Con el discurso reciente de Donald Trump sobre Venezuela, la palabra del momento vuelve a ser soberanía. Y es que hoy ésta aparece negada por partida doble, colocándonos en una auténtica trampa política. Bien valen unas líneas para recordar su significado.
En las monarquías absolutas la soberanía correspondía al Estado, el cual a su vez se identificaba con el rey («El Estado soy yo», dijo Luis XIV). De ahí que el monarca sea llamado soberano, denominación que aún perdura. Con la modernidad, nace el llamado Estado-Nación o Estado liberal, producto de la unión de un poder central, un territorio y una población en torno al concepto de soberanía que, gracias al «imaginario de la Revolución francesa», ahora reside en el parlamento, receptáculo del sentir nacional según los argumentos más conservadores (soberanía nacional), o directamente en el pueblo (soberanía popular), el cual, según la tesis del contrato social de Rousseau (1762), se expresa en la «voluntad general».
En cualquier caso, la finalidad de esta «resignificación» de la soberanía es establecer unos límites a la actividad estatal a fin de garantizar una órbita de autonomía privada que se logra principalmente a través de la Ley y los derechos fundamentales. El Estado liberal, además de la separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), se basa en dos principios fáctico-normativos: la Constitución y las declaraciones de derechos del individuo. La Constitución como norma superior o norma de normas preexistente. Y los derechos del individuo, que al ser reconocidos como anteriores al Estado, son inviolables.
A nivel internacional, la soberanía ha dado pie al principio de la autodeterminación de los pueblos, hoy cuestionado en casos de Estados donde, como en Venezuela, se cometen crímenes de lesa humanidad. Sin entrar en detalles, baste decir que, en los últimos años, en nuestro país la soberanía ha servido de excusa para todo tipo de abusos.
El chavismo la ha esgrimido para justificar fraudes electorales, represión política y para oponerse a cualquier forma de escrutinio o presión externa. En nombre de su victoria electoral de 1999, ha pretendido eternizarse en el poder mediante la manipulación o el desconocimiento de consultas posteriores y la persecución sistemática de la disidencia, vaciando así de contenido la idea misma de República.
Tras la extracción de Maduro, ampliamente difundida y asumida públicamente por Estados Unidos, el énfasis en el crimen internacional desplaza la soberanía del registro político al penal securitario, abriendo la puerta a una tutela que por un lado pretende desconocer la voluntad popular expresada el 28J y, por otro, atiza la narrativa antiimperialista típica de los regímenes de izquierda.
Venezuela queda así atrapada entre dos negaciones de la soberanía: la interna, ejercida por un poder que usurpa el voto popular, y la externa, cuando desde fuera se pretende decidir el futuro del país como si los venezolanos fuesen actores secundarios de su propio destino.
Cuando la soberanía sirve tanto para justificar la usurpación como para habilitar la tutela, el problema no es el concepto, sino su secuestro desde polos diametralmente opuestos del espectro político.
De allí que el desafío central consista en defender la expresión democrática de la ciudadanía en un mundo todavía marcado por las ideologías. Hoy esa expresión se canaliza, con todas sus dificultades, a través de una oposición liderada por dos figuras clave: Edmundo González y María Corina Machado, cuyo coraje y perseverancia reactivaron una lucha que parecía estancada en la desesperanza.
Como señalaba recientemente un editorial del diario ABC, Estados Unidos puede —y debe— acompañar y resguardar el proceso de transición, pero no apropiárselo. Su papel debería centrarse en ofrecer garantías de seguridad, respaldar la reconstrucción institucional, facilitar el retorno de los exiliados y promover la liberación de los presos políticos. No le corresponde administrar el poder, distribuir cargos ni decidir sobre los recursos del país. Además, cualquier asociación, incluso temporal, con los vestigios del chavismo debilita su discurso contra el crímen organizado y la corrupción transnacional.
