Se agitan, una vez más, los pueblos de América Latina. Afloran los reclamos, algunos seculares, y toman fuerza los conflictos (incluso, armados). Pareciera que ese es su estado natural. Pero, eso les impide dedicar mayor atención a la solución de sus múltiples problemas (algunos de interés universal, como el de la destrucción de la Amazonía). A los de origen interno, se agrega en estos días la presencia de una verdadera “flota” de guerra de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela, con el “propósito” de luchar contra el tráfico ilegal de drogas (que tiene a ese país como base de operaciones).
Ilustración de Juan Diego Avendaño.
Para muchos resulta extraño que Estados Unidos (luego de muchos y diversos ensayos, propios y extraños) pretenda luchar contra el tráfico de drogas, “que tanto daño causa a su población y, especialmente, a los más jóvenes”, mediante el despliegue de una flota en el mar Caribe. En verdad, no existe esa sola vía de acceso al territorio norteamericano. Pero, además, la experiencia histórica (como la del contrabando en las colonias españolas) ha demostrado que ningún muro detiene el tráfico ilegal de personas o productos. Se le combate en su origen o en el lugar de su destino. En todo caso, las barreras temporales (y nada indica que la fuerza enviada al Caribe permanecerá allí debido a sus altos costos) son ineficaces. Por eso, muchos piensan que la misión que le fue asignada es complementaria –y referida a Venezuela!– de la de otro grupo o factor que aún no ha aparecido.
Por otra parte, ningún vocero oficial ha informado que Donald Trump haya decidido una intervención militar en Venezuela. El mandatario es contrario a la utilización de tropas en el extranjero, aunque no al uso de armas contra potencias o grupos enemigos. Él mismo dispuso el retiro de las enviadas a Afganistán (tras los atentados de 2001); pero, también, el ataque con bombas muy destructivas contra instalaciones del programa nuclear iraní (2025). Aunque el ejército venezolano carece de preparación y armas sofisticadas, puede oponer alguna resistencia. Y, sin duda, cualquier intervención norteamericana enfrentará gran rechazo en el resto del continente. Por eso, existen dudas en la Casa Blanca. Sin embargo, presiona duro el “clan” cubano: el fin del “régimen bolivariano” provocaría el de sus socios en Cuba y Nicaragua y evitaría el desborde anunciado en Colombia y Honduras. Puede lograrlo con una operación de objetivos específicos, dentro de una más amplia de diversión.
El 11 septiembre de 2001, mientras ocurrían los atentados terroristas contra instalaciones emblemáticas en Estados Unidos, los cancilleres de 33 países americanos (sólo faltaba el de Cuba), reunidos en Lima aprobaron la Carta Democrática Interamericana. Desde allí mismo, por cierto, el Libertador Simón Bolívar había convocado el Congreso de Panamá (7 de diciembre de 1824) en vísperas del último y decisivo combate. Este era un raro momento de unidad y de esperanzas: el texto preveía la realización de un modelo de sociedad justa, regida por un gobierno democrático (liberal y participativo). Constituía, en verdad, una aspiración compartida por todos los pueblos del continente, aún desde antes de los primeros movimientos de independencia (finales del siglo XVIII). Parecía llegado el momento de lograrla: tras la descolonización del Caribe, la democratización del sur, el fin de las guerras en Centroamérica y las reformas en México. Nunca antes, desde 1810, hubo tanta unidad de propósitos.
El tiempo que siguió a la Asamblea General Extraordinaria de Lima (2001) pudo ser de verdadera liberación, de trabajo creador, de despegue hacia el desarrollo. Se contó con recursos suficientes y se tenía, de inicio, la buena voluntad de Estados Unidos y otras potencias, lo que pudo traducirse en inversiones de cuantía. Pero, precisamente, por entonces, comenzaban a desarrollarse y divulgarse las tesis del socialismo del siglo XXI. Ya en 1990 se había creado el Foro de Sao Paulo para combatir el neoliberalismo triunfante y proponer soluciones revolucionarias alternativas. El ascenso de Hugo Chávez al poder en Venezuela (1999) impulsó aquellos movimientos que en pocos años se impusieron en Brasil (2003), Argentina (2003), Bolivia (2006), Honduras (2006), Ecuador (2007) y más recientemente en México (2018) y Colombia (2022). La Carta Democrática dejó de tener vigencia práctica. Se interrumpieron los planes de desarrollo y, por supuesto, el proyecto de la unidad latinoamericana.
