado con la ilustración y el republicanismo francés, ha sido una realización inconclusa en nuestro territorio. Del mismo modo, la Democracia Liberal, como producto contemporáneo de este pensamiento, con su énfasis en derechos individuales, pluralismo, competencia política y garantías para las minorías; ha aparecido en nuestra historia entre paréntesis, como un frágil intento entre largos ciclos de personalismo, caudillismo y rentismo
Mi planteamiento central es que la República está inconclusa y la Democracia Liberal no se ha alcanzado, y que, lejos de ser “modelos agotados”, siguen siendo tareas pendientes y, por ende, condiciones de posibilidad para la construcción de un proyecto emancipador en el país. Argumentaré, inicialmente, a partir de tres aspectos que considero centrales: el quiebre republicano, la excepción democrática y la cultura de la renta.
En primer lugar, la República venezolana nació marcada por una tensión fundacional: se proclamaron principios universales de ciudadanía e igualdad, mientras se preservaban estructuras sociales jerárquicas y altamente excluyentes. La figura del caudillo –primero militar y terrateniente, luego presidente rentista– operó como mediación entre un Estado débil y una sociedad fragmentada. La lealtad personal, el patronazgo, y el uso discrecional de los recursos públicos se impusieron sobre la idea de un poder impersonal sometido a la ley. Esa matriz clientelar atravesó igual a regímenes civiles y militares, conservadores y progresistas. El resultado ha sido una “república de papel”: constituciones ambiciosas, lenguajes de derechos, pero una práctica política que reabsorbe lo republicano dentro de lógicas patrimoniales y carismáticas. Se privatiza, o más bien, se personaliza lo público. La tarea pendiente aquí es la más elemental: construir un orden sociopolítico en el que el poder no dependa de voluntades individuales, sino de reglas creíbles y aplicadas a todos.
En segundo lugar, la Democracia Liberal, propiamente dicha, es un anuncio incumplido. La democracia, a secas, tuvo un intento excepcional en Venezuela durante el siglo XX. En 1935, luego de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, inició un proceso de transición hacia la democracia que fue truncado por el Golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948, cuando se derrocó al primer presidente electo con voto universal en la historia, Rómulo Gallegos, volviendo una dictadura militar por una década. Especialmente tras 1958, este intento democrático avanzó en la dimensión electoral y en la ampliación de derechos sociales, pero dejó incompleta la dimensión liberal. Hubo alternancia y partidos fuertes, pero también un sistema cerrado y refractario al pluralismo pleno, con corporativismos y zonas de opacidad que terminaron erosionando su legitimidad. La crisis de los años ochenta y noventa no solo fue económica, sino de representación: amplios sectores percibieron que la manifestación de su voluntad en la vida pública, en la política; el voto, no era un instrumento eficaz de influencia y que las élites partidistas colonizaban el Estado y la política. La respuesta posterior a esta crisis del intento democratizador, en nombre de una “democracia más participativa y protagónica”, intensificó la concentración de poder en el Ejecutivo y debilitó los contrapesos, reforzando un presidencialismo plebiscitario sin frenos efectivos. La tarea pendiente, en este plano, es doble y más compleja: rescatar la POLÍTICA-lo público, habilitando a la soberanía popular, respetando el valor del sufragio como mecanismo de alternancia real y, a la vez, reconstruir el tejido institucional que proteja derechos y libertades incluso frente a mayorías circunstanciales.
En tercer lugar, el rentismo petrolero ha sido el gran enemigo silencioso de la República y de la Democracia Liberal. La concentración de renta en manos del Estado facilita la tentación de gobernar distribuyendo favores, comprando lealtades y castigando disidencias, sin desarrollar una ciudadanía fiscal exigente ni una economía productiva diversificada. En un país donde el ingreso de muchos depende directa o indirectamente de la cercanía al poder político, medrando de la renta petrolera; la autonomía ciudadana se ve comprometida. La democracia se desliza hacia una competencia por quién reparte mejor la renta, más que hacía debates sobre reglas e instituciones. Cualquier agenda republicana y liberal mínimamente seria debe asumir el problema del rentismo no solo como cuestión económica, sino como problema cultural que ha diseñado un modelo institucional: ¿cómo limitar el poder discrecional sobre la renta?, ¿cómo someter su uso a controles democráticos?, ¿cómo impedir que el Estado se convierta en botín del grupo gobernante? Son preguntas que hay que ir respondiendo.
Mi tesis no es que la República y la Democracia Liberal sean un horizonte “neutro” o ideológicamente inocente. Sino que son, más bien, marcos de garantía sin los cuales cualquier proyecto de justicia social se vuelve rehén de los ciclos de concentración de poder. Una izquierda que renuncia a la institucionalidad liberal termina justificando, en nombre de la emancipación, formas renovadas de dominación; una derecha que reduce la República al simple “orden” sin controles recae en autoritarismos que vacían la ciudadanía de contenido. La apuesta que propongo es más exigente: pensar la República como un régimen de límites efectivos al poder y la democracia liberal como un sistema de derechos y procedimientos que no puede ser sacrificado en nombre de mayorías momentáneas. No hay proyecto redistributivo sostenible sin seguridad jurídica ni pluralismo; no hay estabilidad ni paz social sin canales institucionales para dirimir los conflictos.
Por último, plantear República y Democracia Liberal como tareas pendientes supone desplazar la mirada del mero “cambio de gobierno” hacia una transformación más profunda de las relaciones entre Estado, sociedad y ciudadanía. La discusión no puede agotarse en quién ocupa la presidencia, sino en cómo se elige, cómo se controla, qué poderes le ponen límites, qué espacio real tienen la oposición, la prensa, los movimientos sociales y las minorías. Supone también una ética cívica distinta: abandonar la expectativa del líder providencial y asumir que la República se construye en lo cotidiano, en el respeto a las reglas incluso cuando no nos favorecen. En un país marcado por promesas incumplidas y refundaciones fallidas, el gesto verdaderamente radical puede ser, paradójicamente, el más sobrio: tomar en serio la vieja promesa liberal-republicana y hacerla, por fin, realidad política-institucional y práctica social.
Politólogo
