En diciembre de 1982 la última Junta Militar argentina creó una comisión con el objeto de evaluar las responsabilidades militares, políticas y estratégicas en el conflicto del Atlántico sur de ese año, mejor conocido como la guerra de las Malvinas.
La comisión, presidida por el teniente general retirado Benjamín Rattenbach, elaboró un dictamen final en el que se hizo un análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico-militares en el conflicto, cuyo contenido fue solo parcialmente conocido por la opinión pública argentina hasta su publicación integra en 2012, pero en que en su día reflejó la profunda crisis que la derrota provocó dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA).
La principal motivación del Informe Rattenbach fue la necesidad de establecer responsabilidades por la conducción política y militar de la guerra contra el Reino Unido, emprendida por la Junta encabezada por el general Leopoldo Fortunato Galtieri.
Determinar errores de planificación, conducción y ejecución de la guerra, así como identificar responsabilidades individuales y colectivas, especialmente en los niveles más altos del poder político-militar, era un intento por preservar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, separando la institución de las decisiones de la cúpula gobernante.
No se trató, por tanto, de un ejercicio meramente técnico, sino de un documento con una clara dimensión política, elaborado en el contexto del derrumbe del régimen que, tras la derrota, se encontraba gravemente deslegitimado, tanto ante la sociedad como dentro de la propia institución armada.
El contenido del Informe Rattenbach fue extraordinariamente severo y categórico en sus conclusiones.
Afirmó que la decisión de recuperar las Malvinas por la vía militar fue improvisada, irresponsable y carente de sustento estratégico, adoptada sin evaluar adecuadamente la reacción británica ni el contexto internacional.
Señaló la falta absoluta de planificación conjunta, deficiencias graves en inteligencia, logística y coordinación entre las FFAA, y admitió el uso político del conflicto, concebido como un intento de la Junta de recuperar legitimidad interna.
El informe atribuyó responsabilidades penales directas a los miembros del gobierno de facto y a altos mandos, recomendando sanciones severas, incluso la pena máxima prevista por el Código de Justicia Militar para algunos responsables.
Se subrayó el desprecio por la vida de los conscriptos, mal equipados y deficientemente entrenados.
En suma, el informe concluyó que la derrota no fue sólo militar, sino el resultado lógico de una conducción política temeraria y autoritaria.
Las consecuencias políticas del Informe Rattenbach fueron profundas, aunque limitadas en el corto plazo: aceleró el colapso del régimen militar, al dejar constancia oficial de su incompetencia y responsabilidad directa en la derrota, y contribuyó al clima que facilitó la transición democrática de 1983 en Argentina, encabezada por Raúl Alfonsín.
Aunque fue clasificado como secreto durante décadas, y su contenido íntegro no se conocería sino muchos después, impidiendo que tuviera un impacto inmediato en términos judiciales y de debate público, hoy sabemos que el Informe Rattenbach fue en un documento clave en el proceso de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, al evidenciar los riesgos de la autonomía militar sin control democrático.
No es solo un análisis técnico de una derrota militar, es un documento profundamente autocrítico por parte del propio estamento militar, redactado por oficiales de alta graduación. Paradójicamente, es más implacable en el lenguaje contra la cúpula militar que muchos informes civiles posteriores.
A diferencia de los informes Rettig (1991) y Valech (2004/2011) que documentaron en Chile las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), buscando una reconciliación controlada entre víctimas y victimarios, el informe argentino propuso un castigo ejemplar, incluso con sanciones extremas. Es más técnico desde el punto de vista de la profesión militar, pero también más demoledor en términos de responsabilidad individual.
No buscaba memoria ni reconciliación, sino juicio y sanción. Su impacto en la doctrina militar argentina ha sido profundo, pues destruyó tres pilares del discurso castrense tradicional: la guerra como gesta heroica, a al presentar la ocupación de las Islas Malvinas como una aventura mal concebida; la unidad moral de las Fuerzas Armadas, pues separó claramente entre mandos irresponsables y subordinados sacrificados; y la competencia natural de los militares para gobernar, al señalar que la Junta actuó sin racionalidad estratégica.
La derrota en Malvinas tuvo un efecto corrosivo sobre la autoimagen militar argentina y, en ese sentido, el informe se convirtió (puertas adentro de la institución) en un argumento en contra de la doctrina de “seguridad nacional”, al plantear la imperiosa necesidad de restringir el rol de las Fuerzas Armadas a la defensa externa, y reforzar el principio de conducción política civil de la defensa.
Rattenbach no cuestionó el reclamo de soberanía sobre Malvinas, y tampoco criticó la cultura militar autoritaria en su conjunto. No obstante, es una pieza única en América Latina, un acto de autopsia institucional redactado por la élite militar contra sí misma.
Su mayor legado no está en las sanciones que no se aplicaron, sino en haber dejado documentado, con lenguaje técnico y sin retórica moralizante, que la derrota de 1982 no fue inevitable. Fue el resultado directo del autoritarismo, y que la guerra, sin control civil, es siempre una amenaza para la Nación que dice defender.
La derrota militar sufrida en Malvinas sorprendió a la población argentina, que creyó en la versión oficial del desarrollo favorable de la guerra. En su momento los medios de comunicación produjeron una cobertura informativa triunfalista y falaz que se resumió en una consigna que se hizo célebre: “estamos ganando”.
