Si no fuera porque tiene demasiados antecedentes similares, el día 3 de enero de 2026 sería una efeméride luctuosa para el Derecho Internacional y para la democracia en el mundo. Pero no es una efeméride luctuosa porque antes del 3 de enero de 2026 está el 20 de diciembre de 1989, día en que Estados Unidos invadió Panamá y acabó deteniendo a su Presidente, Manuel Noriega y, después de Panamá, Estados Unidos agredió el 20 de marzo de 2003 otro país soberano, Irak, que quedó destrozado y con un Jefe de Estado, Sadam Hussein, finalmente ejecutado en 2006. Con estos antecedentes de la forma de actuar de Estados Unidos en el mundo, el secuestro del Presidente Maduro es una más de las violaciones del Derecho Internacional por parte de las autoridades de Washington. Otra vez por arte de los Ejecutivos republicanos, aunque en el pasado los demócratas también agredieron a algunos países iberoamericanos.
Ante tan grave hecho, conviene examinar el asunto desde la perspectiva del Derecho Internacional (porque desde ese ángulo vamos a conocer su legalidad) para pasar a continuación a la perspectiva constitucional interna venezolana, lo que nos abrirá camino para conjeturar sobre los efectos políticos de esta situación. Finalmente, debemos reflexionar sobre la reacción de la Unión Europea.
El secuestro desde la perspectiva del Derecho internacional. Tanto Estados Unidos como Venezuela son miembros de la Organización de Naciones Unidas y, por ende, sometidos al Derecho de ésta, a su Carta y a todo el Derecho creado al amparo de la ONU. Los artículos 1º y 2º y todo el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas contienen el propósito de la Organización de mantener la paz y la prohibición de recurrir al uso de la fuerza o a su amenaza contra un Estado, de modo que a partir de la Carta solo es lícito el uso de la fuerza que, en uso de legítima defensa, autorice la propia Organización. Es más, la Resolución 3314 (XXIX), de 14 de diciembre de 1974, de la Asamblea General de Naciones Unidas, definió la agresión como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Desde una perspectiva más general, la acción de Estados Unidas al atacar Venezuela y secuestrar a su Jefe del Estado y a su esposa vulneran la Resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, de la Asamblea General de Naciones Unidas, que contiene la Declaración relativa a los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidad, que es una Resolución que obliga a mantener relaciones pacificas entre Estados y prohíbe el uso de la fuerza.
Parece que estamos, pues, ante una agresión de Estados Unidos contra otro Estado soberano y esa vulneración tan flagrante del Derecho Internacional ha de ser el dato primario para juzgar la actuación de Estados Unidos. Como ocurre con los Presidentes republicanos, Trump ha vulnerado el Derecho Internacional. Interesa señalar, además, una circunstancia adicional. Es frecuente en los medios de comunicación hablar de acciones de Estados que violan el Derecho Internacional, pero en ocasiones se suelen invocar principios generales que son valiosos, pero no son normas. Aquí lo que se ha vulnerado es la Carta de Naciones Unidas, la Resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, de la Asamblea General de Naciones Unidas, que contiene la Declaración relativa a los principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de Naciones entre Estados y que prohíbe el uso de la fuerza, y la Resolución 3314 (XXIX), de 14 de diciembre de 1974, de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Agresión. Son normas positivas, vigentes, asumidas libremente por Estados Unidos, las que Trump ha vulnerado.
Esta vulneración del Derecho Internacional es tanto más grave cuanto que el Estado agresor (que hace semanas estaba presionando al Estado agredido con su presencia naval en aguas próximas) no ha mostrado ningún interés u objetivo por instaurar la democracia en Venezuela. En este país hay presos políticos y también hay (fuera del país) un candidato electo que probablemente ganó las últimas elecciones, pero Trumpo no se ha preocupado de estas circunstancias, sino que ha limitado su actividad de agresión a secuestrar al Jefe del Estado, con lo que ello conlleva de degradación de la dignidad de cualquier persona, aunque sea un dictador.
