La Corte Suprema de Justicia de Argentina, en decisión tomada por unanimidad, ha ratificado la condena (a 6 años de prisión e inhabilitación política perpetua) dictada en 2022 contra Cristina Fernández de Kirchner como culpable del delito de corrupción (en el caso denominado de vialidad de la provincia de Santa Cruz). No irá a la cárcel (lo que nadie esperaba), por ser mayor de 70 años y cumplirá la sanción en un departamento de su propiedad en el barrio Constitución (para “estar cerca” del pueblo) sin usar aparato electrónico. Pero, al menos, verá su influencia seriamente afectada. ¿Qué dirá la historia?
Ilustración de Juan Diego Avendaño.
No es “ella” el primer mandatario argentino condenado judicialmente por corrupción. Lo fue (aunque no en sentencia definitiva) Carlos Saúl Menem (1989–1999). Tampoco fue este último el primero que sufrió tal sanción en América Latina. En realidad, han sido varios, los más en años recientes. Marcos Pérez Jiménez (quien gobernó de 1948 a 1958) fue extraditado en 1962 desde Estados Unidos (el primero) para ser juzgado en Venezuela. Allí cumplió en penitenciaría común (con respeto de sus derechos) la pena que le impuso la Corte Suprema de Justicia. Poco antes (1959), el dictador colombiano Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), tras acusación de la Cámara de Representantes, había sido declarado indigno por el Senado (“por mala conducta en el ejercicio del cargo”) y condenado a la pérdida de sus derechos políticos y pensiones. Parecía que llegaba el tiempo de las leyes, aunque la Corte Suprema lo exoneró de cargos en 1964.
Noventa años antes, el primer ensayo republicano de Venezuela independiente –el de la Oligarquía Conservadora (1830-1848)– terminó abruptamente cuando el presidente (y prócer) José Tadeo Monagas, incitó el asalto del Congreso, que se disponía a iniciar su enjuiciamiento. Fue distinto el comportamiento de otros caudillos: en 1891 el presidente de Chile José Manuel Balmaceda (cual “héroe de Shakespeare”, según Rubén Darío) se suicidó para evitar el proceso que ya se iniciaba en su contra; en 1954 Getulio Vargas, fundador del “Estado novo” brasileño, antes que renunciar (como exigían factores poderosos), prefirió “salir de la vida para entrar en la historia”; y en 1982 Antonio Guzmán, a quien tocó desmontar definitivamente el “trujillismo”, avergonzado por graves acusaciones contra sus allegados, decidió quitarse la vida. Aquellos gestos pretendían redimir el honor de sus autores. Nadie podría exigir acto semejante a los nuevos procesados; pero si recomendarles no convertir su situación en “comedia” de realismo mágico.
La corrupción es el “deterioro de valores, usos y costumbres”; y, con relación a las organizaciones, “la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores” (DEL). Se podría decir que es una “enfermedad social”. Antigua y general, acompaña a la humanidad desde sus comienzos. Se la menciona y condena en algunos de los primeros testimonios conocidos de la actividad del hombre, curiosamente, junto con aportes muy valiosos, también perdurables. Los seguidores de Confucio y los filósofos griegos advirtieron sobre sus efectos. El judaísmo y los padres cristianos la consideraron como pecado. Y Dante vio a los corruptos hirviendo en el infierno. Con todo, adopta ahora las características de un mal “globalizado”, como pandemia permanente. En verdad, ninguna sociedad ha logrado eliminarla. Apenas si algunas han podido controlarla más que otras. Conviene decir que, también desde la antigüedad, algunos han justificado practicarla por “razones de Estado”.
La corrupción causa grave daño a la sociedad y al Estado. Mata, como las guerras, las enfermedades o el hambre. Es un arma letal, como una bomba o un fusil. Desvía recursos necesarios para cuidar la salud o sostener programas que permiten mejorar las condiciones de la población. Además, debilita la autoridad del Estado y le impide cumplir sus cometidos. Por eso, sus autores deberían ser considerados reos de graves crímenes. Existe relación directa entre corrupción y atraso y pobreza. Se aprecia en el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por “Transparencia Internacional”. Los países con mejor percepción (enero 2025) son Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda y Luxemburgo. Y los que reciben las más bajas calificaciones: Yemen, Siria, Venezuela, Somalia y Sudán del Sur. Aquellos figuran entre los de más alto desarrollo humano, los últimos entre los de más bajo. La constatación vale también para las potencias (China, India o Rusia).