Apenas un puñado de países (¡sobran dedos para contarlos!) aparecen como democracias estables: Costa Rica (desde 1948) y Uruguay (desde 1985, aunque antes fue conocido como la “Suiza de América”) y desde fechas más recientes Panamá (1989) y República Dominicana (1996). Su vecino (Haití), en contraste, se hunde en la anarquía. En los dos anteriores, curiosamente, funcionan regímenes democráticos estables (con economías prósperas), surgidos de intervenciones extranjeras. “La calamidad es muy a menudo escuela de virtud”, explicó Marcus Minucius Felix, en el siglo III d.C.). Se mantienen los establecidos tras los procesos de democratización en el Sur: Brasil (1983), Argentina (1984), Paraguay (1989) y Chile (1990), pero sacudidos por crisis frecuentes (que hacen incierto su rumbo). Como los del Perú y Guatemala, afectados por permanente inestabilidad gubernamental. En El Salvador el ensayo derivó en un régimen autoritario que sólo promociona –realismo mágico– el “éxito” de sus cárceles.
Factor principal de alteración institucional, ha sido la actividad del régimen “bolivariano” de Venezuela, sostenedor de sus aliados “socialistas”: Cuba, Nicaragua, Bolivia (a punto de cambiar de campo como lo hizo Ecuador en 2017) y de nuevo Honduras. Apoya grupos armados y terroristas, fomenta insurrecciones y protestas, estimula la corrupción y protege el tráfico ilegal de drogas y otras materias. Se ha convertido en una dictadura, apoyada en las armas, que provocó la ruina económica y la emigración de millones de personas. Miles han sido detenidos y torturados. Está acusado de crímenes contra la humanidad ante la CPI. Además, enfrentó los planes y programas de Estados Unidos en la región; pero también las iniciativas para la integración regional. Dentro de ese cuadro, México ejerce poca influencia (política), ni siquiera en sus vecinos inmediatos: prefiere mantenerse al margen, pues debe atender a sus problemas internos, tal como ocurre en Colombia.
Los últimos años de la década pasada parecían de progreso y mejoramiento continuos para gran parte de la humanidad. Los índices económicos y sociales en los países más pobres y las regiones más atrasadas indicaban que mejoraba la situación. Se creía alcanzar los objetivos que para 2030 había fijado la ONU. De pronto, un virus resultado de una mutación natural o escapado de un laboratorio en China comenzó a expandirse por el mundo. En poco tiempo causó la muerte de millones de personas: 7.083.769 (5/1/2025), 1.755.125 en América Latina (10/8/2025). No eran inmunes a los peligros de convivir con la naturaleza. Y cuando aún no se había controlado totalmente los efectos de aquel enemigo microscópico, una de las potencias garantes de la paz, resolvió atacar un vecino pacífico para (según propia declaración) anexar parte de su territorio y controlar su gobierno. Tampoco es, pues, fácil compartir el planeta que habitamos.
América Latina ha perdido otra oportunidad para su despegue hacia el desarrollo cultural, social y económico. Según informe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe de abril/ 2025, “la economía regional crecerá 2,1% en 2025, con un alza de hasta el 2,4 % en 2026, lo que la convierte en la región de menor crecimiento en el mundo. La baja inversión, el endeudamiento elevado y un entorno externo cambiante constituyen importantes obstáculos para el desarrollo de la región”. Las primeras trabas mencionadas son, en buena parte, consecuencia de los cambios de políticas económicas que ocurren como resultado de la sustitución constante de los proyectos o modelos políticos en cada país. En las tres grandes economías de la región (Brasil, México, Argentina) durante los últimos 15 años se ha pasado (aunque no en el mismo orden) del intervencionismo al liberalismo y luego al control total de la economía.
Estos tiempos –de decadencias y rupturas, de alumbramientos y comienzos– son “tremendos” (de tremere, temer). Despiertan miedos los reclamos y amenazas; incluso, los grandes retos. Nuestros pueblos han descubierto que, bajo la apariencia del bienestar, se extiende el mal, que el poder no busca la felicidad general sino el beneficio de aquellos a quienes está confiado; y que los progresos (muy limitados) comprometen el futuro. Quienes insurgieron contra un estado de cosas injusto impusieron soluciones equivocadas (con frecuencia, inhumanas). Por eso, huyen millones. Se requiere un despertar para la acción con nuevo espíritu, al servicio de los seres humanos, dotados de dignidad.
X: @JesusRondonN