Este tema nos conduce a una perspectiva no jurídica, pero sí moral, de la crisis. Desde una ética democrática, parece que debemos alegrarnos de que un dictador sea derrocado e incluso sea juzgado por sus acciones. Sin embargo, si hemos de derrocar a dictadores o a genocidas, habría que empezar por Trump, seguir por Putin y acabar en Netanyahu, pero esto nos lleva al tema de quién está legitimado para derrocar dictadores, salvo los propios conciudadanos que los sufren. Y no parece que un Estado lejano, como Estados Unidos, tenga legitimidad para derrocar Jefes de Estado y discernir entre el bien y el mal porque esa función sólo podría corresponder, en todo caso, a la Asamblea General de Naciones Unidas. Por ende, celebrar la caída de un dictador por la acción agresiva de otro Estado sin legitimación internacional es una falacia porque abre la puerta al uso ilegítimo de la fuerza y pone en peligro las propias democracias, que pueden ser agredidas por Estados autoritarios, como ocurre hoy en Ucrania.
El secuestro en la perspectiva constitucional interna venezolana. Desde la vertiente del Derecho y de la política internos, lo que ha ocurrido en Caracas con el secuestro del Presidente Maduro es sorprendente. En la Historia estadounidense hay tradición de derrocar Presidentes iberoamericanos considerados pocos amistosos, bien con efectivos militares propios, bien con mercenarios. El golpe de Estado contra Arbenz en Guatemala en 1954, el desembarco estadounidense contra el Coronel Caamaño en la República Dominicana en 1965 y el intento de desembarco en Bahía de Cochinos en 1961 (en todos los casos, con Presidentes demócratas, no republicanos) buscaban derrocar al Presidente de la República (sólo no lo consiguieron en 1961 en Cuba) con todo el despliegue que supone el cambio de régimen. Pero, lo que resulta extravagante es entrar en un país soberano, secuestrar a su Jefe de Estado y marcharse a continuación dejando en funcionamiento los restantes órganos del Estado. Incluso el Secretario de Estado norteamericano, Marcos Rubio, ha llegado a tener una conversación telefónica con la Vicepresidenta Delcy Rodríguez.
La razón de esta extravagancia, de esta acción propia de una bravucón del Oeste, la ha explicado muy bien Jesús A. Núñez Villaverde (“Una operación de manual”, El País, 4 de enero de 2026). Venezuela no es Panamá ni la República Dominicana, es un país de 912.050 kilómetros cuadrados y de más de treinta y un millones de habitantes. No es un país que pueda ser ocupado fácilmente por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por lo que Ttrump ha ideado una operación de castigo y de humillación cuyo resultado es aún incierto, salvo la prisión de Maduro y de su esposa. La experiencia de Vietnam. Afganistán e Irak ha enseñado que no pueden llegar ataúdes a Estados Unidos desde países lejanos.
Por eso, en este momento, el Estado bolivariano está en pie. Conforme a los artículos 233 y 234 de la Constitución de 1999 las ausencias del Presidente de la República (“faltas” en la terminología de esta Constitución) pueden ser absolutas o temporales. Las primeras obligan a convocar elecciones en el término de treinta días, en tanto que las segundas desplazan el ejercicio de la Presidencia a la Vicepresidenta por un término máximo de ciento ochenta días. Y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ya se ha apresurado a dictar una resolución que aclara que la ausencia de Maduro es temporal, de modo que corresponde a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez ejercer la Jefatura del Estado por un término de hasta seis meses. Era esperable esta resolución que no reconoce el secuestro y abre un plazo de negociación. Pero, en todo caso, el régimen bolivariano no está derrotado ni derrocado, las Fuerzas Amadas son una incógnita y es posible que la humillación con el secuestro de su Presidente refuerce a los propios bolivarianos. Es posible que haya algún tipo de negociación entre bolivarianos y oposiciones (más que oposición), pero un acto tan brutal y tan antijurídico no se ha saldado con la derrota del régimen de Maduro, aunque quizá contribuya a su evolución y a su transformación.
