Por muy sombrío que haya sido el último mes de 2025 -con titulares dominados por tiroteos masivos, crisis y polarización-, un acontecimiento positivo ofrece un rayo de esperanza para el año que viene. En todo el mundo en desarrollo, los jóvenes exigen puestos de trabajo, alimentos y combustible asequibles, oportunidades económicas y medidas para desacelerar el cambio climático. Desde el sur de Asia hasta América Latina, a los líderes políticos se les está planteando una elección clara: escuchar y responder, o hacerse a un lado y ser reemplazados.
Nepal es un ejemplo claro. En septiembre, el gobierno prohibió 26 plataformas importantes de redes sociales que se habían utilizado para denunciar el estilo de vida lujoso de los hijos de los políticos, lo que desencadenó protestas por la corrupción, el nepotismo y la falta de oportunidades para los jóvenes. El primer ministro, K.P. Sharma Oli, de 73 años, avivó aún más las tensiones al burlarse de los miles de adolescentes que salieron a las calles. Cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra la multitud, matando al menos a 19 personas e hiriendo a cientos más, los manifestantes incendiaron el Parlamento y saquearon la residencia privada de Oli. Este dimitió al día siguiente.
Algunos atribuyen la actual ola de disturbios a lo ocurrido en Sri Lanka en 2022, cuando el colapso económico y la grave escasez de combustible y electricidad desencadenaron un movimiento de protesta liderado por los jóvenes. Los activistas montaron un campamento frente a la oficina del entonces presidente Gotabaya Rajapaksa, de 72 años, cuya familia había gobernado el país durante 15 de los últimos 18 años, acusándolo de corrupción y nepotismo. Los manifestantes acabaron invadiendo la residencia del presidente, lo que obligó a Gotabaya a huir del país.
Dos años más tarde, el gobierno de Bangladesh respondió a las protestas de los estudiantes contra las cuotas laborales discriminatorias con un bloqueo de las telecomunicaciones y una brutal represión policial que causó la muerte de cientos de civiles. En lugar de reprimir la disidencia, la violencia impulsó a miles de personas a unirse al movimiento. Los manifestantes de Daca pronto marcharon hacia la oficina y la residencia de Sheikh Hasina, la entonces primera ministra de 76 años, que huyó a la India poco después.
Por esas mismas fechas, la propuesta de subida de impuestos del presidente keniano William Ruto desencadenó una ola de protestas de la generación Z en todo el país. Las tensiones se intensificaron después de que las fuerzas de seguridad mataran a decenas de manifestantes, hirieran a cientos y detuvieran arbitrariamente a muchos más. Después de que los manifestantes irrumpieran en el Parlamento e incendiaran parte de las instalaciones, Ruto retiró sus alzas de impuestos y despidió a la mayor parte de su gabinete. Las protestas estallaron de nuevo en junio de este año, lo que puso de relieve la profundidad y la persistencia de la ira popular.
Por su parte, en Perú, las protestas por la reforma de las pensiones se convirtieron en demandas más amplias para abordar la creciente inseguridad económica y la corrupción generalizada. La represión mortal avivó los disturbios hasta que la presidenta Dina Boluarte, que ya estaba siendo investigada por acusaciones de soborno, fue destituida de su cargo.
En un país tras otro, las manifestaciones lideradas por la generación Z obtuvieron rápidamente un amplio apoyo público. Los manifestantes utilizaron las redes sociales para compartir información, organizarse y crear redes, y cuando los gobiernos cerraron estas plataformas, los activistas migraron a servidores encriptados e incluso a comunidades de juegos. Cuando las autoridades recurrieron a la violencia, los manifestantes respondieron con una escalada en lugar de someterse.
Lejos de limitarse a una sola generación o región, estos movimientos juveniles reflejan las preocupaciones compartidas por los trabajadores de países ricos y pobres por igual. Los salarios, la seguridad laboral y el poder adquisitivo se han visto erosionados permanentemente por una serie de crisis globales -la crisis financiera de 2008, la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania y la intensificación de las presiones migratorias- que hacen que los gobiernos actuales parezcan cada vez más desfasados.
Sin embargo, los manifestantes de la generación Z no pretenden derribar los sistemas políticos. En cambio, exigen gobiernos que proporcionen puestos de trabajo, que combatan la corrupción y que inviertan en la acción climática. Se trata de demandas prácticas, y hay formas claras de satisfacerlas.
El desempleo juvenil es un buen ejemplo de ello. Hace diez años, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España -los llamados países PIIGS- lidiaban con una grave crisis de deuda soberana. Desde entonces, cuatro de esos cinco países han reducido drásticamente el desempleo juvenil. En Portugal, el desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años se redujo del 34,7% en 2014 al 18,3% en octubre de 2025, mientras que en Irlanda la tasa descendió del 24,2% en 2014 al 13,4% en octubre de 2025. Grecia redujo el desempleo juvenil del 52,8 % en 2014 al 22,4% en 2024, y España lo redujo del 53,2% al 26,5% durante el mismo período.
Este éxito puede atribuirse en gran medida al programa Garantía Juvenil de la Unión Europea tras la crisis, mediante el cual los gobiernos se comprometen a ofrecerles a los jóvenes un empleo de calidad, un aprendizaje, oportunidades de capacitación o educación continua en los cuatro meses siguientes a su salida de la escuela o al inicio de su desempleo. Aunque el programa no resolvió todos los problemas, demostró lo que se puede lograr con una voluntad política sostenida y políticas específicas.
Como demuestran las experiencias recientes de Armenia, Azerbaiyán, Moldavia y Ucrania, la lucha contra la corrupción puede ser mucho más difícil. Aun así, es posible lograr avances significativos, aunque para ello se necesitan funcionarios públicos profesionales y remunerados de manera adecuada, sistemas de monitoreo y auditoría sólidos y una verdadera responsabilidad política. La gobernanza electrónica también puede ayudar: el sistema de contratación pública digitalizado de Ruanda redujo las oportunidades de corrupción, mientras que la transición de Georgia a un sistema de licitaciones totalmente electrónico produjo mejoras cuantificables, al menos en sus primeros años.
La transparencia es esencial. Cuando se tolera y se normaliza la corrupción, esta se propaga; cuando se denuncia, los costos reputacionales y las normas sociales pueden desalentar las conductas indebidas y reforzar la rendición de cuentas. Por eso es importante que existan protecciones para los denunciantes y bases de datos anticorrupción accesibles, y por eso las empresas deben formar parte de la solución.
El cambio climático también pesa mucho sobre las generaciones más jóvenes. Los gobiernos muchas veces han socavado el apoyo público a la acción climática al imponer costos desproporcionados a quienes tienen menos posibilidades de pagarlos, pero la economía de la sostenibilidad está cambiando vertiginosamente. El costo de la electricidad procedente de la energía solar fotovoltaica a escala industrial se redujo en un 85% entre 2010 y 2020 y sigue disminuyendo, mientras que los costos de almacenamiento en baterías han caído más de un 90% durante el mismo período.
Sin duda, la ampliación de estos sistemas sigue exigiendo una inversión significativa, incluidas mejoras de la red eléctrica y un almacenamiento fiable. Pero las energías renovables también reducen la exposición a las crisis de los precios de los combustibles fósiles, las sanciones y las disrupciones comerciales que elevan los gastos de los hogares. Dicho esto, para los jóvenes que luchan contra el alto costo de vida y la reducción de oportunidades, la transición a la energía limpia es algo más que una electricidad más barata. Se trata de que los gobiernos les ofrezcan un futuro que no esté definido por la inseguridad permanente.
Decana de la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford.