El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dictaba comunicados sobre el desarrollo de las operaciones militares y un comité militar impuso veedores militares en las agencias de noticias para controlar y evitar determinadas informaciones.
No obstante, los jefes castrenses ignoraron de manera temeraria e irresponsable la superioridad británica en cuanto a tecnología y profesionalismo. Esto quedó patente cuando Galtieri salió al balcón de la Casa Rosada y frente a una multitud de manera desafiante dijo: “¡Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla!”.
El desconcierto y frustración de la rendición ante el cuerpo expedicionario británico terminó por desprestigiar totalmente a la Junta Militar y a las Fuerzas Armadas Argentinas. Quedó claro que estas no podían ni gobernar eficazmente al país, ni ganar una guerra.
Los comandantes militares se acusaban unos a otros, los sectores que los habían apoyado (como parte de la Iglesia o del empresariado) ya no lo hacían, y el discurso represivo perdió legitimidad. Esto llevó a su vez a un aumento de la movilización política y a una disminución de la autocensura en la prensa, que comenzó a revelar acciones polémicas de los uniformados (principalmente la existencia de desaparecidos), que hasta entonces habían sido silenciadas.
Según la versión de uno de sus asistentes, el brigadier general Basilio Lami Dozo, comandante de la Fuerza Aérea durante la guerra, e integrante la tercera Junta Militar de Gobierno que gobernó el país entre 1981 y 1982 junto con Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya, estaba furioso con sus pares pues afirmaba que su fuerza se estaba siendo destruida en la guerra debido a la inacción del Ejército (a cargo de Galtieri) y el repliegue de los buques de la Armada (comandada por Anaya) hacia la costa continental tras el incremento de la presencia naval británica.
Ante la debacle política y social, la inflación y la crisis económica, la derrota de la guerra, más el desprestigio internacional derivado de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, los múltiples casos de corrupción de los jerarcas militares, y acosada por las protestas populares, la Junta encabezada por Galtieri disolvió.
Como los titulares de las dos fuerzas restantes habían tomado la decisión de retirarse de la Junta, el Ejército asumió la conducción política y designó al general en situación de retiro Reynaldo Bignone como presidente de facto. Este convocó elecciones en octubre de 1983 y se comprometió con regresar el poder a los civiles.
Así pues, la transición a la democracia en Argentina fue bastante particular. No consistió en un acuerdo entre los miembros del régimen saliente y la oposición (como en Brasil, Chile o España) o producto de un quiebre interno (Venezuela o Portugal), sino en la desmoralización interna y desprestigio absoluto del poder militar ante la sociedad.
En algún momento el dirigente de la histórica UCR, Raúl Alfonsín propuso que asumiera un gobierno civil de unidad nacional conducido por el expresidente Arturo Illia con el fin de proceder a la democratización, tomando como modelo la “Solución Karamanlis” desarrollada en Grecia luego que la dictadura de los coroneles cayera en el desprestigio tras la guerra con Turquía.
Cómo sabemos, Alfonsín ganó esas elecciones que inauguraron el más largo periodo democrático que ha conocido la republica austral hasta el momento presente. Atrás quedaron los 50 años de empantanamiento institucional que siguieron al derrocamiento del presidente Hipolito Yrigoyen en 1930 por parte del Ejercito, y los seis golpes militares (exitosos) que alteraron la vida institucional del país.
No fue un logro fácil pues le tocó lidiar con tres de las cuatro sublevaciones militares ocurridas en la Argentina entre 1987 y 1990, protagonizadas por un grupo de oficiales de graduación intermedia del Ejército que tomaron instalaciones militares para protestar contra los juicios por violaciones a los derechos humanos, desconociendo la cadena de mando.
Tras el clima inicial de euforia e ilusión de que la democracia por sí sola resolvería los problemas del país, caracterizado por un gran apoyo de la población y un clima generalizado de optimismo, “la primavera alfonsinista” fue ahogada por los problemas económicos que persistieron sin que el presidente pudiese afrontarlos exitosamente.
La recesión económica, el creciente rechazo de los líderes sindicales, la falta de apoyo de los líderes empresariales, así como el temor a una nueva intentona militar, lo llevaron a adelantar en casi siete meses la entrega del mando.
El 8 de julio de 1989 (en vez del 10 de diciembre como estaba dispuesto) Alfonsín traspasó la banda presidencial a Carlos Menem. Fue la primera sucesión entre dos mandatarios constitucionales civiles de distintos partidos en Argentina desde 1916.
El Juicio a las Juntas, donde fueron procesados nueve de los diez integrantes de las tres primeras Juntas Militares de la dictadura Nacional (1976-1983), debido a las graves y masivas violaciones de derechos humanos cometidas de manera sistemática como parte de sus planes represivos, generalmente se le atribuye como un logro de Alfonsín, pero fue, en buena medida, una de las consecuencias de la guerra de las Malvinas.
Puesto que ese conflicto fue objeto de detenido estudio por parte de las escuelas superiores de Guerra en Brasil, Chile y Perú, no es aventurado afirmar que sus causas y consecuencias han servido de advertencias, a lo largo de las décadas, para los militares profesionales latinoamericanos.
@PedroBenitezF
