Crímenes de lesa humanidad, persecución por motivos políticos; hechos que comportan graves violaciones y abusos de derechos humanos, y que incluyen la privación de la nacionalidad por motivos políticos, con total impunidad y sin reparación alguna. Existen motivos razonables para creer que el actual Presidente de Nicaragua y la Vicepresidenta son los principales responsables. Así de contundente es una de las diversas conclusiones del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, GHREN.
El gobierno de Nicaragua abandonó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el pasado 25 de febrero del 2025 después de conocer el penúltimo informe de GHREN. La copresidenta, Rosario Murillo, dijo: “Repudiamos todos los insultos, todas las ofensas, todas las falsificaciones, todas las agresiones, todo lo que constituye la política colonialista que rige acciones de organismos que debían servir al bien de todos”. Es el estilo inveterado del gobierno de Nicaragua, la descalificación sin argumentación sobre el contenido del informe. Ni una palabra, por ejemplo, sobre las olas represivas contra miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas que implican violaciones del derecho de miles de personas de practicar libre y públicamente su religión, y afectan el goce de otros derechos como las libertades de conciencia, expresión y opinión.
En buenas cuentas como no están dispuestos a respetar los señalamientos de los organismos internacionales renunciamos ellos e impedimos su acceso al territorio nacional. Medida soberana que no exculpa ni ayuda en nada a un gobierno señalado como totalitario y responsable de crímenes de lesa humanidad.
Esta es una entrevista exclusivas con Reed Brody, uno de los integrantes del GHREN.
El Grupo de expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, al que usted pertenece presentó una actualización de su informe sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde el 2018 por el gobierno de Ortega y Murillo. Ustedes se centraron esta vez principalmente en la persecución política de carácter extraterritorial. ¿En qué consiste esta actividad ilícita?
El último informe se centra en lo que llamamos la represión transnacional. O sea que el gobierno de Nicaragua está extendiendo su represión contra los opositores más allá de la frontera de Nicaragua, con otras palabras, a los ciudadanos nicaragüenses en el extranjero. La persecución se lleva a cabo a través de una serie de medidas severas, por ejemplo, la privación arbitraria de la nacionalidad. 452 nicaragüenses han sido despojados formalmente de su nacionalidad. Hay mucho más, como que no pueden volver a su país. Tenemos por lo menos a 318, pero seguramente miles de nicaragüenses que han intentado volver a y han sido notificados, sobre todo por la Compañía de Aviación: “perdón, usted no tiene autorización para ir a Nicaragua”. O gente que ha ido a renovar su pasaporte en los Consulados o en la misma Managua, y se los han denegado: “Usted no consta, no tenemos registro de sus documentos” Son seres desnaturalizadas de facto. Su situación aún es peor. En el caso de las personas desnaturalizadas formalmente hay por lo menos una constancia judicial. Pero las personas que no pueden renovar su pasaporte, que carecen de documentos válidos no tienen cómo explicar su nacionalidad en el país de acogida porque son intencionalmente indocumentados. Después hay toda una vigilancia digital muy activa de las personas percibidas como opositoras ya sea en Costa Rica, en México, en España, en diversos países. Hay amenazas, intimidación y castigo de las familiares de opositores que viven en el exterior. Sus familiares que permanecen en Nicaragua han sido víctimas de intimidación y de hostigamiento.
Cada pasaporte negado, cada nacionalidad borrada, es parte de una estrategia para acallar las voces críticas en Nicaragua, pero sobre todo más allá de las fronteras.
¿Es cierto que hay indicios de que el Gobierno de Nicaragua ha ordenado el asesinato de algunos disidentes fuera de sus fronteras?
Sobre todo, después del trágico asesinato de Roberto Samcam, mayor en retiro, en Costa Rica el 19 de junio de este año (sicarios le dispararon ocho veces: cuatro al tórax, dos al abdomen y dos en una pierna. Se trata del cuarto ataque contra un opositor nicaragüense en Centroamérica. Nosotros no podemos descartar que haya una motivación política. Las autoridades costarricenses están investigando el caso. Hace unos días, el organismo de Investigación judicial en Costa Rica detuvo a cuatro personas y confirmó que están continuando las investigaciones para encontrar a los autores intelectuales. Entre las líneas de la investigación consideran la motivación política. Es evidente que la responsabilidad no solo de los autores materiales, sino de quienes hayan podido planificar, financiar, y ordenar esos delitos llama mucho la atención. La muerte de Roberto Samcam subraya una realidad que se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua.
Los opositores al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se sienten seguros. Nosotros no podemos hoy en día concluir en una responsabilidad del Gobierno de Nicaragua, pero es incuestionable que las coincidencias y circunstancias no permiten descartar esa posibilidad de móvil político.
Hay una situación, por calificarla de alguna manera, ominosa. Durante la dictadura de Somoza, los sandinistas refugiados en Costa Rica hicieron una serie de actividades destinadas a derrocar al tirano nicaragüense. Y el ejemplo de esas acciones parecen servirle ahora al gobierno de Nicaragua para acosar a los opositores nicaragüenses que reclaman libertad.
