En Venezuela la represión no distingue. Cae sobre venezolanos y extranjeros. La cárcel es el instrumento. El miedo, la política de Estado.
El último informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU no deja lugar a dudas. Tras el fraude del 28 de julio de 2024, el régimen profundizó su política de terrorismo de Estado. Más de 2.200 detenciones arbitrarias. 30 muertes documentadas, 25 en manifestaciones y 5 bajo custodia. 30 desapariciones forzadas. Torturas brutales: descargas eléctricas, asfixia, aislamiento en celdas de un metro cuadrado. Violencia sexual contra hombres, mujeres, adolescentes y personas LGBT.
Los expertos lo dicen sin adornos: la represión es sistemática, corresponde a un patrón, a una metodología. No son hechos aislados, es un plan de persecución según lo establecido en el Estatuto de Roma, y así lo confirma la ONU. Son crímenes de lesa humanidad.
Entre los presos políticos hay venezolanos de todos los sectores. Estudiantes, profesores, sindicalistas, periodistas, amas de casa y hasta familias enteras. También políticos, militares y defensores de derechos humanos. No existe un perfil único. El objetivo es sembrar miedo. Lo cierto es que la lista de víctimas crece. Jóvenes asesinados en protestas, obreros que se suicidan en sus celdas, mujeres embarazadas sin atención, presos que pierden 20 kilos por hambre. Todos invisibles para un sistema que los trata como desechos.
Pero también sabemos de extranjeros. Foro Penal registra al menos 89 detenidos con otra nacionalidad. 10,8% del total de detenciones arbitrarias. Por su parte, los expertos de la Misión de Determinación de los Hechos pudo documentar 84 casos de 30 países. Muchos incomunicados. Sin abogados, sin visitas familiares, sin asistencia consular.
España tiene identificados 20, entre ellos 16 con doble nacionalidad. Italia reconoce 12, como el trabajador humanitario Alberto Trentini, aislado desde noviembre. Francia estuvo negociando en silencio la liberación de Lucas Hunter, finalmente liberado en el canje con Estados Unidos y El Salvador. Argentina reclama por el gendarme Nahuel Gallo, víctima de desaparición forzada desde que llegó al país. Portugal teme por su comunidad y trabaja por la liberación de un binacional. Colombia por los 34 ciudadanos incomunicados. El estudiante ucraniano Yevhenii Petrovich Trush también está en la lista.
El patrón se repite: secuestro de Estado. Con los venezolanos, control social, paralización de la acción ciudadana. Con los extranjeros, extorsión política y económica. La propia Misión de Determinación de Hechos señaló cómo las liberaciones de algunos extranjeros se logran solo después de negociaciones diplomáticas. Son rehenes de Estado usados como fichas. Una práctica idéntica a la de Putin y Lukashenko.
Por eso, nadie se llama a engaños salvo los aliados de Maduro. Durante el debate que se llevó a cabo en el Consejo de Derechos Humanos quedó en evidencia. Por ejemplo, el representante de Chile señaló que “hay una política estatal deliberada para silenciar a la oposición”. Noruega habló de la complicidad del sistema judicial. Perú expresó su profunda preocupación por el acoso a las familias de opositores. La UE denunció torturas y violencia sexual. España recordó que tiene cuatro nacionales presos, además de 16 con doble nacionalidad. Bélgica se unió a la UE para denunciar detenciones de dirigentes como Guanipa, Superlano, Carreño, San Miguel, entre otros tantos. Suiza pidió el cese inmediato de la represión y la liberación de los arbitrariamente detenidos.
Mientras, Brasil usó el espacio para abordar un tema que no formaba parte de este debate: pidió respeto para los migrantes venezolanos y denunció posibles ejecuciones extrajudiciales en aguas cercanas, y, Colombia, prefirió no intervenir en defensa de sus 34 detenidos. El resto, sus aliados ideológicos como China, Corea del Norte, Eritrea, Cuba, o Irán, repitieron consignas gastadas, como la injerencia en asuntos internos, no contar con la aprobación del Estado concernido, o la motivación política de la investigación.
La respuesta oficial del régimen también fue poco creativa regresando una y otra vez a las monsergas ya conocidas. Es decir, negación y ataque. Por eso, vimos al representante de Maduro descalificando a la Misión, acusándola de novelera, de inventar testimonios, de estar políticamente motivada. Y como en otras ocasiones repitió que la ONU gasta, ya no cinco, sino 10 millones de dólares en “parodias”. La contradicción es brutal. Un país que acusa al mundo de conspirar, mientras encarcela a más de dos mil personas, y tortura y desaparece a muchos de ellos. Un régimen que niega crímenes de lesa humanidad, mientras empuja a morir a seis detenidos por falta de atención médica.
De igual forma, algunos gobiernos se mueven muy bajo perfil tratando de conseguir algún resultado, pero otros prefieren callar. Lo cierto es que ya nadie puede decir que no sabe porque una vez más, el informe es categórico. No se trata de eventos aislados. Se trata de terrorismo de Estado. Los datos están ahí. Más de 9 millones de migrantes. Más de 2.000 presos políticos. Decenas de extranjeros en manos del régimen.
Europa, América y en realidad toda la comunidad internacional debe ver el cuadro completo.
La represión en Venezuela no es local. Sus tentáculos van más allá de las fronteras y tal como dice María Corina Machado, operan en todo el continente. Su impacto es regional y nuestra sociedad entera es víctima de la extorsión de una organización criminal que se ha apoderado de las instituciones, recursos y territorio, como bien señalaba el presidente electo, Edmundo González Urrutia en las redes sociales poco después de presentado el informe al Consejo.
Entonces, la pregunta ya no es si el régimen comete crímenes de lesa humanidad. La pregunta que se impone es si el mundo libre va a normalizar que en pleno siglo XXI que cada vez más Estados conviertan en rehenes a sus propios ciudadanos y a los de otros países.
Porque lo que hoy pasa en Venezuela avanza, mañana puede pasar en cualquier otra parte.
