El pasado 15 de enero, tras la salida de Nicolás Maduro del país el día 3 del mismo mes, la Vicepresidencia Ejecutiva —en ejercicio de sus facultades constitucionales (Art 233 y TSJ)— presentó ante la Asamblea Nacional su plan de gestión para 2026. Este plan contempla tres leyes fundamentales que sugieren un cambio de rumbo estructural: la Ley de Simplificación Administrativa, la Reforma del Control de Precios para Dinamizar la Economía y, como pieza central, la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001, ya reformada en el 2006.
En un contexto general, la reforma busca flexibilizar la inversión privada, eliminando la restricción de la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos que obliga al Estado a mantener más del 50% de las acciones en empresas mixtas, con el objetivo de permitir que capitales nacionales y extranjeros rescaten campos, hoy paralizados por falta de capital, equipos e infraestructura. No obstante, el panorama geopolítico nacional e internacional ha dado un giro total tras los eventos de enero. Aliados como Rusia, Irán y China —a quien se le adeudan más de $20.000 millones por el leonino Fondo Chino, fuente de corrupción y cuyo negocio fue realizar préstamos sin control a cambio de la importación de baratijas—, ante el “Plan Trump”, enfrentan nuevos escenarios.
El plan Trump se divide en tres fases: estabilización (orden público y asistencia humanitaria), recuperación (transición política) y la consolidación de Venezuela como un proveedor confiable de energía para Occidente, la reinserción en el sistema financiero basado en el dólar y el control de ingresos para evitar la corrupción.
A diferencia del “Fondo Chino”, el “Plan Trum” ofrece una ruta de acción; sin embargo, una simple reforma a la Ley de Hidrocarburos resulta insuficiente y cortoplacista. La industria petrolera venezolana, hoy con una producción de 1 millón de barriles diarios (BDP), requiere entre $100.000 y $183.000 millones de dólares y al menos una década para estabilizarse en los 3 millones de BDP.
La realidad geopolítica actual exige imperiosamente una Ley Orgánica de Energía Integral (LOEI). La energía es un sistema único: si el sistema eléctrico falla, el petróleo no sale; si el gas no fluye, las plantas térmicas se detienen. En cambio, una Agencia Nacional de Energía (ANE), contenida en una LOEI, como existen en Colombia, Brasil, México y USA, permitiría que se coordine a todos los actores bajo una sola visión de país. La creación de la ANE sería un ente técnico e independiente del Ministerio de Petróleo que asuma la fiscalización, regulación y licitación de yacimientos, garantizando transparencia y datos reales.
Pdvsa en este contexto tendrá un nuevo rol, la estatal dejará de ser “juez y parte”, su evolución hacia una Corporación Energética del Estado implicará enfocarse en su Core Business (operaciones eficientes), permitiendo que socios privados tengan el control operativo de los campos para asegurar eficiencia técnica. La LOEI debe reconocer que la soberanía no depende de un solo recurso. Venezuela tiene un potencial masivo en energía hidráulica, solar y eólica. La ley orgánica obligaría a que las operaciones petroleras se alimenten de energías limpias (autosuficiencia verde) y establecer metas de un 20% de renovables para 2035, bajo la coordinación de una Agencia de Energía, constituida para desvincular la política de la operatividad técnica, responsable de regular y fiscalizar el cumplimiento de los contratos, normas de seguridad y estándares ambientales de todas las empresas operadoras, incluyendo a las estatales Pdvsa y Corpoelec. Publicar datos reales sobre reservas, producción y auditorías financieras para atraer inversiones de largo plazo. Además, regular las tarifas a través de un sistema de precios justo, que incentive el ahorro energético y que permita recuperar la inversión necesaria en la red eléctrica nacional.
En el área de la planificación y transición energética estaría encargada de establecer las metas obligatorias para que, por ejemplo, el 20% de la energía nacional provenga de fuentes renovables para el año 2035, certificar las nuevas tecnologías, creando normativas para la exportación de hidrógeno verde producido mediante energía solar o eólica, así como destinar recursos para la investigación y desarrollo, administrando un porcentaje de la renta petrolera para investigar tecnologías alternativas, como la energía geotérmica o mareomotriz.
Dentro de sus responsabilidades administrativas se encontrarían los procesos de subastas y licitaciones, organizando rondas de licitación transparentes para que empresas privadas o mixtas instalen parques solares, eólicos o exploten nuevos campos de gas y petróleo; y la gestión de yacimientos, al asignarle la potestad de administrar los yacimientos y fiscalizar el mercado, función que actualmente posee Pdvsa, pero que la ley le quitaría para evitar que sea “juez y parte”.
Esta agencia actuaría como el “cerebro técnico” del país, asegurando que la energía se gestione como un sistema único donde las diversas fuentes de energía, además del gas, el petróleo y la electricidad, funcionen bajo una sola visión estratégica.
Conclusión
Para atraer las inversiones masivas necesarias y garantizar seguridad jurídica, el nuevo marco legal de una LOEI debe incluir cláusulas de estabilidad tributaria por 30 años y mecanismos de arbitraje internacional. Solo unificando las diversas fuentes de energía existentes en el país, incluidas las verdes y renovables, con una visión de país moderna, Venezuela podrá reinsertarse competitivamente en el mercado global del siglo XXI.
