A la medianoche de este viernes 21, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, posteó en su cuenta en la red social X una de las largas reflexiones a las que nos tiene acostumbrados, en esta oportunidad dedicada a la crisis política venezolana.
Participé activamente buscando un diálogo nacional en Venezuela, y medie algo entre el gobierno de Maduro y el de Biden, antes de elecciones. Se reunieron en Bogotá los gobiernos de Europa, EEUU, Venezuela y Colombia e hizo presencia la oposición venezolanaLa idea era lograr… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 21, 2025
En la misma da su versión de los intentos de mediación en los que participó, previos y posteriores a la elección del 28 de julio de 2024. Dejando de lado que el recuento de los hechos que expone es, por decir lo menos, incompleto, no obstante, lo aprovechamos a fin de destacar que sea precisamente él quien reivindique, en este caso como experiencia de gobierno compartido entre gobierno y oposición para Venezuela, el ejemplo del Frente Nacional de Colombia, que puso fin al conflicto civil entre liberales y conservadores en ese país.
Efectivamente, el Frente Nacional tuvo origen en dos pactos suscritos en la ciudad española de Benidorm entre los expresidentes Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, por los partidos liberal y conservador, respectivamente, mediante los cuales reconocían, en primer término, las responsabilidades de cada grupo en la ola de violencia política que ensangrentó a Colombia durante décadas y que se exacerbó con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948.
Dependiendo de las fuentes que se citen, se estima que el enfrentamiento entre los dos bandos costó la vida de entre 100 mil y 300 mil colombianos y la migración forzosa de, al menos, otros dos millones, muchos de los cuales cruzaron entonces la frontera colombo-venezolana.
Esa violencia acabó con el régimen constitucional colombiano y desembocó en el golpe de Estado del 13 de junio de 1953, con el cual el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder e impuso un gobierno militar que duró hasta su caída en mayo de 1957. Dato: a diferencia de Venezuela, ese fue un hecho absolutamente excepcional en la historia de Colombia.
Los dirigentes liberales y conservadores depusieron sus diferencias e hicieron un frente común a fin de evitar que el general presidente siguiera en el poder. Esta es la parte del relato que el presidente Petro no nos cuenta; el citado acuerdo bipartidista se hizo, en principio, no con Rojas Pinilla, sino en contra de él.
Una vez que lo sacaron del poder, los dos partidos acordaron gobernar en coalición y alternarse en la Presidencia durante cuatro periodos (16 años en total), además de asegurarse el reparto igualitario de la administración del Estado (ejecutiva, legislativa y judicial) durante esa etapa.
El pacto, que también contemplaba la confirmación del derecho de la mujer al voto, así como el incremento del presupuesto a la educación pública, fue refrendado por abrumadora mayoría en el plebiscito nacional del 1º de diciembre de 1957.
El 4 de mayo de 1958, el liberal Alberto Lleras Camargo fue elegido presidente de Colombia con el 79% de los sufragios. El suyo fue el primero de los cuatro sucesivos gobiernos del Frente Nacional.
Por cierto, el candidato derrotado en esa elección fue el disidente conservador Jorge Leyva Urdaneta, padre de Álvaro Leyva, primer canciller de Petro y ahora uno de sus enemigos jurados.
Comentamos que, como un exmilitante del M-19, cuya acción aún hoy reivindica, resulta desconcertante que en sus reflexiones de medianoche el mandatario sugiera como modelo de convivencia el Frente Nacional colombiano, cuando esa agrupación insurgente abiertamente rechazó, y se alzó en armas contra ese acuerdo bipartidista que consideró como un mecanismo de la “oligarquía” destinado a excluir la participación política de otros sectores.
Ciertamente, el aspecto más criticado de aquel acuerdo bipartidista fue la exclusión que hizo de otros grupos distintos a los liberales y conservadores. Concretamente, la polémica elección del 19 de abril de 1970, en la cual (se supone) el conservador Misael Pastrana Borrero (último presidente del Frente Nacional y padre del también expresidente Andrés Pastrana) derrotó al general Rojas Pinilla por un estrecho margen, dio pie a acusaciones de fraude electoral y fue considerada la carta de nacimiento de la guerrilla urbana que se autodenominó Movimiento 19 de Abril (M-19).
Sin embargo, aquel imperfecto pacto entre liberales y conservadores (cuyo primer éxito consistió en que dejaran de matarse mutuamente) le ahorró a Colombia dictaduras militares como las que proliferaron en la región en los años sesenta y setenta del siglo pasado, y le dio la larga estabilidad institucional que ha sido el fundamento de su actual democracia, que contra viento y marea ha sobrevivido al acoso constante de la violencia.
