Las estrategias políticas de los partidos colisionan muchas veces con las necesidades de las poblaciones a las que representan. En el campo de la política económica, los patinazos son relevantes, desequilibrios que obedecen a cálculos electoralistas o de desgaste del gobierno que propone medidas concretas. Dos muestras recientes son ilustrativas. Por un lado, la renuencia en admitir la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas, bajo el argumento –muy peregrino, que ya hemos comentado en otras ocasiones– que todo se hace para contentar a Catalunya. Esta renuncia supondría que se reniega de disponer de más recursos económicos para cada región, toda vez que la aceptación de esa quita parcial infiere menores gastos financieros. Resulta difícil de entender técnicamente, a pesar de que se están haciendo verdaderos malabarismos con los números.
Por otro lado, está la senda de estabilidad, rechazada hace pocos días en el Congreso de los Diputados. El voto contrario de PP, Vox y Junts, sin olvidar la abstención de Podemos, hace que el resultado de esa posición que, escuchado lo expuesto por los portavoces justificando su rechazo, no se sostiene tampoco técnicamente, sea muy difícil de entender. Para que nos hagamos una idea, las comunidades autónomas van a dejar de percibir casi 5.500 millones de euros: más de 1.000 millones Catalunya, con la aquiescencia de Junts –flaco favor a los catalanes esta renuncia–; y también más de mil millones Madrid –mientras arden sus universidades públicas, necesitadas de recursos para su funcionamiento–. Andalucía dejará de percibir 731 millones de euros, Valencia casi 510 millones, Aragón 170 millones y Balears 153 millones. Si alguien, desde otro planeta, visionara esto y supiera mínimamente cómo funcionan las haciendas autonómicas y las finanzas, concluiría que esas renuncias –condonación parcial de la deuda y senda de estabilidad– obedecen a una causa: esas comunidades son ricas o, en otro caso, deben tener pocas necesidades financieras para satisfacer las de su población. Las pistolas humeantes apuntan a los pies de quienes las detentan.
Pero la realidad económica y social no es esta. La política, con minúsculas, es la que preside este cuadro inexplicable de decisiones, más allá de una premisa esencial: se han tomando o se van a tomar para desgastar a quien las propone. Este, el proponente, haga lo que haga –si convoca elecciones es otra cosa–, será respondido con negativas, con ninguneos, sin calibrar de manera correcta el impacto que tales cabriolas políticas van a tener sobre la población. El siguiente paso es previsible: tras ambas renuncias, se dirá que no se disponen los recursos necesarios en la financiación autonómica, y que urge aportar dotaciones generosas desde el gobierno central.
En la gestión económica hay un factor que no puede evadirse: la corresponsabilidad. No se puede estar siempre cabeceando a la contra –máxime si existen elementos positivos de carácter propositivo–, sin reconocer las responsabilidades que se tienen en una administración tan descentralizada como la española. Más sentido común, y menos politiquería. Sería de agradecer.
