Ya nada nos sorprende de la maldad de la cúpula del régimen y sus sicarios. He oído las narraciones de diversas personas que han sido torturadas por funcionarios del régimen. Los relatos son desgarradores. No solo ha sido contra hombres, se ha hecho contra mujeres, adolescentes de ambos géneros. Los torturadores son policías civiles, militares, tanto femeninas como masculinos. Al oír esos relatos nuestra conciencia se moviliza preguntándose ¿cómo es posible tanta canallada y porqué en Venezuela se ha llegado a eso? En medio de un inmenso dolor por vejaciones materiales sufridas una de las mujeres torturadas, gracias a Dios, ya fuera del país, escuchó que uno de los oficiales arengando a subalternos decía “vamos no aflojen, debemos presentar resultados”. Personajes de esa calaña y quienes les ordenan tienen mente criminal, propio de psicópatas. Nunca podríamos entender cómo llegaron a esos cargos.
En los últimos 30 días hemos conocido de dos condenas penales a 30 años de prisión a una médica. Ser trata de Marggie Orozco, médica general de 65 años a, fue condenada a 30 años de cárcel acusada de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”, por tener mensajes en su teléfono que expresaban que Maduro había robado las elecciones y por hacer comentarios en el hospital. La juez Luz Dary Moreno, a pesar de los problemas de salud de la médica y solo por su opinión, no tembló la mano para condenarla a 30 años En un juicio exprés y sin defensa, la jueza antiterrorista Alejandra Romero ha condenado a 30 años de cárcel a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Sin elementos de prueba y sin posibilidades de defensa.
La pandilla gobernante persiste en usar la manipulación legal generando el sicariato judicial. La dictadura frente al inmenso rechazo nacional ha optado por vigorizar una escalada de procesos judiciales en contra de todos los que manifiesten su disentimiento contra la oligarquía gobernante.
El terrorismo de estado impuesto por la pandilla gobernante ya no solo aniquila a sus víctimas físicamente, ha estado implementando el sicario judicial, que persigue al disidente y los elimina utilizando un arma más silenciosa y casi invisible a los ojos, la instrumentalización de la Justicia para judicializar la política o acoso judicial conocida como guerra jurídica (lawfare), manteniendo una apariencia de legalidad, para provocar e imponer miedo al oponente. Simplemente, es la utilización arbitraria y tergiversada del derecho para violar los principios y procedimientos establecidos por la Constitución en el debido proceso, con el objeto de inhabilitar por la cárcel o el exilio, a quien, por algún motivo, se constituye en una figura molesta para la clase gobernante. Ahora, so solo es contra figuras públicas, sino contra cualquier ciudadano y así infunde terror.
Evidentemente, para perpetrar el sicariato necesita estar amparado por la complicidad del poder judicial. El poder judicial venezolano está integrado por personas dispuestas a ejercer un sicariato judicial para debilitar a los oponentes de la pandilla gobernante y del proyecto político que proclaman, como es el caso de estas dos juezas: : Luz Dary Moreno y Alejandra Romero. Basta indicar que muchos han sido designados jueces sin calificación, algunos hasta con antecedentes penales por delitos graves. Gran parte de Jueces y fiscales comparten y compiten por “territorios” en los que se maniobran expedientes, se tarifan servicios, se extravían o siembran pruebas. El descalabro del sistema es tal que no interesa someter a la justicia a un delincuente, sino que el delincuente pague para librarse del proceso judicial. En ese medio actúan el sicario judicial y Cabello. El sicariato judicial es expresión el proceso de putrefacción de un régimen que concentra todo el poder.
El deterioro moral ocasionado por la dictadura ha permeabilizado las instituciones y ciertas capas ¡de la sociedad. Ya no existe pudor alguno y muchos se someten a ser sicarios en sus posiciones, ya no es solo la tortura infamen y cobarde que ejecutan militares y civiles contra los presos políticos indefensos, sino también es el sicariato judicial de Luz Dary Moreno, de Alejandra Romero, bajo el mando del Fiscal general. Son muchos los crímenes cometidos, son múltiples las violaciones de los derechos humanos que en forma sistemática y permanente acontecen en el país y que el poder judicial calla y permite. Estas juezas y otros más, fiscales y torturadores deben ir a juicio en un proceso de transición, nio pueden quedar impunes esas infamias, deben tener castigo ejemplar, para que el futuro otros no imiten esa maldad y perversidad. Hay que continuar con las luchas por la libertad de los presos políticos, así lo hace Carlos Alaimo y su periódico Versión Final, para tratar de evitar canalladas como las que hemos reseñado de la médica Orozco y Tudares y muchos más que han sido condenados. Debemos continuar luchando por restituir el Estado de derecho, las libertades y la mrsal pública y social. ¡Hasta el final!
Doctor en Derecho Constitucional y Procesal. Profesor Universitario. Asesor académico
