En un mundo donde lo ilegal se convierte en herramienta de poder, Venezuela enfrenta la prueba definitiva: Unirse o sucumbir.
Ilegalismos como política de Estado
En la historia reciente de la geopolítica occidental, el narcotráfico y el tráfico de armas han sido algo más que economías paralelas: constituyen auténticos dispositivos de poder, en el sentido que Michel Foucault otorgaba al término “ilegalismos”. No se trata de anomalías que desafían al Estado, sino de prácticas toleradas, administradas y, en ocasiones, instrumentalizadas por el propio aparato estatal para generar transformaciones estratégicas en territorios específicos.
Un ejemplo paradigmático lo hallamos en la política exterior norteamericana de los años ochenta. Washington necesitaba alterar la correlación de fuerzas en dos escenarios claves: Irán y Nicaragua. El célebre Irán-Contra mostró de manera descarnada esta dinámica: Estados Unidos facilitó la venta encubierta de armas a Irán —formalmente su enemigo en plena revolución islámica—, utilizando los ingresos obtenidos para financiar a la “Contra” en Nicaragua, que combatía al sandinismo. La operación era doblemente ilegal: violaba las propias leyes del Congreso norteamericano que prohibían financiar a la Contra y vulneraba embargos internacionales.
En esta red convergieron actores estatales, paramilitares y financieros de muy distinta índole. El cartel de Medellín, bajo el mando de Pablo Escobar, se benefició de las rutas abiertas y de la tolerancia selectiva de agencias de inteligencia que, mientras combatían públicamente al narcotráfico, permitían su circulación cuando era funcional a intereses estratégicos. El general Manuel Noriega, en Panamá, jugó un papel de bisagra: fue aliado de la CIA, facilitador de tráfico y al mismo tiempo receptor de sobornos, hasta que su autonomía excesiva lo volvió prescindible y terminó derrocado por sus patrones, dígase, el gobierno norteamericano. Los países centroamericanos —Honduras, El Salvador, Costa Rica— fueron utilizados como territorios de tránsito, entrenamiento y encubrimiento, en una red donde lo ilícito se convirtió en engranaje del diseño geopolítico.
Incluso en este entramado, el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el Banco Vaticano, estuvo implicado en escándalos financieros que revelaron cómo fondos de origen dudoso pudieron integrarse al sistema financiero internacional. En 1982, el Banco Ambrosiano, vinculado al IOR, colapsó debido a una deuda de 1.300 millones de dólares, en un caso que involucró a la mafia italiana y a la logia masónica P2. Roberto Calvi, apodado el “banquero de Dios” y presidente del Banco Ambrosiano, fue encontrado muerto en Londres poco después del colapso del banco, en circunstancias que sugieren un asesinato vinculado a estos escándalos. Además, en la década de 2010, el IOR enfrentó investigaciones por transferencias sin justificar y cuentas abiertas por laicos sin vinculación religiosa, lo que llevó a la incautación de 23 millones de euros por sospechas de blanqueo de dinero, provenientes del narcotráfico o de ilegalismos internacionales como venta de armas.
Poder y dispositivo
El concepto de Foucault sobre los ilegalismos permite comprender que el Estado no busca erradicar lo ilícito, sino administrarlo selectivamente. Se castiga o se tolera según convenga, produciendo jerarquías y relaciones de dominación. Lo ilegal no desaparece: se convierte en un recurso político.
En este punto es oportuno señalar que el colega y filósofo el dr. Rafael Hurtado Malpica, quien fue miembro del equipo de investigación que coordiné en el Programa de Investigación Postdoctoral Estudios de la Vida Cotidiana en el Centro de Investigaciones Postdoctorales de la Universidad Central de Venezuela, desarrolla en Colombia una indagación clave. Su próximo libro sobre la filosofía del narcotráfico explora esta práctica más allá de la economía, de la criminalización jurídica o de la mirada médica: la entiende como una visión de mundo, una racionalidad cultural y política trasnacional con lógicas propias. Su trabajo será fundamental para comprender cómo el narcotráfico no solo financia redes de poder, sino que configura imaginarios colectivos y prácticas de subjetivación.
Venezuela: entre la negociación y la fractura
Llegados a la situación venezolana, conviene no caer en falsas simetrías. Aquí no se trata de un diálogo entre Gobierno y oposición, pues dialogar implica construir en común, como ocurrió en Chile durante la transición de Pinochet. Allí, con todo y la intervención encubierta de Estados Unidos, la oposición supo unirse, negociar y diseñar un pacto que permitió preservar ciertos enclaves del régimen militar —Pinochet continuó como Comandante en Jefe y miembros de la junta siguieron activos—, pero a cambio se abrió paso a una transición política encabezada por Patricio Aylwin.
En Venezuela, por el contrario, el régimen ha robado las elecciones, cerrando la posibilidad de un diálogo real. Lo que queda es una negociación futura, que solo tendrá sentido cuando el poder de Maduro se encuentre debilitado. Antes, cualquier invitación al diálogo no es más que una rendición disfrazada de paz. De allí que resulte desacertada la propuesta del rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el eminentísimo y reverendísimo padre, Arturo Peraza SJ, y algunos rectores universitarios de promover un encuentro directo entre María Corina Machado y Nicolás Maduro: eso equivaldría a legitimar la permanencia de un régimen ilegítimo, despótico y criminal.
La oposición, por tanto, debe priorizar la unidad interna. El verdadero diálogo debe darse entre sus múltiples actores, para diseñar colectivamente tanto la transición como la administración de justicia en la etapa postrégimen. Una salida abrupta sin este acuerdo sería sumamente peligrosa: podría sustituir un mal por otro de proporciones insospechadas.
Hoy Venezuela enfrenta, como nunca, la evidencia de que los ilegalismos no solo sostienen regímenes autoritarios en el poder, sino que moldean las condiciones de su permanencia. La encrucijada venezolana es clara: o la oposición entiende que solo la unidad y una negociación estratégica pueden abrir la transición, o el país seguirá atrapado en la lógica del poder ilícito que, como en la geopolítica mundial, siempre termina beneficiando al más fuerte. Y esta vez, el más fuerte no será la verdad ni la justicia, sino la ilegalidad que se disfraza de poder y de buenas intenciones democráticas.
