El ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú emitió un comunicado el pasado 26 de julio en el que rechaza la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender el Proyecto de Ley que busca otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa involucrados en violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000.
El gobierno dice que la Corte no puede sustituir a las autoridades nacionales ni imponer acciones sobre materias que aún no han sido resueltas en el país. “Afecta no solo la soberanía del Perú, sino también debilita el propio Sistema Interamericano”.
El ministerio peruano pasa por alto que los familiares de las víctimas llegaron a la Corte Interamericana después de agotar todos los requerimientos de justicia en el propio país.
Es cierto que los Estados tienen un rol primario en la protección de los derechos humanos. El problema comienza cuando no cumplen con su deber e intentan cubrir con el manto de la sospecha las peticiones de justicia, acusándolas de connivencia con el terrorismo. Madres, hijos y otros familiares fueron tildados de “terrucos”.
Pese al tiempo transcurrido persisten dos posiciones opuestas sobre la historia de la lucha en contra del terrorismo de uno de los movimientos más sanguinarios que recuerde la región, el de Sendero Luminoso. En Perú y fuera del país existe un consenso sobre el valor de aquellos que, a riesgo de su vida, llevaron a cabo la lucha en contra de los terroristas.
Lo que es inaceptable es que se pretenda dotar de impunidad a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, como lo ha dicho implícitamente un ministro peruano. O que un congresista diga que hay una deuda moral con los uniformados que lucharon durante el conflicto, sin diferenciar entre quienes, la mayoría que actuó dentro de la legalidad y aquellos que perpetraron masacres en donde murió gente inocente, tal y como ha quedado demostrado en los casos de Barrios Altos y la Cantuta. De los ignoraron el mandamiento capital: No matarás.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada el 13 de julio del 2001, con el objetivo de investigar los abusos cometidos entre 1980 y el año 2000. Fue designado presidente el filósofo y profesor Salomón Lerner, con quien conversamos en esta entrevista exclusiva.
Comienzo con los antecedentes para concluir con las reflexiones. Los partidarios de la amnistía en Perú tienen varias razones para apoyarla. La primera es que podría ser un paso decisivo para curar heridas del pasado y permitir que la sociedad avance hacia la unidad y la convivencia pacífica.
Irónicamente, aquello que la Ley de Amnistía provoca en la sociedad peruana no es un acercamiento a la reconciliación y una aproximación a solucionar los problemas que surgieron a raíz del conflicto armado interno. La Comisión de la Verdad, no hay que olvidarlo, era Comisión de la Verdad y Reconciliación. En tal sentido, a nosotros nos tocaba también ver qué pasos debían darse para que pudiéramos avanzar hacia una sociedad en la cual reinara la justicia y con ella el entendimiento entre todos los peruanos.
Uno de los primeros puntos que quedaban claros y que además se hallan en la razón de ser de la existencia de la Comisión, es que no podíamos dejar simplemente al paso del tiempo el olvido de aquello que había ocurrido. Seguir adelante como si nada hubiera realmente trastornado durante cerca de 20 años a la sociedad peruana no es el modo de acercar y de reconciliar.
El que en líneas generales se dé amnistía a quienes han violado la ley de manera tan abierta y grave como aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad en esos 20 años, creo que lo entienden, al fin y al cabo, sus defensores llegan a reconocer “excesos” en su lucha contra el terrorismo. Pero el hecho de que sean “excesos” y de que hayan salido en defensa de la sociedad no significaba borrar los límites de la ética y del derecho. En ese sentido la amnistía lo que hace es más bien renovar problemas, reabrir heridas. Justamente todo lo contrario de lo que ellos pretenden en el fondo, en el plano moral, que no en el plano práctico, desmentir aquella parte de la historia del país que debemos conocer y evitar en el futuro.
No se dan cuenta aquellos que proponen amnistía que ella tendría que aplicarse también a aquellos que violaron la ley, a los terroristas, que, si hubiera en este momento terroristas perseguidos, podrían simple y llanamente exonerarse del juicio y castigo. O sea que es un arma de dos filos.
De otro lado, la edad que puedan tener las personas que con esto se liberan es una ya muy avanzada, muy elevada, y en verdad su juzgamiento y eventual castigo vendría a ser no significante. Muchos de ellos han muerto, otros tienen una edad que va por encima de los 80 años, porque estamos hablando de crímenes y violaciones que se dieron entre el año 1980 y 2000, es decir, 45 años más la edad que podrían haber tenido al cometer delitos. O sea que aquí las cosas se mueven más bien en el terreno simbólico, más que en el terreno factual. En el ámbito simbólico, la reconciliación lo que necesita es, en primer lugar, el reconocimiento de las propias faltas.
El pedido para que el Estado y las autoridades actúen con justicia, no estableciendo falsas salidas en función de los intereses nacionales o la defensa de la población cuando se cometen crímenes de lesa humanidad.
