El aguijón
En vísperas de su natalicio, el 27 de octubre, la figura de Carlos Andrés Pérez (CAP) no es solo un recuerdo histórico; se alza como el espejo trágico e ineludible de las promesas incumplidas y los errores fatales de la democracia venezolana. Para abordar a CAP con seriedad y visión constructiva, es imperativo trascender la confrontación estéril, reconociendo la magnitud de un liderazgo que fue, a la vez, el pilar de la República y la dinamita del sistema.
La trayectoria de CAP, que incluye su rol como ministro de Relaciones Interiores en el turbulento nacimiento de la democracia, revela una dedicación inquebrantable a la primacía civil y al sistema de libertades. Fue un líder continental que, como pocos, se atrevió a confrontar dictaduras, promoviendo activamente la libertad en América Latina. Esta firme coherencia democrática le ganó la profunda animadversión de sectores que aspiraban a imponer sus caprichos dictatoriales. De hecho, como bien destacó Simón Alberto Consalvi sobre la política exterior de CAP, “esta fue una de sus áreas más fructíferas, creando una imagen de Venezuela que era muy halagadora.”
El análisis debe sopesar sus acciones en el contexto heredado. La crisis económica de los 80 no fue su creación, sino la factura histórica del modelo rentista que toda la clase política anterior había consentido. Sin embargo, en su primer mandato (1974-1979), CAP llevó este modelo al extremo: la nacionalización del petróleo (1976) y la creación de Fundayacucho fueron actos de soberanía y visión social, pero esta bonanza financió la peligrosa ilusión de la renta inagotable, consolidando el populismo.
El drama social y político se desgarra en su segundo mandato (1989-1993). Frente a la bancarrota, CAP demostró una audacia impopular al aplicar el “Gran Viraje”, un ajuste estructural necesario que, sin embargo, se percibió como una traición. Paradójicamente, su mayor legado institucional en este período fue la elección directa de gobernadores y alcaldes, un genuino avance hacia la madurez democrática. No obstante, la aplicación abrupta de las medidas detonó el “Caracazo” (1989), cuya represión es la mancha moral que la historia no puede borrar.
La culminación de este proceso fue su destitución por juicio político en 1993, basada en malversación de fondos, un evento políticamente motivado que fue el acto más corrosivo: una venganza sectaria de las élites que, al decapitar al líder, deslegitimaron el sistema. Como el jurista Arteaga Sánchez señaló: “el Presidente Constitucional de la República ha sido juzgado y condenado por un órgano del Poder Público al que no le compete, en absoluto, tal función.” La mezquindad de sus oponentes creó un vacío fatal.
El legado final y más crucial de Pérez reside en la lucidez de su profecía sobre el futuro. Él entendió que sus adversarios, al desmantelar su gobierno, abrían la puerta a la liquidación del sistema de libertades, y con dolorosa premonición, clamó en su último discurso: “Quiera Dios que quienes han creado este conflicto absurdo no tengan motivos para arrepentirse.”
Por ello, Carlos Andrés Pérez es, en última instancia, el reflejo de una nación que, por negarse a asumir la responsabilidad colectiva del modelo rentista y sucumbir a la polarización, entregó su soberanía al caudillismo del siglo XXI.
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