Estamos hablando de un país, Nicaragua, donde hay centenares de miles de personas, casi 10% de la población se ha ido del país. Sea por razones políticas, sea por razones económicas, ya han hecho imposible que un nicaragüense dentro del país hable. La vigilancia y la represión es tan omnipresente que hoy no hay necesidad en Nicaragua de tirar contra manifestantes como en 2018, porque no los hay. Entonces ahora están tratando de también aniquilar toda oposición fuera del país. Recuerdo que hace unos meses la copresidenta Rosario Murillo de los condenables, los imperdonables, los que jamás podrán retornar a esta tierra que ya no les pertenece (martes 29 de abril en medios oficiales) La persecución se ha convertido en política del Estado, que buscan hacer la vida imposible con medidas crueles y vengativas. Vale decir, hay personas que ni pueden renovar ni obtener sus títulos universitarios porque el ente emisor de los títulos, los destruye. Todo para controlar, para decirlo así, “para joder” a los que están en el exilio.
El anterior informe menciona a lo menos a 54 personas comprometidas con una serie de delitos: detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil. ¿Qué desea el Grupo de expertos de Naciones Unidas con estas personas y con quienes los dirigen?
En el penúltimo informe hemos publicado por primera vez las cadenas de mando, publicamos diagramas que muestran que, por ejemplo, sobre los delitos por detenciones arbitrarias, quién está detrás, quién organiza, quién fabrica los casos. En el tema de las confiscaciones ilegales, cuál es el procedimiento. En el caso, sobre todo en 2018, de los asesinatos extrajudiciales contra manifestantes, cómo se operó.
Hemos publicado los nombres por primera vez de 54 personas que, según el estándar de prueba, el umbral de evidencias que tenemos, como responsables de haber participado en esas violaciones y en algunos casos en crímenes de lesa humanidad. Los sospechosos gozan de la presunción de inocencia, pero tenemos en cada caso un archivo sobre la participación que hemos resumido en el informe, pero detrás existe una documentación con archivos para cada uno de ellos.
Una parte de nuestro mandato es identificar a los responsables, no solamente documentar las violaciones a los derechos humanos, sino también identificar a los presuntos responsables y ayudar a los procesos de rendición de cuentas. En cada instancia los tres expertos que formamos el grupo hemos pesado si tenemos las pruebas suficientes que esas personas participaron activamente. No se trata de los funcionarios que llegan a la oficina para invalidar pasaportes. Los mencionados han participado conscientemente, activamente.
Queremos que las normas, los procedimientos, sean conocidos por la comunidad internacional, a la hora de decretar medidas o sanciones económicas, como en el caso de Argentina en donde hay expedientes judiciales abiertos. El propósito es ayudar a la búsqueda de la rendición de cuentas.
Hay una situación contradictoria. Por una parte, si uno lee el reciente informe que ustedes han presentado parece imposible contradecirlo con argumentos serios, salvo que se trate de
argumentos ideológicos. Pero a la vez un informe tan contundente como este no tiene detrás las medidas que pueden hacerlo efectivo. Y eso es extraordinariamente frustrante.
Vivimos en un mundo de impunidad. Acabo de escribir un libro sobre un dictador africano. El libro se llama Atrapar un dictador, la búsqueda de la justicia en un mundo de impunidad (Colección biografías y Memorias, Editorial Debate, mayo 2025) Lo cierto es que basta mirar el mapa del mundo para darse cuenta de la cantidad de crímenes y otros delitos que están por el momento, impunes.
Ahora, nosotros desde el GHREN estamos propiciando la movilización de una voluntad política de los Estados. No tenemos potestad para buscar directamente justicia, pero hemos pedido a la comunidad internacional que responsabilice, primero al Estado de Nicaragua ante el derecho internacional. Lo que acabo de contar sobre la privación arbitraria de la nacionalidad, no hay otro país en el mundo que la utilice como mecanismo de represión política específica, como lo hace Nicaragua. Eso constituye una violación flagrante de la Convención de Naciones Unidas sobre la patria. Estamos instando a los estados interesados en llevar Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violación de esos tratados. Lo mismo cuando se trata de la responsabilidad individual. Estamos pidiendo a los Estados que extiendan las acciones legales y sanciones dirigidas en contra de quienes hemos identificado en el informe. Nicaragua no es parte de la Corte Penal Internacional, sin embargo, como los crímenes de la deportación de personas Nicaragüenses a Guatemala, es un caso, Guatemala sí es parte de la Corte. Hay medidas que podría tomar la comunidad internacional y no lo está haciendo.
Usted es de una generación igual a la mía, que vivimos el triunfo de la revolución nicaragüense, la derrota de la dictadura de Somoza. ¿Imaginó que alguna vez estaríamos hablando de esto?
Como usted dijo, yo participé. Hace 40 años hice una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por la contrarrevolución en el 84-85. Pasé cinco meses investigando en Nicaragua. Mi informe fue utilizado tanto en el Congreso de Estados Unidos para cortar la ayuda a la Contra, como fue aprovechado por el Gobierno de Nicaragua para lograr condenar a los Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Yo no imaginaba que las mismas personas que se alzaron, como Daniel Ortega, para acabar con una dictadura familiar, terminaría creando su propia dictadura familiar. Bueno mi tristeza, es nada comparada con la tristeza del pueblo nicaragüense, pero es una decepción muy grande.
Periodista de Radio Media Naranja y de Razones de la Palabra – https://www.facebook.com/razonesdelapalabra?ref=hl – http://radiomedianaranja.com/ – Colaborador de https://www.opendemocracy.net/es/ – Teléfono:0031653348852 – Correo: zepedavaras@gmail.com