En América Latina la consolidación de las democracias se ha visto afectada, entre otras razones, por la práctica de la corrupción. No es circunstancia exclusiva de la región, pues se observa también en otras partes del mundo. En realidad, 85% de la población mundial (incluidas las de China, India y Rusia) vive bajo regímenes que la toleran (o propician). Pero, en Europa y Estados Unidos se la ha combatido con bastante eficacia (aunque no se haya erradicado completamente). No ha ocurrido así en el mundo árabe, Asia Oriental, el Pacífico y África, con regímenes diversos: liberales o socialistas, democráticos o autoritarios, militares o de partidos. Sin embargo, en algunos sitios (como Hong Kong, Bután, Seychelles, los EAU, Taiwán, Sur Corea, Cabo Verde, Qatar, Arabia Saudita, Botsuana, Ruanda, Fiyi, Omán, Bahréin, Mauricio, Malasia y Vanuatu), además de Australia, Nueva Zelanda y Japón, se han alcanzado niveles aceptables de transparencia administrativa.
En América Latina, solo tienen puntajes positivos en el Índice de Transparencia Internacional (enero de 2025), Costa Rica (+58), Chile (+63), Puerto Rico (+63) y Uruguay (+76), éste el mejor calificado a nivel mundial (apenas lo superan 12 países). Los más poblados figuran con notas muy bajas: México (26), Brasil (34), Argentina (37) y Colombia (39). También los otros de Suramérica: Paraguay (24), Perú (31) y Ecuador (32); la mayoría de los centroamericanos: Honduras (22), Guatemala (25), El Salvador (30) y Panamá (33); y también Haití (16) y República Dominicana (36). No resulta extraño que en esa situación se encuentren los del “socialismo real”: Venezuela (10), Nicaragua (14), Bolivia (28) y Cuba (41). La corrupción general ha caracterizado los regímenes de ese tipo: pocas personas se sienten afectadas cuando alguien se apropia de un bien “de la colectividad”. Además, no se reconoce la libertad de expresión ni se admite la denuncia pública.
Los llamados movimientos “de izquierda” que aspiraban a desplazar del poder a los partidos democráticos utilizaron entre sus argumentos la corrupción –especialmente el peculado– visible en algunos gobiernos. En Venezuela, Hugo Chávez intentó justificar la insurgencia militar de 1992 como parte de la lucha contra aquellos males. Pero, como ha ocurrido en todas las latitudes con revolucionarios de cualquier signo, al conquistar el poder incurrió en actividades ilícitas (como las que atribuía a sus antecesores). Chávez y Nicolás Maduro, Rafael Correa, Evo Morales, Néstor y Cristina Kirchner se enriquecieron indebidamente (o lo permitieron). En Brasil, Lula da Silva y Dilma Rousseff toleraron el despliegue de tramas de corrupción por parte de personas y entidades (como Petrobras y Odebrecht), incluso en el exterior. Además, ellos mismos (y otros) agravaron la situación al imponer el populismo, práctica de graves consecuencias económicas y sociales. Pretendían ganar la adhesión de las masas repartiendo la riqueza nacional.
En las últimas décadas se han hecho esfuerzos para disminuir –si no eliminar– la práctica de la corrupción en los países de América Latina. Se han dictado leyes y firmado tratados con tal propósito. Se ha enjuiciado y sancionado a muchos responsables, algunos del más alto nivel político. Fernando Collor de Mello renunció (1992) a la presidencia de Brasil mientras el Congreso lo juzgaba por corrupción política. Alberto Fujimori fue extraditado (2007) de Chile a Perú para ser procesado en varias causas; y Alejandro Toledo lo fue desde Estados Unidos (2023), acusado de corrupción. Varios mandatarios centroamericanos fueron señalados y juzgados por tráfico de drogas o corrupción. Washington concedió la extradición de varios de ellos; y solicitó la del hondureño Juan Orlando Hernández (2022). Debe aclararse que la condena del brasileño Lula da Silva (2017) fue anulada por la Corte Suprema de Justicia (como “un error histórico”).
La práctica –antigua y aún vigente– de la corrupción en los entes públicos es una de las causas del fracaso de las experiencias democráticas en América Latina (y en otras regiones). Resta legitimidad a los esfuerzos para establecer sistemas de ese tipo. Y también ha sido factor de atraso y pobreza. No permite avanzar en el desarrollo económico y social, pues impide dirigir recursos a programas necesarios para superar el subdesarrollo. No es sólo un grave problema moral, sino también político. Por tanto, no se debe justificar ni aceptar, como a veces ha ocurrido. Debe combatirse con toda firmeza.
X: @JesusRondonN
