Desde hace varias décadas llevamos escribiendo, en este espacio virtual, sobre las desigualdades en el planeta. Lejos de mejorar, los datos confrontan que la situación ha empeorado. Según el Informe sobre la desigualdad global de 2026 del World Inequality Lab [1], la pobreza y la exclusión social se han institucionalizado. Tal realidad es consecuencia de un modelo financiero, fiscal y político que ha dado lugar a que el 50% más pobre disponga del 2% de la riqueza total y a que el 10% más rico sea poseedor del 75% de la riqueza mundial.
Concretamente 60.000 multimillonarios poseen tres veces más riqueza que la mitad de la población; la fortuna del 0,001% más rico ha aumentado su participación en la riqueza (del 4% al 6% desde 1995); la mitad de la humanidad vive con menos de 8,3 dólares al día y el 0,1% más rico dispone de lo mismo que el conjunto de 2.500 millones de seres humanos. Las zonas geográficas más afectadas por esta infamia civilizatoria son América Latina, Oriente Medio y Rusia, en donde las desigualdades, medidas en términos de renta, son muy acusadas.
Por su parte, los niveles más bajos salariales se presentan en Oriente Medio y el Norte de África, en donde perciben el 16% de los ingresos globales, en un nivel medio se sitúan el África Subsahariana (28%) y el Asia Oriental (34%). En los puestos más favorables se presentan Europa, América del Norte y Oceania.
En paralelo a lo anterior se confirma una brecha ecológica, de tal suerte que mientras la mitad más pobre de la población es responsable de tan sólo el 3% de las emisiones, el 10% más rico del 77%. Privativamente, el 1% de los que colman la cúspide de los más ricos y poderosos producen el 41% de las emisiones de carbono, advirtiéndose que los que menos emiten son los ciudadanos de los países de bajos ingresos (con una mayor incidencia de desastres naturales, sequías y crisis climáticas) y los más contaminantes los que cuentan con más recursos económicos. El resultado no es otro que el 1% más rico reporta el 41% de las emisiones, mientras que la mitad más pobre no contribuye prácticamente con nada.
Las mujeres, los niños y las niñas son los peor parados por estas tropelías. Respecto a las primeras su participación en los ingresos laborales ascendió, en 2025, al 28,2%, no detectándose cambios en los últimos treinta años (en 1990: el 27,8%). Y todo ello a pesar de que trabajan más horas que los varones (contabilizando las que dedican al trabajo remunerado y a las tareas del hogar versus cuidados) (53 horas semanales frente a las 43 en el caso de los hombres). Asimismo, ellas ganan el 61% de lo que perciben ellos por hora en el trabajo remunerado.
En cuanto a la infancia. Hay más de 333 millones de infantes que se desenvuelven actualmente en la pobreza más extrema (sobreviven con 2,15 dólares diarios); 400 millones residen en países de renta baja y media y viven, en primera persona, privaciones graves en nutrición, salud y/o educación. Específicamente, 1 de cada 6 niños, en todo el planeta, vive bajo el umbral de la pobreza extrema y una cifra superior a los 417 millones sufre, en primera persona, al menos dos privaciones graves: falta de acceso a agua potable, saneamiento, vivienda o educación. El África Subsahariana, con un porcentaje próximo al 50%, ostenta la tasa más destacable, provocándoles desnutrición y una mayor vulnerabilidad a padecer enfermedades y exclusiones.
¿Qué sucede en nuestro país? En 2025-2026 hemos alcanzado niveles récord de desigualdad: el 1% de la población posee el 23,9% de la riqueza (mientras la mitad más pobre el 6,7%); el 1% más rico controla el 23,9% de la riqueza (el 13% en 2002, el 21% en 2022); se observa un aumento del patrimonio de las grandes fortunas (13,6%); 33 personas concentran 197.500 millones de euros (superan la riqueza del 40%) y 48.000 personas controlan un porcentaje superior al 10% del patrimonio nacional. En Madrid, Baleares y Cataluña se concentran las mayores fortunas y es donde la desigualdad es más significada.
De los datos anteriores se infiere que la desigualdad es multidimensional y estructural. Nunca en nuestra historia habíamos alcanzado niveles tan consignables de producción y riqueza, si bien los mecanismos distributivos no son eficientes. De manera que unos pocos privilegiados disfrutan sin ninguna cortapisa de todo cuanto desean y la mayoría de los hombres, mujeres y niños/as, en ésta nuestra aldea global, sobrellevan graves penurias en su cotidianeidad.
¿Qué medidas y herramientas utilizar para dar fin a esta problemática de ética ciudadana? Desde una tributación progresiva justa, a reformar el entramado financiero internacional y las políticas de cuidado desde una visión de género, a acusar que el crecimiento económico no es progreso si no viene acompañado de redistribución de la riqueza o a acometer una transición ecológica con un tinte verdaderamente social…
En definitiva, si queremos acabar con la desigualdad social es imprescindible promover acciones que partan de los Estados e incluyan una fiscalidad progresiva, garantizar servicios públicos universales de calidad, empleos y salarios dignos, igualdad de género y una protección hacia los sectores sociales con mayores dificultades.
Comparto del gran jurista romano Ulpiano una de sus frases sobre la justicia que dice así:
“La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno su derecho”.
Y estamos tratando de Derechos en mayúscula cuando centramos nuestra atención en ofrecer una panorámica sobre la ignominia que supone que buena parte de los ciudadanos sobrevivan en la penuria más descarnada.
[1] Véase, World Inequality Lab
