En política, el romanticismo es un lujo que los Estados no suelen financiar. Lo que se vende como “defensa de la democracia” casi siempre termina siendo administración del riesgo: evitar vacíos de poder, contener el desorden, asegurar rutas —de petróleo, de migrantes, de influencia— y, sobre todo, impedir que un país se convierta en un agujero negro que trague a sus vecinos.
Lo ocurrido en Venezuela, con Nicolás Maduro capturado y Delcy Rodríguez juramentada como presidenta interina, es una postal incómoda para quienes creen que la legitimidad electoral manda por encima de las bayonetas. Y más incómoda aún para quienes esperaban que Washington “impusiera” a Edmundo González o a María Corina Machado como desenlace natural. No pasó. No porque falten méritos simbólicos —que los hay— sino porque, para Estados Unidos, el poder real no se mide en aplausos sino en control efectivo: mandos militares, policía, tribunales, dinero, puertos, refinerías, cadenas de mando.
Trump, según se ha reportado, no parece interesado en una transición dirigida por la épica opositora; la juzga insuficiente en “respaldo interno” y, en su lógica, eso equivale a ingobernabilidad. La prioridad, entonces, no es la democracia como catecismo, sino la estabilidad como seguro contra el caos. Un caos que se expresa rápido: facciones armadas sin árbitro, revancha social, colapso de servicios, oleadas migratorias, economías criminales reacomodándose. En ese tablero, Delcy —con todo el prontuario político que arrastra— ofrece una ventaja brutal: conoce el aparato y el aparato la reconoce.
Hay otro incentivo menos confesable y más determinante: la continuidad operativa. Controlar la transición significa controlar los tiempos. En una coyuntura donde se discuten sanciones, licencias, bloqueos y, ahora, hasta transferencias de crudo, el “orden” se vuelve un activo estratégico. La democracia puede esperar; el barril no.
La historia latinoamericana está llena de precedentes y República Dominicana sirve de espejo. En 1965, ante una guerra civil y el miedo a un desenlace “a lo Cuba”, Lyndon Johnson intervino militarmente con el argumento de estabilizar el país. El resultado inmediato no fue una democracia ideal, sino un cierre del conflicto bajo parámetros controlables. Primero se apaga el incendio; después se discute el diseño de la casa.
Más tarde, Washington sostuvo —con pragmatismo frío— arreglos gobernables, incluso bajo liderazgos duros. Documentos oficiales reconocen cuánto dependía Balaguer del respaldo estadounidense: no era amor por el sufragio; era cálculo de estabilidad.
Venezuela, hoy, vuelve a recordarnos esa verdad desagradable: la política internacional no premia al más popular, sino al que puede ejecutar. La pregunta no es quién merece mandar, sino quién puede hacerlo sin que el país se despedace. Y en esa pregunta, el idealismo suele perder por nocaut.
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