En los últimos días algunas voces autorizadas, desde lugares muy distantes, han advertido sobre la peligrosa tendencia (que aparentemente se acepta) de prescindir de la ley para resolver los problemas del mundo. Ante la ineficacia frente a los males – pero, en muchos casos para justificar ambiciones nacionales o personales – se reclama la posibilidad de actuar más allá de la norma. No es la primera vez en la historia que han aparecido tendencias similares, pero ocurre ahora cuando el derecho parecía imponerse luego de su negación por los movimientos totalitarios que con propuestas engañosas desencadenaron una gran tragedia para la humanidad.
Ilustración de Juan Diego Avendaño.
El final de la II Guerra Mundial produjo un despertar de ilusiones. El triunfo de las “democracias” (dentro de las cuales se pretendió incluir a la Unión Soviética, bajo el dominio brutal de Iosip Stalin) hizo creer a muchos que se iniciaba una era de imperio del derecho y de propagación del sistema democrático. Y precisamente para “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que … ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles” (como en los genocidios de Europa y China) y afirmar la vigencia “de los derechos fundamentales del hombre y 1a dignidad y el valor de la persona”, así como “promover el progreso social y elevar el nivel de vida” en libertad, se creó un nuevo orden internacional, fundado en el respeto a la ley internacional, cuya dirección y mantenimiento se confió a una nueva organización (Naciones Unidas) con capacidad de decisión y acción.Pronto se hizo evidente que la victoria de los Aliados no significaba el triunfo del derecho y el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos. Lo temía W. Churchill, quien denunció poco después (Fulton, Miss. 1946) la imposición de un régimen totalitario sobre el este de Europa (tras la “cortina de hierro”). También se produjo en China con el triunfo de los revolucionarios de Mao Zedong (1949). Así, cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (París, 1948) se sabía que aquel texto tendría vigencia limitada y que era un manifiesto programático más que norma de eficacia inmediata. En verdad, las esperanzas renacieron con la caída del “muro” de Berlín (1989); pero, ocurrió cuando se liquidaba en Tiananmen la democratización, iniciada tímidamente a la muerte del “emperador rojo”. Por entonces, se había esfumado la ilusión de convertir el Tercer Mundo en otro hogar de la libertad y la democracia.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial se admitió –así se creía– la tesis de la universalidad de los derechos del hombre. Deriva de un hecho que demuestran la ciencia y la historia: el origen común y, por tanto, la naturaleza común de los seres humanos. Todos son iguales y gozan de los mismos derechos y libertades. Lo había proclamado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (París, 1789): “Artículo 1º: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos … Artículo 2º: La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre”. Ningún otro texto, anterior o posterior, es tan claro y preciso. En 1948 la Asamblea General de la ONU manifestó en París la adhesión formal de la comunidad internacional a sus postulados (Declaración Universal de los Derechos Humanos). Esos derechos constituyen un freno a otro hecho natural: el poder.
El poder, entendido como fuerza que permite la realización de los fines de la sociedad, es un fenómeno natural, que deriva de los grupos animales que precedieron nuestra especie. Entre los primates se manifiesta de muchas formas. Cada conjunto tiene una dirección, cuyo objeto es la protección de sus miembros y la permanencia en el tiempo. Se rige por reglas, que dicta el instinto. También el homo está dotado de un poder de dirección; pero su acción no está determinada por el instinto, sino por normas que establecen los miembros del colectivo. El tamaño de los grupos y las circunstancias que cada uno debía enfrentar fueron diseñando diferentes modelos. Debemos suponer que los primeros no fueron muy diferentes a los de sus ancestros inmediatos y que evolucionaron progresivamente, en atención a las circunstancias propias en cada etapa histórica. Sin embargo, no los conocemos en forma precisa. El proceso de institucionalización fue lento.