En 1974 los dos partidos pusieron fin a la coalición y se volvieron a enfrentar con votos en la elección de ese año.
Esa tradición “pactista” colombiana facilitó, a su vez, la Constituyente de 1991, en la cual los exguerrilleros del M-19 se pacificaron e incorporaron al sistema político. Y así fue como la izquierda colombiana consiguió con los votos lo que no pudo lograr con las balas: la alcaldía de Bogotá en la candidatura de Petro en 2014, y, con él mismo, en 2022, el gobierno nacional.
Sirva lo anterior de ejemplo para recordar que todas (absolutamente todas) las democracias liberales (es bueno poner el apellido) que en la actualidad existen en el mundo se basan en pactos entre adversarios en torno a reglas de juego comunes. Acuerdos que permiten la constitución de gobiernos surgidos del consentimiento de los gobernados, mediante los cuales se ejerce la alternancia pacífica del poder político y se garantizan las libertades civiles fundamentales.
A donde quiera que miremos, observaremos el mismo patrón. Pero no vayamos muy lejos: Venezuela tuvo en la misma época su propia versión (mejorada) del Frente Nacional; el Pacto de Puntofijo, acuerdo suscrito en octubre de 1958 entre los líderes de los tres principales partidos del país (AD, URD y Copei), mediante el cual sus líderes acordaron respetar los resultados de la elección presidencial que se efectuó unas semanas después (a diferencia de Colombia, un año antes no presentaron una candidatura unitaria) y compartir en coalición las tareas de gobierno, independientemente de quién ganara, sin que un grupo hegemonizara a los otros.
El “espíritu de unidad nacional” que se concretó en Puntofijo había tenido su origen en la decisión de los (clandestinos y perseguidos) partidos opositores de deponer sus diferencias a fin de hacer causa común contra la dictadura militar. Es decir, similar al caso colombiano, se unieron contra el déspota de turno, no con él. Una vez superado ese escollo, el temor a que otro golpe de Estado interrumpiera un nuevo intento por instaurar la democracia en Venezuela fue el principal incentivo de los firmantes.
Por entonces, los protagonistas del pacto tenían claro que el primer y accidentado experimento democrático venezolano (1945-1948) había salido mal, principalmente porque Rómulo Betancourt y sus compañeros se equivocaron al pensar que la legitimidad electoral (muy mayoritaria, por cierto) les sería suficiente para garantizar la estabilidad política. La terca realidad les golpeó el 24 de noviembre de 1948. Una década después, Betancourt, a quien el destino le otorgaba una segunda oportunidad, estaba decidido a no cometer el mismo error.
El Pacto de Puntofijo, en su letra y ejecución, fue más amplio y flexible que el Frente Nacional; aunque formalmente duró solo dos años, su impulso pervivió una década completa. En vez de ensayar una alternancia bipartidista cerrada, en Venezuela se practicó en los primeros años del régimen de la democracia representativa un multipartidismo competitivo con distintas coaliciones de gobierno. No obstante, hay que decir que la evolución de las dos naciones había sido muy distinta desde el siglo anterior; además, gracias a la industria petrolera, Venezuela tenía un desarrollo socioeconómico mayor al de Colombia y sus gobiernos contaban con mayores recursos para atender las demandas sociales.
Sin embargo, todo hay que decirlo, el Pacto de Puntofijo tuvo dos excluidos: el general Marcos Pérez Jiménez, dictador derrocado que, al igual que Rojas Pinilla, el tiempo demostró no le faltaban simpatizantes; y el Partido Comunista, el aliado de la lucha clandestina, pero al que por razones tácticas Betancourt insistió en dejar fuera de la coalición de gobierno.
Ninguno de los dos acuerdos fue modelo de impoluta perfección, pero no por casualidad hace medio siglo en América Latina solo había tres democracias: Costa Rica, Colombia y Venezuela.
Aunque al parecer nadie aprende del pasado ni en cabeza ajena, la lección nos parece clara: Venezuela no se estabilizará ni tendrá democracia hasta que no se llegue a un pacto en el propio campo democrático. El país ha sido lanzado al abismo porque el grupo que detenta el poder político desde enero de 1999 se considera dueño de la verdad absoluta, encarnación de la justicia universal y propietario exclusivo de su población y territorio, a perpetuidad y sin necesidad de rendir cuentas.
La diferencia fundamental entre Colombia y Venezuela a lo largo de los últimos treinta años es que el acuerdo, el pacto, la negociación entre adversarios ha sido demonizada, principalmente (aunque no exclusivamente) por el chavismo. Sin eso no hay democracia ni libertad.
En ese punto, Gustavo Petro, probablemente sin darse cuenta, tiene razón.
@PedroBenitezF
