Gerson Revanales: La encrucijada petrolera de Venezuela en finalizando 2025
Faltando menos de tres semanas para terminar el presente año 2025, se puede hacer una evaluación de los resultados y perspectiva para el 2026. El año por terminar ha confirmado la profunda dependencia de la economía venezolana de su sector petrolero, un sector que atraviesa por una dura y difícil situación a causa de las sanciones y por una encrucijada marcada por una recuperación de la producción interna y un severo revés geopolítico.
La política petrolera venezolana se centró en dos objetivos principales: consolidar el crecimiento de la extracción y atraer inversión extranjera bajo nuevos modelos de negocios. El gobierno ha buscado la meta de cerrar el año con una producción de 1,2 millones de barriles diarios (MBD). De hecho, la producción de crudo de Venezuela mostro un ligero crecimiento, al superar el millón de barriles diarios en enero de 2025, el primero desde junio de 2019, según datos oficiales. Para octubre de 2025, la producción se ubicó en 1,132 MBD, de acuerdo al último reporte disponible; no así las cifras de la OPEP y AIE que sitúan la producción alrededor de los 900.000 b/d
El punto de mayor tensión y desafío para la política petrolera se produjo en abril de 2025 con la decisión de Estados Unidos de revocar la Licencia General 44 (LG 44), que había flexibilizado las transacciones a (Pdvsa). Esta licencia fue sustituida y se otorgó un lapso de tiempo para suspender las operaciones autorizadas, reintroduciendo una fuerte incertidumbre en el mercado. Este endurecimiento obligó a Pdvsa a recalibrar urgentemente su estrategia y puso a prueba la capacidad del país para sostener los niveles de producción y exportación logrados.
Las consecuencias de la revocación de la LG44 fueron inmediatas y significativas, en cuanto a las Restricción de Mercados, limitando nuevamente el acceso a los mercados occidentales, forzando al país a depender más de socios asiáticos para sus exportaciones y afectando a los Socios Claves, su revocación incrementó las dudas y el riesgo para las empresas extranjeras como Repsol y ENI, cuya producción combinada podría verse afectada. La revocación de licencias individuales podría afectar una producción combinada de más de 300.000 barriles por día.
Para contrarrestar el impacto de las sanciones, la política petrolera intensificó la búsqueda de alianzas bajo nuevas modalidades de negocios. El modelo de Contratos de Participación Productiva (CPP) ha cobrado especial relevancia, siendo impulsado por Pdvsa con al menos 15 compañías extranjeras. Este esquema busca mantener el control constitucional sobre los activos, al tiempo que inyecto capital y tecnología necesarios para la extracción. Empresas de Rusia (TNG Group), Turquía (TPAO) y Nigeria (Oranto Petroleum) se encuentran entre las que han afianzado o explorado acuerdos, mientras que el rol de China en la industria sigue siendo un tema de constante análisis.
Para el cierre de 2025, la política petrolera venezolana opero en un equilibrio inestable e impredecible. Aunque el impulso productivo ha sido notable, el sector sigue siendo extremadamente vulnerable a las decisiones externas mientras que la estrategia para 2026, se enfrentara como el año pasado en una encrucijada o bien en en afianzar las nuevas alianzas de acuerdo con la actual política o petrolera de , garantizar el flujo de insumos y mantener la estabilidad de las operaciones en un entorno de sanciones permanentes. O de un cambio de timón con una nueva ley de hidrocarburos tan necesaria, debido al colapso de su producción petrolera y la necesidad urgente de atraer inversión privada para la recuperación del sector, que es vital para la economía nacional.
La actual Ley Orgánica de Hidrocarburos, y el marco legal que la acompaña, se consideran inadecuados para el contexto actual y los desafíos de la industria. Los principales argumentos a favor de una nueva ley se centran en las deficiencias de la legislación actual para gestionar y desarrollar eficientemente el sector, visto el colapso productivo y falta de inversión: La legislación actual no ha logrado evitar la severa caída en la producción de petróleo. La inversión anual necesaria para recuperar los niveles de producción (estimada en miles de millones de dólares) es muy difícil de ser aportada únicamente por Pdvsa o el Estado; mientras la inversión privada se ve restringida.
La ley vigente obliga al Estado venezolano (a través de Pdvsa) a ser el socio mayoritario (con más de 50%) en las empresas mixtas dedicadas a las actividades primarias de explotación. Esta rigidez es vista como un obstáculo para atraer capital y tecnología privada, tanto nacional como internacional. En materia jurídica las empresas argumentan la inseguridad jurídica y burocracia: el sistema de “control total” de las actividades petroleras, altamente centralizado e ineficiente, genera un entorno burocrático que resta seguridad jurídica y desincentiva a los inversionistas, por lo cual es necesario flexibilizarla agravado por la competitividad fiscal. Las empresas argumentan que la estructura fiscal actual sobre la actividad petrolera es demasiado alta, haciendo que el crudo venezolano sea menos competitivo en comparación con otros países de la región; por lo tanto, es necesario una nueva ley, debido a que la actual no provee la flexibilidad necesaria para que Pdvsa pueda decidir estratégicamente en qué proyectos invertir, desvinculándola de proyectos no rentables que no se rigen por criterios comerciales y financieros.