La reacción de la Unión Europea y de Estados Unidos. La reacción de la Comisión Europea no ha podido ser más tibia o. por ser más precisos, cobarde. La Alta Representante Kallas puso más el acento en la falta de legitimidad de Maduro que en la vulneración del Derecho Internacional. Sorprende la ceguera de Bruselas cuando Groenlandia está ya en la casilla de salida de la agresión siguiente y, con un despliegue similar al de Venezuela, Estados Unidos puede ocupar la isla desde la Base de Thula. Porque si Trump tiene una cualidad (que no una virtud) es que cumple sus amenazas y Groenlandia está demasiado amenazada.
El problema es la cobarde entrega de la mayoría de los gobernantes europeos a Trump. Si hubiera un Premio Noble de servilismo ante los autócratas, el jurado escandinavo que tuviera que otorgarlo tendría una función compleja, pues contaría con tres buenos candidatos, el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Primer Ministro británico, Keir Starmer.
El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, es quizá el político más empalagoso con Donald Trump que circula por la política internacional. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no sólo ha impedido que la Unión Europea responda con firmeza a las presiones arancelarias de Trump, sino que aceptó acudir a una finca particular de éste en Escocia para firmar un tratado por el que Europa se rendía ante Estados Unidos. El Primer Ministro británico, Keir Starmer, no sólo se ha entregado al Presidente estadounidense, sino que le ha organizado una sonrojante visita de Estado en el Reino Unido (es de suponer que las buenas relaciones del Partido Laborista británico con el Partido Demócrata de Estados Unidos se habrán resentido).
¿Por qué gobernantes demócratas se entregan a los dictadores, les jalean y les apoyan? No es un fenómeno de nuestros días. Siempre se pone el ejemplo de la conferencia de Múnich del 30 de septiembre de 1938, donde los Primeros Ministros británico, Arthur Neville Chamberlain, y francés, Edouard Daladier, se rindieron ante Hitler y Mussolini y, no sólo consintieron que Alemania ocupara Checoslovaquia, sino, lo que es peor, demostraron ante los dos dictadores fascistas la cobardía de las democracias ante la fuerza y las amenazas de los regímenes autoritarios. Pero la conferencia de Múnich no fue la primera vez en que las democracias se pusieron de rodillas ante el fascismo. Antes, las democracias europeas mostraron su tibieza ante la agresión italiana contra Abisinia. Y, sobre todo, la cobardía de los demócratas ante el fascismo se vio con la Guerra Civil española, cuando el Reino Unido impidió al socialista Blum que Francia proporcionara a la España republicana la ayuda militar que necesitaba para combatir a unos rebeldes que recibieron desde el comienzo todo el apoyo de Hitler y de Mussolini. Y eso solo fue el comienzo: las derechas de entonces y las derechas de hoy conservan una cualidad que muchas izquierdas han perdido, la conciencia de clase, cualidad que les dice que más vale entenderse con la derecha fascista que con la izquierda democrática.
Por eso, no ha de extrañar que la Unión Europea y la mayoría de los Gobiernos de los países de la Unión guarden silencio y hasta acusen a Maduro en lugar de fijarse en la vulneración del Derecho Internacional por parte de un personaje agresivo e inestable que hace política para beneficiar a los empresarios de su país y a él mismo.
Conclusión. Un inicio de año muy preocupante. En 2026 el mundo es un lugar cada vez más peligroso. En Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Honduras, El Salvador, Chile…, pero también en Italia, Hungría, Eslovaquia los Gobiernos se han apuntado a políticas de extrema derecha, con el sorprendente apoyo de sus electorados. Y todos esos Gobiernos empiezan a ver que su referente es cada vez más agresivo con el adversario y que sustituye la fuerza por el Derecho. Es verdad que, frente al entreguismo de tantos gobernantes, algunos dirigentes de la política mundial, como Pedro Sánchez o Lula, aportan una visión alternativa, de apaciguamiento, de diálogo, de respeto; en definitiva, del Derecho internacional y de los valores democráticos. Pero, esa alternativa se ve muy limitada por la presión del trumpismo y hay que seguir trabajándola con mucho esfuerzo.