En el fondo, lo que se hace es hacer que la sociedad avance por el camino del delito, por el camino del crimen. Realidad y consecuencia que podemos ver hoy en el Perú. La criminalidad ha aumentado de una manera impresionante y el número de muertes que se da diariamente no ha ocurrido antes (Las tasas de homicidio han tenido un incremento del 115% en denuncias por homicidio entre 2019 y 2024, según el Sistema de Denuncias Policiales, SIDPOL) No se trata de ser un dictador y tener mano dura. Se hace necesario comprender qué es lo bueno para la sociedad y qué es aquello que puede ayudar a que los peruanos nos entendamos y en ciertos casos, nos perdonemos. Esta amnistía de ninguna manera, creo, llevaría a que comprendan y perdonen los familiares de las víctimas de todos los excesos, entre comillas, violaciones de derechos humanos que cometieron en la lucha contra Sendero Luminoso la Policía y la Fuerza Armada. Si ellos no tienen principios éticos que guíen su conducta, siendo que tienen el poder de llevar armas y de imponerse con su presencia en la lucha para la detención del crimen, si ellos van a ser los primeros que violen las leyes. ¿Qué es lo que podríamos esperar de otras personas?
Me voy al lado opuesto. Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los familiares de las víctimas, entre muchos otros, coinciden en que la amnistía soslaya la responsabilidad penal de los autores de crímenes de lesa humanidad, viola los tratados de derechos humanos, así como el derecho internacional e impide el acceso de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación. Creo que esto resume el pensamiento de este sector.
Todo lo que usted ha señalado es exacto y resume la situación. De otro lado, el pronunciamiento de entidades internacionales sobre la ley de amnistía no solo se juega una especie de, llamémosla de situación peligrosa e inmoral, sino que, desde el punto de vista de la política internacional, abona el argumento de nuestra salida de la Corte Interamericana y de las entidades que velan por los derechos humanos. De esta manera ya no hablamos del pasado, sino de aquello que puede venir. Se abren las puertas a la criminalidad y en más de un sentido se da esperanzas a aquel que es delincuente de ser redimido injustamente. Allí no conviene, no solo por la salud de la sociedad peruana, sino también por nuestra postura en el terreno Internacional el que esto no vaya adelante. Además, hay que reconocer que es un modo de evadir responsabilidades y que va de la mano con una postura que se tiene desde un principio, desde que la Comisión de la Verdad entregó su informe, que es el de ensalzar a las fuerzas del orden y al Estado, importando poco las víctimas. Digo esto porque no solo hay una ley de amnistía, hay también una ley que prescribe el juzgamiento y la responsabilidad penal de crímenes anteriores al año 2000, con lo cual en el fondo se está abriendo una puerta de inocencia, justamente dentro de los años en donde más se cometieron delitos.
Todo va un poco en la misma línea y aunque no sea explícito, los hechos están entrelazados. Se ha determinado también que cese la búsqueda de las personas desaparecidas (Según el ministerio de Justicia y derechos Humanos desaparecieron 22,295 personas). Los desaparecidos no son militares ni policías. Son gente que fueron sustraídas, tomadas como rehenes, muertas por Sendero, pero también por las Fuerzas Armadas. El caso se une a los otros dos temas, al de la amnistía y el del olvido, de todo lo ocurrido.
Es curioso que se use como argumento algo que es justamente lo contrario que pretende defender. Ya pasó, nos olvidamos de todo. Sucede totalmente todo lo contrario. La amnistía hace que permanezca vigente la voluntad de justicia de los hombres y mujeres y de las entidades organizadas en torno a la paz social. Eso las alimenta para seguir insistiendo y para que permanezca vivo el problema.
Un exministro peruano (Diego García Sayán) ha dicho una sentencia nacida de la indignación. Una rabia que se justifica por la gravedad de los hechos: “No es solo un acto éticamente repugnante, es jurídicamente inválido, políticamente insostenible y moralmente infame”. Traigo colación estas palabras porque me parece que si hay un sector que las comparte, ese es el de los familiares de las víctimas.
Exacto. Le diría que principalmente los familiares de las víctimas, pero también la gente que entiende lo que es el rol del derecho y de la justicia dentro de una sociedad que quiere vivir armónicamente.
Finalmente, las consecuencias de una ley como esta no solamente afecta a los familiares de las víctimas. Esto corroe el sistema jurídico peruano y nos coloca en la situación de apestados dentro del ordenamiento jurídico internacional. Estas cosas no se dicen, pero la verdad es esa. Mal podemos nosotros tener presencia y voz en el contexto internacional, si no respetamos las normas a las cuales nos hemos sometido voluntariamente.
Le confieso que se me acaba de ocurrir la pregunta, pero como usted es filósofo, creo que no vamos a solucionar el tema, pero vale la pena tocarlo. Y es que ¿quién tiene el derecho de perdonar? Tengo la impresión de que no es el Estado y que los únicos que pueden perdonar son los afectados, son las víctimas, Hay un filósofo que respeto mucho, Jacques Derrida, que dice el perdón es perdonar lo imperdonable.
Estoy de acuerdo con usted. El perdón, en primer lugar, solo puede darlo y como un acto de gracia, aquel que ha sido de alguna manera ofendido. Nadie puede perdonar en nombre de otro. El Estado no puede autoerigirse como aquel que perdona en nombre de familias que hasta ahora lloran a sus víctimas. Dependen del sujeto que está envuelto en esto.
Perdonar si el otro no se arrepiente de lo que ha hecho. ¿Qué valor tiene allí el perdón? Perdonar sin que haya de parte de aquel que es perdonado no solo un reconocimiento, sino también una reparación de la culpa. Es un tema importante, pero en última instancia se resuelve en esta relación de hombre a hombre, de uno con otro. No es el Estado aquel que, por lo menos en términos normales, pueda perdonar.
