La cultura política democrática constituye un componente esencial de la estabilidad institucional en los regímenes democráticos. En el caso español, la cuestión adquiere especial interés. La transición política hacia la democracia de finales de los años setenta, tras casi cuatro décadas de régimen dictatorial, situó la cuestión de la legitimidad democrática como eje vertebrador del nuevo orden político y en el centro de la identidad política nacional.
Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) donde se pregunta sobre la preferencia por la democracia frente a regímenes autoritarios, o si a los ciudadanos les da lo mismo uno que otro, ofrecen información importante para ver la evolución del consenso democrático a lo largo de las últimas décadas.
Lo primero que hay que señalar es que en España hay una elevada y relativamente estable preferencia por la democracia. Únicamente en los años 1985, 1986 y 1989 se observan porcentajes por debajo del 70 por ciento en cuanto a que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. Concretamente, en 1985, un 69,5 por ciento; en 1986, un 69 por ciento, y en 1989, el porcentaje más bajo con un 68,3 por ciento.
A pesar de estas cifras, la tendencia es ascendente, reforzando la idea de una consolidación progresiva de la legitimidad democrática durante las décadas siguientes.
En segundo lugar, se ha producido una transformación cultural caracterizada por el paso de un consenso emocional a un consenso crítico, que viene a reflejar la madurez de la ciudadanía democrática española y la reconfiguración del vínculo entre legitimidad institucional y evaluación del desempeño político.
Así, la trayectoria histórica del apoyo democrático en España puede dividirse en cuatro fases, cada una caracterizada por configuraciones particulares de legitimidad, tipos de consenso y mecanismos de evaluación ciudadana:
Afianzamiento del consenso democrático (hasta el año 2000). Durante estos años se produce un proceso continuado de consolidación del consenso democrático. Se pasa de un 69,8 por ciento de españoles que en el año 1985 prefieren la democracia, a un 85,7 por ciento en el año 2000. Este aumento, de 15,9 puntos porcentuales, refleja un fortalecimiento cuantitativo del apoyo ciudadano, y pone de manifiesto la progresiva institucionalización de la legitimidad democrática en la sociedad española.
En sentido contrario, disminuye la preferencia por un régimen autoritario. Mientras que en los años 1985 y 1986 los valores alcanzan el 10,4 por ciento y el 13,7 por ciento, respectivamente, en marzo del año 2000 descienden hasta el 3,6 por ciento, si bien en diciembre del mismo año se registra un repunte puntual hasta el 6 por ciento. La tendencia apunta de manera clara hacia el alejamiento social del autoritarismo como alternativa política viable en el imaginario ciudadano.
Madurez institucional y consenso instrumental (hasta 2008)
A comienzos del siglo XXI, los niveles de apoyo a la democracia en España alcanzan su punto máximo, con un 89,6 por ciento en septiembre de 2003. Este elevado respaldo se enmarca en un periodo que transcurre entre el 85,7 por ciento registrado en marzo del año 2000 y el 88,5 por ciento de diciembre de 2008, lo que confirma la persistencia de un consenso democrático amplio y socialmente arraigado.
En contraste, las preferencias por un régimen autoritario se mantienen en niveles marginales durante todo este periodo. Los porcentajes oscilan entre un mínimo del 3,6 por ciento en marzo de 2000 y un máximo del 5,9 por ciento en abril de 2008, lo que refleja la ausencia de una base social significativa que reivindicara alternativas no democráticas.
Crisis y fragmentación del consenso (2008-2015)
La crisis económica del año 2008 representa un punto de inflexión en la cultura política española y en la configuración de la legitimidad democrática. Aunque el porcentaje de ciudadanos que sigue considerando la democracia preferible continúa siendo mayoritario, se observa una erosión en la intensidad del apoyo, que pasa del 88,5 por ciento en noviembre de 2008 al 77 por ciento en noviembre del año 2012.
Un descenso de 11,5 puntos porcentuales en el momento peor de la crisis cuando más estragos estaban provocando en la población española las políticas de austeridad, los recortes de derechos y la reestructuración del gasto público impulsada por el gobierno del PP, medidas que generaron tensiones socioeconómicas profundas y un incremento del malestar ciudadano.
Al mismo tiempo, los porcentajes relativos al apoyo a alternativas no democráticas, es decir, la dictadura, experimentan un incremento notable, llegando al 6,5 por ciento en noviembre de 2012, una de las cifras más elevadas desde los años posteriores a la Transición.
Recomposición crítica, madurez deliberativa y polarización creciente (2015-2025)
En la etapa más reciente, tras el deterioro de la legitimidad institucional provocado por la crisis económica de 2008 y el incremento de la desafección política, la sociedad española inicia un proceso de recuperación del apoyo democrático que, sin embargo, no implica un retorno a las dinámicas previas a la recesión.
Se asiste a una reconfiguración cualitativa del consenso democrático, caracterizada por actitudes más críticas, deliberativas y exigentes hacia el funcionamiento del sistema político, con mayor dispersión ideológica y generacional.
Se puede hablar de dos subetapas. La primera, que se desarrolla desde 2012 hasta 2018, donde se pasa de un 77 por ciento de personas, en 2012, que consideran la democracia como preferible a cualquier otra forma de gobierno hasta septiembre de 2018 donde el apoyo llega al 85,8 por ciento.
Durante el mismo periodo, el porcentaje de españoles que señalan preferencia por un régimen autoritario, disminuyen del 6,5 por ciento al 5 por ciento.
La segunda subetapa, que abarca de 2018 a 2025, presenta un comportamiento más ambivalente. La preferencia por la democracia sigue siendo mayoritaria, pero muestra una tendencia descendente del 85,8 por ciento en 2018 al 79,2 por ciento en abril de 2025. Al mismo tiempo, las preferencias por un régimen autoritario aumentan del 5 por ciento al 8,6 por ciento.
Este fenómeno, aun sin constituir una amenaza estructural para la legitimidad democrática, evidencia tensiones perceptibles en la cultura política española, ligadas a procesos de polarización ideológica, fatiga institucional, dinámicas de bloqueo político y persistentes problemas socioeconómicos.
La democracia española, en consecuencia, se enfrenta al desafío de fortalecer su desempeño y profundizar en la calidad institucional para mantener, en el largo plazo, un apoyo ciudadano que continúa siendo mayoritario, pero que es cada vez más crítico, vigilante y deliberativo.
