La confianza en las instituciones democráticas está cayendo a lo largo y ancho del mundo, al galope de un autoritarismo populista que está sabiendo utilizar las redes sociales para enganchar con el malestar de amplias capas de la población, y llegar cada vez más a los gobiernos.
Se suceden las noticias: “El ultranconservador Nawrocki gana las presidenciales en Polonia y podría frenar el programa progresista del Gobierno polaco”; “El proeuropeo Nicusor Dan da la sorpresa y derrota al ultraderechista George Simion en Rumanía”.
Pero también aquí: Abascal: “Este tipo no dirige un Gobierno, sino una red criminal”; Aznar: “El que pueda hacer, que haga”; Feijóo: “Lo que estamos viendo se ve en algunos regímenes autoritarios y todavía se ofenden porque hablamos de prácticas mafiosas”; “El PSOE ha cruzado todos los límites de la inmoralidad. La justicia dirá si también han cruzado los límites de la legalidad. Han comprado gobiernos, han comprado apoyos con el dinero de los españoles”; Esperanza Aguirre: “A la larga, la dictadura fue mejor que la II República”.
Esta estrategia de crispación y polarización extrema, para hacer caer un gobierno democrático, tiene que hacer reaccionar a todo ciudadano de bien que quiera y pretenda vivir en una España donde la libertad, la igualdad y el progreso sea una realidad en la vida diaria de cada uno de los españoles.
Lo que están haciendo mina gravemente la convivencia y la confianza en las instituciones democráticas. Pero además está calando en la población y dando vía libre al populismo. Hasta el punto de que un 54 por ciento de los españoles están muy de acuerdo o de acuerdo con la frase. “Los/as ciudadanos/as sabemos mejor que los gobiernos lo que es bueno para todas las personas”, y un 26,8 por ciento con: “No me importaría vivir en un país poco democrático si me garantiza una mejor calidad de vida”, según la encuesta ideología y polarización, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas en 2024.
Este populismo autoritario, que intenta blanquear la dictadura, erosiona la confianza institucional en al menos cuatro dimensiones: 1.- deslegitima las instituciones representativas al retratarlas como corruptas o distantes del pueblo; 2.- desacredita procedimientos democráticos si los resultados no benefician al liderazgo populista; 3.- desplaza la legitimidad institucional hacia el líder carismático; y 4.- debilita la rendición de cuentas, mediante reformas que concentran poder, socavan la independencia judicial y restringen el pluralismo informativo.
Para hacerles frente hay que partir del hecho de que el malestar político que existe en las sociedades democráticas tiene una doble raíz. Por una parte, económica, al reflejar la reacción de sectores que se sienten perdedores de la globalización, y tienden a adoptar actitudes autoritarias y una creciente desconfianza hacia las instituciones. Un 46,1 por ciento de los ciudadanos están muy de acuerdo/de acuerdo con que “el Estado debe garantizar la seguridad y el orden, aunque para ello haya que limitar derechos o libertades.”
Y por otra, cultural, porque lo que estamos viendo no es simplemente una demanda económica insatisfecha, sino un conflicto de valores que se expresa políticamente. El ascenso del populismo autoritario y la pérdida de confianza institucional están vinculados a una percepción de amenaza cultural entre sectores sociales que experimentan una pérdida simbólica de estatus, identidad y pertenencia.
Esta reacción se activa frente a los cambios impulsados en materia de derechos de género, diversidad sexual, visibilidad de minorías, e inmigración, y se traduce en una reafirmación de posiciones conservadoras y autoritarias, que es canalizada por fuerzas populistas autoritarias.
El desplazamiento de valores tradicionales se vive como exclusión identitaria, alimentando un resentimiento y desconfianza que los lleva a trasladar su confianza a actores alternativos como líderes populistas, medios alternativos o movimientos iliberales. Es de destacar, que un 66,6 por ciento de los españoles cree importante seguir las tradiciones y costumbres, según la Encuesta Social Europea.
Esta dinámica está redefiniendo las alianzas políticas y afectan a la gobernabilidad. En España se ha podido ver con los gobiernos PP y Vox en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que están generando una erosión de la legitimidad democrática desde el interior del propio sistema.
El debilitamiento de los marcos identitarios nacionales favorece el auge de un nacionalismo cultural orientado a restaurar una identidad homogénea. Y va acompañado de un discurso antiinmigración para conseguir mayor apoyo electoral. Algo que en España desgraciadamente veremos cómo se va incrementando en esta carrera hacia el abismo del PP y Vox.
Por el momento, este fenómeno se refleja en que un 58,3 por ciento de la población afirma estar muy de acuerdo o de acuerdo con la frase “el gobierno debe emplear medidas más contundentes para impedir la entrada irregular de inmigrantes”, y un 69,9 por ciento con la frase “los inmigrantes deberían adoptar las costumbres y valores de mi país”, según la encuesta de Ideología y polarización realizada por el CIS.
Son y van a ser tiempos muy duros donde los ciudadanos tienen que decidir si continúan siendo espectadores o actores de sus vidas y de la sociedad en la que viven. Lo que esta claro es que la recuperación de la confianza institucional exige una reconfiguración profunda del contrato social, basada en la equidad, la inclusión, la participación efectiva y la rendición de cuentas. Solo así podrá revertirse el riesgo de disociación entre democracia representativa y legitimidad social, y contener el avance de propuestas autoritarias revestidas con formalismo democrático.
