La reunión de la cuarta cumbre internacional de la ONU sobre financiación para el desarrollo celebrada recientemente en Sevilla, ha sido un acontecimiento de gran importancia, eclipsada por los avatares de nuestra política interna, los debates y objetivos allí marcados serán las bases para buscar un equilibrio más justo en el desarrollo de los países.
Casi 150 líderes del mundo y otros tantos países allí representados, han abordado la financiación del desarrollo sostenible. El objetivo era movilizar recursos y reformar la financiación a nivel global para poder afrontar los desafíos de la deuda, el comercio y la agenda al desarrollo.
Seguramente, la no participación de EE. UU y la caída internacional de las ayudas, son problemas añadidos, en un momento en el que el multilateralismo está en crisis, tras los ataques y desprestigio que desde el trumpismo se viene haciendo a unas políticas imprescindibles para el desarrollo del mundo.
La reacción a una cumbre que ha congregado a casi 8.000 personas, centenares de dirigentes políticos, responsables económicos y expertos, por parte de la derecha extrema y de la extrema derecha de nuestro país, ha sido deleznable. Desprestigiarla, devaluarla, atacarla, con el único fin de dañar la imagen de nuestro presidente del gobierno, es una actitud mezquina y contraria a los intereses del país; una muestra más de que los graves problemas que gran parte del mundo tiene para desarrollarse no les importan nada.
Entre los documentos presentados en Sevilla, hay uno de enorme transcendencia. “Del beneficio privado al poder de lo público. Financiar el desarrollo, no la oligarquía”, elaborado por Intermón Oxfam.
En él plantea, que hace una década los países del mundo acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y un plan para financiarlo, la Agencia de Acción de Abis Abeba; pasados diez años, ambas iniciativas están fracasando.
De aquel conjunto de buenas intenciones: erradicar el hambre y la pobreza extrema, alcanzar la igualdad de género y garantizar el acceso a la salud, la educación y el trabajo decente en 2024, se espera que tan solo el 16% de las metas de la ODS se alcancen en 2030.
Según estimaciones recientes, más de 3.700 millones de personas viven en situación de pobreza, más de 700 millones pasan hambre, y todavía serán necesarios 123 años para lograr la igualdad de género, al ritmo que vamos.
Por otro lado, la diferencia entre la financiación necesaria para cubrir las necesidades básicas y la que se realiza de verdad, es decir el “déficit de financiación”, ha pasado de 2 billones de $ en 2015 hasta los 4 billones este año y se prevé que alcance los 6’4 billones de aquí a 2030.
A esto hay que añadir, que los países deben lidiar con la deuda soberana, posibles guerras comerciales, los costes de la inacción contra el cambio climático y el rápido desmantelamiento de las ayudas de algunos países, que pueden ocasionar el incremento en otros tantos millones de personas condenados a vivir en la pobreza. En 2027, los países del G-7, que suponen las tres cuartas partes de toda la ayuda oficial al desarrollo, recortaran un 28% su aportación en comparación con el año 2024.
Además, el 60% de los países de renta baja están al borde de una crisis de deuda, lo cual obliga a los países más pobres a destinar muchos más recursos para pagar los intereses a los acreedores, lo cual les impide invertir en educación, sanidad, infraestructuras. etc. etc.
El informe pone el foco en el fracaso de la financiación al desarrollo en base a la inversión privada, procedente fundamentalmente del Norte global. Para Oxfam, es un modelo fracasado, porque apenas ha logrado movilizar recursos adicionales. Además, destaca el pernicioso papel de los acreedores privados, que repercuten ya cinco veces más que el peso de los acuerdos bilaterales y concentran más de la mitad de la deuda de los países de renta medias y bajas.
Según la OCDE, en tres años, los países de renta baja solo habrían percibido el 12% de la financiación privada movilizada, y no es cierto que los recursos públicos podrían catalizar la inversión privada. Cada $ de inversión pública moviliza tan solo 0’75 $ de financiación privada y tan solo 0’37$ en los países de rentas bajas.
En esta década no se ha podido sacar al mundo de la pobreza, pero sí han podido crecer 1202 milmillonarios nuevos y contar con cinco billonarios más. El 1% más rico posee el 43% de todos los activos financieros mundiales.
Esta inmensa concentración de riqueza lleva consigo mucho poder político y una oligarquía que permite a los ultrarricos influir en las decisiones políticas y económicas para evitar avanzar hacia una sociedad más equitativa.
