Lo que tenía que ocurrir ya ocurrió. Una parte determinante de la opinión pública nacional aprueba decididamente lo acontecido según encuestas que ya han circulado. Esas mismas encuestas, sin embargo, no parecen estar muy conformes con un esquema que a primera vista luce como “el mismo musiú con diferente cachimbo”, sin que por ello dejemos de reafirmar una vez más nuestro decidido compromiso con la causa de la restitución democrática y el Estado de derecho.
En primer lugar reconocemos que ha surgido una situación que revela una evidente contradicción que por los momentos no está resuelta. Confiamos en que la buena vibra surgida entre el presidente Trump y María Corina Machado en su reciente encuentro se traduzca en actitudes tan positivas como deseamos y esperamos.
Reconocemos que en efecto impera una situación política y jurídicamente contradictoria toda vez que el gobierno de Estados Unidos (Trump I) en 2019 retiró el reconocimiento al gobierno de Maduro y se lo concedió a la Asamblea Nacional (2015) presidida por Juan Guaidó, quien en ese carácter fue invitado y se hizo presente en la sesión solemne del Congreso de Estados Unidos en ocasión del discurso anual “State of the Union” pronunciado por Trump el 4 de febrero de 2020, recibiendo entonces la ovación y el aplauso de pie de todos los legisladores. Dicho reconocimiento a la Asamblea (2015) se mantuvo aun después de que Guaidó fuera sustituido en diciembre de 2022.
Amparado en esa “legitimidad” dicho gobierno interino designó representantes diplomáticos que fueron acreditados en cerca de cincuenta países, además de las autoridades que -sustituyendo a las chavistas- regirían la acción de Pdvsa y Citgo operando en territorio norteamericano, lo cual implicó el cambio en la representación legal de los intereses de la República en las acciones judiciales que tramitaban y siguen tramitando en Estados Unidos. La acción del 3 de enero abre una nueva perspectiva acerca de quiénes son y serán los representantes de Venezuela. De ese asunto depende la presencia legal de nuestro país que ya se está poniendo en tela de juicio por parte de quienes mantienen reclamos y acreencias. Hemos sabido que el juez Leonard Stark, ante cuyo tribunal en Delaware tramita la causa contra Citgo se has dirigido al Poder Ejecutivo preguntando si la nueva situación tiene implicancias para el litigio.
Por ahora el gobierno del señor Trump ha decidido mantener interlocución con Delcy Rodríguez, quien, en términos legales, es la ilegítima sucesora del usurpador Maduro y por esa razón está teñida por iguales vicios legales.
Está claro que esa decisión se fundamenta en la percepción de que EGU/MCM no están hoy día en condiciones de asumir y mantener la gobernabilidad sin que antes opere una transición pacífica. El desenlace de esta situación se verá en las semanas o meses por venir, según lo aprecie Mr. Trump, quien hoy ejerce de hecho la administración de Venezuela asistido por el secretario de Estado, Marco Rubio, hasta que ellos estimen apropiado, mientras los “próceres bolivarianos” cumplan con las órdenes que desde Washington se les indique si es que quieren evitar ser ellos mismos los próximos “extraídos”. La reforma “exprés” de la Ley de Hidrocarburos a la medida requerida por Estados Unidos y algunos nombramientos puntuales ya anunciados permiten suponer que el deseo de complacer al hegemón está presente por el momento, aunque en materia de presos políticos se aprecian obstáculos innecesarios.
También amerita reflexionar acerca de la consecuencia de la muy rápida decisión de Washington de reabrir su representación diplomática en Caracas. Sea cual fuere la denominación con que ello se realice y la jerarquía del nuevo enviado, ello representa un reconocimiento expreso del gobierno que despacha desde Miraflores, lo cual pudiera dificultar el proceso legal de la transición que interesa a ambas partes.
Lo anterior implicará la designación de autoridades en Pdvsa, Citgo, Banco Central, etc., que gerencien los asuntos según las orientaciones que reciban desde Washington tanto en el país como en el exterior.
Otro punto de alta preocupación es el tema de los asilos políticos ya concedidos o solicitados en Estados Unidos por varios cientos de miles de compatriotas y de los TPS (Temporary Protection Status). De conformidad con el derecho internacional y las leyes de Estados Unidos, quien presente una petición de asilo deberá probar que su retorno obligado al país de origen representa para él un “peligro grave e inminente” (persecución, cárcel, tortura, retaliaciones, etc.). No cumple con ello quien haya emigrado por razones económicas, familiares, etc. Lo mismo para la protección temporal del esquema TPS. Si en Venezuela se restablece la democracia y el Estado de derecho, esas motivaciones dejan de tener validez y por tanto la necesidad de la protección del asilo cesaría para ingrata sorpresa de muchos.
Entendemos que en estas líneas se han planteado más desafíos que ilusiones. Este columnista estima que promover el realismo también es una contribución válida.
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