En Venezuela, el saqueo no fue un accidente, fue un método. La pérdida de CITGO —el activo más importante que el país poseía en el extranjero— no es una tragedia imprevista, sino la consecuencia natural de años de desidia, corrupción y cinismo. El resultado de una combinación letal: chavismo irresponsable y oposición simulada. El “interinato” de Juan Guaidó fue apenas el epílogo absurdo de una novela escrita desde Miraflores y refrendada, con la firma temblorosa de la cobardía, por la Asamblea Nacional de 2015.
CITGO, filial de PDVSA en Estados Unidos, era una joya energética: tres refinerías, más de cinco mil estaciones de servicio, acceso privilegiado al mercado petrolero norteamericano. A falta de productividad interna, fue durante años la caja de emergencia del régimen. Pero también fue la prenda de garantía de las deudas contraídas a diestra y siniestra por un Estado que decidió hipotecar el futuro para comprar lealtades, subsidios y silencios.
A partir de 2007, Chávez comenzó a expropiar empresas extranjeras sin mayor cálculo jurídico. Una de esas fue Crystallex, una minera canadiense despojada sin compensación. La demanda llegó a tribunales internacionales, que en 2016 fallaron a su favor: Venezuela debía pagar 1.200 millones de dólares. Como no pagó, los acreedores exigieron el embargo de activos venezolanos en el exterior. Entre ellos, CITGO. Otro acreedor, el fondo Tenor Capital, sumó su reclamo. Luego vendrían ConocoPhillips, Siemens, O-I Glass y otros. El botín estaba servido.
Con Maduro sancionado y el chavismo internacionalmente aislado, apareció la oportunidad de proteger los activos. O eso parecía. En 2019, cuando medio planeta saludaba la “presidencia encargada” de Juan Guaidó, el control de CITGO pasó simbólicamente a manos de su equipo. La Asamblea Nacional opositora nombró juntas ad hoc para “salvaguardar” los activos. Se habló de “blindaje legal” y de “protección patrimonial”. Todo eran buenos deseos. O, mejor dicho, excusas.
Lo cierto es que el interinato fue incapaz —o no quiso— resolver el problema. Mientras repetían el mantra de la “defensa del activo”, los litigios avanzaban, las cortes en Delaware acumulaban expedientes y los acreedores acechaban. La llamada “falsa oposición” no fue más que una estructura burocrática, autocomplaciente y profundamente inepta, que convirtió la administración de CITGO en una piñata para consultores, bufetes y comisionados. No faltaron los que viajaron, cobraron y posaron. Pero ninguno resolvió.
Desde Caracas, el chavismo observaba todo con una mezcla de cinismo y oportunismo. Denunciaron el “robo imperialista” de CITGO, como si no fuera el propio chavismo el que abrió la puerta a los acreedores. La desindustrialización, la ruina de PDVSA, la dependencia de préstamos tóxicos con garantías colaterales: todo eso tiene firma chavista.
Pero la mentira mayor fue presentarse como víctimas. Maduro y su equipo, conscientes de que habían perdido el acceso real al activo, se aprovecharon del caos para apuntar a la “traición” de la oposición. Y en parte tenían razón. Lo que el chavismo no destruyó con su voracidad, lo terminó de rematar la negligencia opositora.
El llamado gobierno interino funcionó como un teatro de sombras: ni gobierno, ni interino. Carecía de control real sobre el territorio nacional, pero también carecía de responsabilidad efectiva sobre los activos externos. Usaron el nombre de Venezuela para asumir obligaciones, pero no para responder ante la nación. Hoy nadie asume el costo político del desfalco. Todos los actores —desde Leopoldo López hasta Julio Borges— se lavan las manos. Como si no hubiesen sido ellos los que avalaron la arquitectura de ese gobierno ficticio, que dejó sin país lo poco que quedaba.
Venezuela no perdió CITGO en un tribunal. Venezuela perdió CITGO cuando aceptó que la política podía ser un simulacro. Cuando se resignó a elegir entre dos élites parasitarias: la chavista y la que se dice opositora. Ambas lucraron del despojo, una con balas y contratos, la otra con credenciales y bufetes.
El desmantelamiento del país tiene nombres y apellidos. CITGO no fue arrebatada por una potencia extranjera: fue abandonada por quienes debían defenderla. Y el silencio actual, tanto en Caracas como en Miami, es más elocuente que cualquier comunicado diplomático.
¿Qué sigue? Una nación sin activos, sin industria petrolera, sin justicia. Un pueblo empobrecido y obligado a votar en elecciones diseñadas para perpetuar el fraude. Lo de CITGO es solo un síntoma. La enfermedad es más profunda: se llama Estado fallido. Y lo peor es que ni siquiera podemos culpar a otros. La responsabilidad, esta vez, es enteramente nuestra.
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