No cabe la menor duda que el esfuerzo y el debate nacional en aras de sanear la vida institucional tiene que centrarse en la reorganización política del Estado. La hegemonía enquistada en el poder es producto de una arquitectura que ha hecho posible su secuestro y el usufructo de todo el entramado social por un sector del espectro político durante más de un cuarto de siglo. Es urgente resolver el problema del Estado. Rescatar la política pasa por liberar del control absolutista a los entes y organismos del Estado y demandar el cumplimiento de los principios del texto constitucional de 1999.
La voluntad nacional debe estar direccionada a hacer valer el poder constituyente, expresado en el artículo 5 de la Carta Magna donde establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio. Más adelante advierte que los órganos del Estado emanan de la soberanía del poder popular y a ella están sometidos. La realidad institucional en la actualidad contradice estruendosamente este principio fundamental del pacto social.
Es cardinal para que exista realmente un equilibrio de poderes y para que sean estos administrados de manera autónoma que todos, absolutamente todos los poderes, sean elegidos en primer grado. A modo de ejemplo, no se puede hablar de justicia cuando El Tribunal Supremo responde a intereses parciales, porque son jueces propuestos por el ejecutivo. A manera de ilustración, la reforma judicial llevada a cabo en México constituye un modelo en el mundo de democratización judicial, en la cual se introdujo la elección popular de jueces, magistrados y ministros, incluidos los de la Suprema Corte, con el objetivo de combatir la politización y la corrupción con una duración de 12 años sin posibilidad de reelección. Este ensayo democrático inédito resulta vital en Venezuela. Sobran las razones si recordamos la sentencia sobre los resultados electorales del 28 de julio de 2024.
En este mismo contexto, ¿cómo ejerce con la libertad requerida la fiscalización y la vigilancia de los recursos y la gestión pública el Contralor del país cuando ha sido propuesto por el mismo gobierno? ¿Qué transparencia puede haber en el manejo del erario público si su designación lo obliga a una lealtad que pone en entredicho su idoneidad y su eficiencia para prevenir irregularidades y desvíos de los fondos públicos? ¿Cómo promueve, vigila o defiende los derechos humanos y garantías constitucionales un Defensor del Pueblo propuesto y elegido por el mismo ejecutivo? Y lo propio se puede decir del Fiscal que es una figura que representa al Estado para defender los intereses sociales y la legalidad, por tanto, no puede ser el Fiscal de la República el custodio del partido del gobierno. Estos escenarios vividos durante más de dos décadas deberían servir de reflexión para subrayar la necesidad de un Poder Ciudadano electo a través del sufragio universal y no por acuerdos de cúpulas que derivan en actuaciones contrarias al interés de los ciudadanos.
En este mismo orden, el rescate de la vida democrática del país pasa por una apremiante reforma del sistema electoral venezolano con atención al principio del Estado democrático y social de derecho y de justicia (artículo 2 de la CBV), que propugna la preeminencia del pluralismo político, entre otros. Todo sistema electoral debe expresar fielmente las fuerzas sociales y políticas presentes en el electorado y garantizar la aplicación a cabalidad de un sistema proporcional. Estos principios están consustanciados obligatoriamente con la autonomía necesaria y alcanzada solo por medio de la elección directa de las autoridades del ente comicial. No hay otro camino.
En esta reingeniería, la propuesta de un sistema electoral de segunda vuelta con la representación proporcional para la escogencia de diputados tiene como argumento incontrovertible que el origen de todo gobierno democrático descansa en la preferencia de la inmensa mayoría de los votantes. En el sistema de mayoría simple aplicado en Venezuela, un candidato en el último escalafón en las preferencias, sin mayor opción, puede resultar electo por una minoría. En resumen, la renovación del sistema electoral requiere autoridades electas por el pueblo y superar el sistema vigente, donde una minoría rechazada puede permitirse un triunfo que la generalidad de votantes contraríe. No puede haber una renovación del CNE producto de contubernios o negociaciones a espaldas del interés superior de la nación.
El déficit democrático ha sido adicionalmente una realidad frustrante en materia de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía, establecido en el artículo 70 de la constitución. Todos los medios allí contemplados han sido mecanismos impedidos en sus propósitos y ya desestimados por la población general por la improbabilidad de sus objetivos, gracias a los múltiples ensayos fallidos a lo largo de años y años. ¿Quién en su sano juicio valida hoy como medios de soberanía popular el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativas, la asamblea de ciudadanos, entre otros? Para poder cumplir con eficacia, eficiencia y efectividad lo determinado aquí por el espíritu del constituyente hay que buscar medios más expeditos en una concepción política que apunte hacia un Presidencialismo Parlamentario. Los congresos donde se aplica el pedido de vacancia presidencial ya sea por celebración de elecciones generales en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria o por incapacidad moral o física permanente, entre otras causales, resultan dispositivos que permiten superar crisis políticas sin los traumas institucionales y sociales como los vivido en Venezuela. Estas son consideraciones constitucionales para una reforma impostergable encaminada a sanear la vida institucional. Es un momento propicio para plantearlas.
Finalmente, la reinstitucionalización también pasa por la eliminación de la enmienda Nº 1 de la constitución de fecha 15 de febrero de 2009 que establece la reelección indefinida. Urge rescatar la alternancia política, por cuanto ella evita la concentración de poder, promueve la rendición de cuentas, impulsa nuevas políticas, asegura la renovación y la pluralidad, amén de permitir que las distintas visiones fortalezcan la gobernanza en el país y se atiendan mejor las necesidades sociales. Y en esta vía de desconcentración de poder, hay que establecer reformas y decretos enfocados en combatir la corrupción y el nepotismo. Hay que prohibir taxativamente que familiares cercanos de altos funcionarios ocupen cargos públicos. Es una vergüenza a voces ver esposas, hijos, queridas, etc., usufructuando el poder. Asimismo, apremia la alternancia dentro de las organizaciones políticas y sindicales en el país, para que, con una implementación efectiva de un sincero esfuerzo legislativo se acabe el llamado cogollismo y se garantice institucionalmente la democracia partidista, necesaria y urgente. Después de 26 años, vemos los mismos rostros de lado y lado. Nos preguntamos: ¿quién es responsable de la debacle institucional? Basta con ver la instalación de la “nueva” Asamblea Nacional.
