En reciente artículo titulado «Aves de rapiña sobre Citgo«, publicado en El Nacional, Eddie Ramírez intenta una maniobra de distracción tan vieja como la política misma: señalar a los enemigos externos para encubrir la incompetencia y la complicidad interna. Ramírez, con una retórica que busca santificar a la junta administradora ad hoc de Pdvsa, nos pide que miremos a los acreedores, a Crystallex, a ConocoPhillips y a los bonistas como los únicos villanos de esta tragedia. Pero se olvida convenientemente de mirar hacia adentro, hacia quienes tenían el deber de defender el activo y terminaron entregándolo en bandeja de plata, haciendo fiesta con los recursos públicos.
No escribo esto desde la comodidad del observador pasivo. Lo escribo como demandante ante las Cortes Federales de los Distritos de Delaware y del Sur de la Florida, donde junto a venezolanos de primera -no advenedizos sin casta ni solera- he consignado pruebas de que la pérdida de Citgo no fue un accidente, sino el resultado de un esquema de corrupción y negligencia mafioso y criminal ejecutado por esos a quienes Ramírez defiende.
Ramírez titula su pieza evocando a las aves de rapiña. Sin embargo, omite mencionar que los zamuros más peligrosos no volaban sobre Citgo desde el exterior; estaban sentados en sus oficinas, cobrando honorarios millonarios y jugando a ser gobierno.
El mito del «alter ego» y la culpa compartida
Ramírez argumenta que el juez estadounidense sentenció «sin base sólida» la figura del alter ego. Esto es una falsedad histórica y jurídica. El fallo del alter ego no cayó del cielo por capricho imperial. Se consolidó precisamente porque la administración interina y su junta ad hoc actuaron exactamente igual que el chavismo: utilizando los recursos de Pdvsa para financiar gastos políticos, burda promoción personal, burocracia y litigios sin control. Lo digo ahora y lo dijo un hombre público de conducta sin máculas, Humberto Calderón Berti, cuando señaló a la mafia de Voluntad Popular (la misma que controla a Pdvsa ad hoc) por el saqueo a Monómeros en Colombia. La misma mafia que negoció ahora la entrega de Citgo.
Al disponer de los activos de la petrolera como caja chica del gobierno interino, le dieron al juez Stark la prueba definitiva que necesitaba Crystallex: Pdvsa y el «gobierno» (interino de Guaidó o de facto de Maduro) eran la misma cosa. Lejos de proteger la autonomía de la empresa para salvarla, la politizaron torpemente. No fue una defensa heroica; fue un suicidio asistido.
La defensa simulada y el negocio de los litigios
El autor califica de «heroica» la gestión de Horacio Medina y ataca a quienes la critican tildándolos de tener «interés personal». Lo que Ramírez llama «defensa» no fue más que una sangría de millones de dólares en honorarios legales para bufetes conectados, sin obtener un solo resultado tangible. Más aún, hoy hacen que Pdvsa pague las cuentas de los abogados que usan para sus litigios personales.
¿Dónde están las cuentas claras de esos millones gastados en abogados? ¿Por qué se insistió en estrategias legales que todos los expertos advertían que eran callejones sin salida? La realidad es que para esta casta de «funcionarios» en el extranjero, Citgo dejó de ser un activo para convertirse en una fuente de manutención y relevancia política. Mientras la empresa se hundía, los cheques de la defensa jurídica nunca rebotaron.
La traición final: el sacrificio de los trabajadores
Pero si la incompetencia financiera y el litigio estéril fueron graves, existe un pecado aún más oscuro en la gestión de la junta ad hoc de Pdvsa: el desprecio sistemático y cruel hacia los trabajadores venezolanos.
Es un hecho vergonzoso que la junta ad hoc dedicó recursos millonarios no solo a pelear con bonistas, sino a atacar activamente a las víctimas de violaciones de derechos humanos de la propia industria. Trabajadores despedidos ilegalmente, perseguidos políticos y víctimas de la discriminación laboral de Pdvsa, que buscaron justicia en el exterior, se encontraron con que la «Pdvsa democrática» se oponía a sus reclamos con la misma ferocidad que el chavismo. Utilizaron tecnicismos legales para desconocer deudas legítimas bajo la excusa de «proteger el activo».
Los derechos humanos ignorados
Aquí yace el error estratégico más imperdonable. Expertos juristas han argumentado incansablemente que la única vía real para salvar Citgo de los buitres financieros (Crystallex, ConocoPhillips, bonistas 2020) era cambiar la naturaleza del debate: pasar de un litigio meramente mercantil a uno de derechos humanos.
Si la junta ad hoc hubiese reconocido la mera existencia de las acreencias laborales y de derechos humanos sobre las deudas comerciales, se habría alterado el orden de los acreedores. En el derecho internacional y bajo principios de justicia universal, las deudas derivadas de violaciones de derechos humanos y pasivos laborales tienen una jerarquía superior a los bonos financieros.
Las víctimas —los miles de despedidos, los jubilados estafados— habrían automáticamente ejercido su derecho y blindado a Citgo bajo una «excepción humanitaria». Le habrían dicho al juez Stark: «Señoría, antes que a los fondos de inversión, debemos ser reparados como víctimas humanas de esta tragedia». Al colocarse los trabajadores venezolanos primero en la fila de cobro, se habría hecho inviable la liquidación forzosa para satisfacer a acreedores comerciales de tercer grado.
Conclusión: Perdieron la moral y la empresa
En cambio, eligieron la vía de la soberbia. Prefirieron tratar a los trabajadores venezolanos como estorbos, alineándose con la lógica de quienes actúan en respuesta a incentivos de clara corrupción.
Ramírez nos pide que veamos a la junta ad hoc como víctima. La historia, sin embargo, los juzgará como los cómplices necesarios. Entregan el activo más valioso de la nación a discutibles acreedores extranjeros porque prefirieron pelear contra sus propios trabajadores. Las aves de rapiña existen, sí. Y son esas que vestidas de «salvadores de la democracia» terminaron de devorar lo que quedaba del patrimonio nacional ignorando que la justicia empieza por casa.
