Tras la reforma constitucional
En este país centroamericano, de innegables influencias culturales, económicas y sociales, sobre el resto del continente americano, han venido ocurriendo una serie de hechos relacionados con la reforma de su Constitución Política, que los organiza como un Estado Federal, con una distribución vertical del Poder Público, compuesto de Ciudad de México, 32 estados y miles de municipios, así como se lee, todos ellos, provistos de sus respectivas autoridades de gobierno. De esta enumeración, extraemos para el análisis, al Poder Judicial.
Elecciones en el poder judicial
La razón de esa particular extracción obedece a que, dentro del mismo, el pasado 01 de junio, se llevaron a cabo las elecciones de la mitad del Poder Judicial a través del voto libre, directo y secreto, como lo establece su recién reformada Constitución, cuyo proceso legislativo ocurrió en el año 2024, y que sometió al escrutinio ciudadano los cargos a la Suprema Corte de Justicia, salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal de Disciplina Judicial, Jueces de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito.
El evento por lo trascendente de sus consecuencias institucionales prácticas, debiese reclamar la mayor cantidad de atención de parte de la opinión pública de América Latina, dado que es un fenómeno inédito en este subcontinente y tal vez en el mundo, que tiene que ver con el conjunto de condiciones que puedan exhibir quiénes puedan resultar electos para administrar justicia en un país en donde los grupos al margen de la ley, cuentan con suficiente poder logístico y armamentístico, que los hace temibles.
Propuesta presidencial
Fueron precisamente esas las razones que, en buena medida motivaron al entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, a enviar al Congreso, concretamente el 05 de febrero de 2024, la reforma constitucional sobre la designación de los integrantes del Poder Judicial, al que llegó a calificar de corrupto y elitista por decretar libertades de personas detenidas por delitos graves a la especie humana, dando a entender que tales decisiones eran apartadas de la verdadera justicia, o sea, de la justicia ciega.
La propuesta central de esta reforma, consistió en que a partir de su aprobación, las autoridades judiciales, incluyendo a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, sean electas por voto popular, lo que suscitó a partir de ese momento un intenso debate público al considerarse por parte del Gobierno proponente, como la única supuesta medida contra la corrupción y las malas prácticas judiciales, no así por expertos en la materia, que lo siguen viendo como un intento del partido político “MORENA” por controlar ese poder.
El problema de esa buena intención de López Obrador, replicado en la reforma constitucional de 2024, fue que reemplazó el método de los concursos o de los méritos, por el método político-electoral, que la mayoría de las veces no toma en cuenta las capacidades o condiciones profesionales o éticas de la persona, sino su afiliación política y su velada adhesión al partido político dominante, con lo que también, se asoman posibles amenazas a la realización de juicios justos y a una nueva configuración del populismo judicial.
Interés político
Una señal de lo dicho anteriormente, ocurrió a comienzos de este año, cuando integrantes del comité judicial para la evaluación de postulados, renunció a seguir con ese proceso acatando una orden de la Suprema Corte de Justicia mexicana, máxima instancia judicial de ese país que luego fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial, órgano judicial de menor nivel, justificándola con el argumento que esa decisión le correspondía a él, con lo cual impidió, que este proyecto de elección popular de jueces fuere obstruido.
En tal sentido, no deja de ser inquietante para quienes propugnan en México, por un poder judicial verdaderamente independiente, que haya sido este partido de izquierda que ya domina los poderes ejecutivo y legislativo que quiera hacerse ahora del dominio del poder judicial, promoviendo para ello un escenario aparentemente democrático, con la elección de cerca de 881 jueces en esta primera ocasión y luego para el año 2027 de los restantes, con lo que el sistema de contrapesos, probablemente se vería nuevamente menoscabado.
Dominar el poder judicial
En las actuales circunstancias históricas del continente americano, presenciamos como en los sistemas presidencialistas imperantes, sus titulares están procurando o ya lo consiguieron, colocar en las diferentes magistraturas judiciales adherentes a su causa política, para pregonar con ello que, son demócratas intachables, dado el poco interés que, de otra parte, muestran los ciudadanos por los asuntos judiciales, los cuales muchos de ellos creen que deben estar subordinados a las decisiones del Poder Ejecutivo.
También somos observadores de como los gobernantes por razones u ofrecimientos políticos, pretenden ahora, no que los jueces sentencien, previos juicios justos, sino que refrenden sus actos, sin ningún tipo de cuestionamiento, lo cual resulta totalmente contrario a los pactos, tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, los que deben ser preservados, incluso ante las deficiencias técnicas, que puedan presentar las acusaciones o imputaciones fiscales, otorgando ese poder a jueces independientes.
Impacto de la reforma constitucional
El impacto general de esta reforma constitucional, implicará que un buen número de los 7000 jueces en funciones, debidamente profesionalizados en la carrera judicial, se vean desplazados al no disponer de la logística o de la estructura organizativa para la movilización con la que sí seguramente debieron contar los candidatos que contaban con la simpatía o el apoyo de algunas asociaciones políticas, con lo cual es lógico suponer que el elemento partidista jugará de ahora en adelante un papel determinante en las decisiones judiciales.
Resultado obtenido
Como resultado del poco interés de los mexicanos en tan suigeneris proceso electoral, el mismo se desarrolló con un marcado desinterés, sin resultados inmediatos, donde un promedio del 15% de la población salió a votar, de un padrón de más de 100 millones de electores, en fin, esta prueba que sirvió de referente para quienes promueven el ejercicio de la función judicial, derivada del voto libre, directo y secreto, que en todo caso no pudo motivar a quienes en México creen que la designación de jueces, debe ser más rigurosa.