Poco más de 10.000 años atrás, en diversos lugares del Oriente Próximo, con los primeros ensayos de sedentarización en aldeas y pequeños poblados, resultado de la práctica de la agricultura, comenzó la evolución del fenómeno del poder. Se hizo estable, se rodeó de símbolos y se extendió con las migraciones. Milenios después –hace más de 5.000 años– se pretendió racionalizar el poder, lo que no significó necesariamente sumisión a normas o principios, sino más bien dar fundamento a su acción (siempre, teóricamente, el beneficio colectivo), independientemente de cómo y a quién se atribuyera. En fin, pocos siglos antes de nuestra era, se pudo observar la aparición de varias formas de ejercicio del poder, conforme al número de participantes; y en Grecia y Roma se hizo la distinción entre las buenas y las viciadas (que servían intereses particulares de grupos o personas): monarquía y tiranía, aristocracia y oligarquía, democracia y anarquía.
En la antigüedad la democracia, como poder del pueblo (conjunto de hombres libres), no fue un ensayo limitado a la cuenca mediterránea. Se practicó en otros lugares (como India). Sin embargo, después de un receso de varios siglos tomó fuerza en Europa Occidental, luego de los “Decreta” de las Cortes de León (1188) y la “carta magna” inglesa (1215). Lentamente fue penetrando los espíritus, hasta hacerse realidad con las revoluciones liberales (siglos XVIII y XIX). Desde entonces amplió su contenido. El poder se hizo atributo del común, se reconocieron los derechos como facultades naturales e inmanentes de los seres humanos y la actividad del estado y las personas se reguló por la ley. También ganó espacios donde no se practicaba o era desconocida, en viejas y nuevas sociedades. Se proclamó universal. En fin, se multiplicaron los tratados que acogían sus principios y obligaban a la solución pacífica de los conflictos.
Se creía que la humanidad había aceptado la sumisión a las normas jurídicas (dictadas según principios que se tenían como naturales y por tanto universales). Francis Fukuyama llegó, incluso, a proclamar el fin de la historia como “lucha de ideologías” (y de las guerras y revoluciones sangrientas). Lo pensaba también Alexandre Kojève (aunque por otras causas). Aquel afirmaba que sucederían más cosas, pero determinadas por la ciencia. En todo caso, muchos señalaban que el desarrollo de los acontecimientos marcaba tendencias generales hacia mayor libertad, justicia y bienestar: la derrota de los totalitarismos, la descolonización del Tercer Mundo, el despertar árabe, la democratización en América Latina, las reformas en China, el derrumbe del socialismo real, la expansión económica mundial, entre otros. Llevados por el entusiasmo, algunos pensadores olvidaron que la historia no es lineal (más bien en zigzag). Marcha, es cierto, hacia la superación, pero, lo hace con pausas, tropiezos y desvíos.
Pero, al poco tiempo volvieron los viejos demonios. Se quiere apagar los sentimientos de solidaridad. Se reduce la ayuda a los países más pobres; y las sociedades que atraen migrantes los rechazan. Lo han denunciado organizaciones internacionales y S.S. León XIV: son, dijo en homilía reciente (23.10), “una bendición divina” y los Estados tienen “la obligación moral de proporcionar refugio”. Se limitan las libertades (en aras de la seguridad pública), aun en la cuna de la democracia (Europa y Estados Unidos). El autoritarismo (con tendencia al absolutismo) retornó al Kremlin y en China se liquida cualquier intento de democratización. En muchos países del Tercer Mundo se instalan férreas dictaduras. Tras una breve primavera democrática, resurge con fuerza el islamismo radical: incluso se reconoce la vigencia de la sharía. En fin, el poder se refuerza con nuevas armas y mayores ejércitos. Las potencias formulan exigencias y desatan guerras para obtenerlas.
El derecho –como regulación de la conducta social por normas creadas por el ser humano– no ha perdido vigencia. Tampoco los principios que rigen su contenido. Sin embargo, en momentos de grandes cambios –ciertamente estamos en los inicios de un nuevo tiempo– surgen dudas ante la necesidad de adaptarlas a las nuevas circunstancias. Ahora el cumplimiento de esa labor requiere capacidad de innovación, precaución ante apremios y excesos, celeridad en las decisiones. Pero, el objeto se mantiene: el logro del bien común. En esta tarea quieren participar todos los sectores de todos los pueblos. Se trata de una aspiración permanente.
X: @JesusRondonN
