¿Se puede hablar del Poder Judicial? ¿Es un ataque al Estado de Derecho criticar las actuaciones de algún juez o jueza? ¿Acaso no tienen también su ideología, sus valores, su forma de ver la sociedad, sus principios e intereses, y votan como cualquier ciudadano? ¿No se equivocan nunca?
Es curioso porque la sociedad española habla de todo, a veces en exceso, otras con insultos poco adecuados, en ocasiones de forma razonada, muchas otras bajo impulsos o emociones que distorsionan la veracidad del hablante. Pero en cambio no se puede hablar sobre los jueces.
Aunque todo depende siempre del punto de vista de quien manifiesta la crítica. Hace años, cuando el PP y su gobierno estaban cercados por casos de corrupción, esos de los que hoy Feijóo no quiere acordarse, el PP no tenía pelos en la lengua para criticar al Poder Judicial en cualquier estamento.
Recordemos la cacería que emprendieron contra el juez Garzón cuando investigaba a Zaplana y cía. Vimos al presidente Rajoy en 2009 diciendo que “esto no es una trama del PP, es contra el PP, que es distinto. El juez Garzón debe abstenerse en esta causa”; la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal aseguró que iban a seguir denunciando “las filtraciones que se están haciendo de las actuaciones realizadas por la Policía judicial por los políticos del Ministerio del Interior o del fiscal General del Estado”. El exministro de Defensa, Federico Trillo, cargó contra el juez Garzón en 2009, acusándole de tener “una enemistad manifiesta e interés directo e indirecto en la causa que se ha presentado contra el PP”. En 2016, Rafael Hernando cargó contra el juez De Prada: “Hay demasiadas puertas giratorias, no solo entre la política y la economía. También entre los juzgados y los escaños. Puede ser que esté afectado por las críticas que le ha hecho el PP y le haya nublado el juicio”. José Antonio Monago denunció en 2023 que se estaba produciendo “el mayor caso de ‘lawfare’ que costó a un Gobierno del PP la presidencia”. Y, más recientemente el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, cargó contra el Tribunal Constitucional y Conde-Pumpido. “El cáncer del Estado de Derecho hoy en España se llama Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido”. Y oímos a Cosidó presumir que el PP había colocado a un presidente del Supremo para controlar “desde atrás” la sala del procès.
No es nueva la estrategia del PP de embarrarlo todo. Cuando gobiernan buscan culpables fuera. Cuando están en la oposición juegan a ensuciarlo todo, a provocar ruido y ruido, para que dé la sensación de catastrofismo y se anule cualquier acción positiva. Del barro es difícil salir limpio. Y eso el PP lo sabe: antes y ahora.
Aunque la realidad no deja de sorprenderme. El PP, en un acto de malabarismo o de filibusterismo (que significa obstruccionismo parlamentario), se dedica a dar lecciones de honestidad, de respeto a las instituciones, de afección profunda porque miembros del gobierno se quejen de la aparente (o más que aparente) parcialidad de determinados jueces, que llevan investigaciones poco coherentes, buscando más el titular y alargar noticias que impartir justicia.
Ahora llegan las protestas en la calle de determinadas asociaciones judiciales, que reclaman la retirada de los dos proyectos legislativos de reforma de la Justicia, alegando que representan un grave retroceso para la independencia judicial y no responden a una demanda social real, y que, según explican en su comunicado, suponen “una afectación grave” a los principios constitucionales que rigen el Poder Judicial, y no contribuyen a resolver los problemas estructurales de la Justicia.
Pues sinceramente deberán explicarse un poco más y decir realmente qué les preocupa y cómo solucionarían el problema de la Justicia. Porque el sistema judicial no es perfecto ni en el acceso ni en el funcionamiento ni en su ejercicio del poder.
Se quejan de que la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal deja las investigaciones penales en manos de los fiscales. Si no me equivoco, exactamente igual que en el resto de la Unión Europea, porque nuestro sistema de investigación judicial supone una excepción. Algo que provoca dos problemas: la saturación de los jueces que al llevar la investigación tardan años y años en resolver casos, y, en segundo lugar, que la investigación y la resolución recaen sobre la misma figura: los jueces.
También se quejan de la modificación al acceso de la carrera judicial, sobre todo, porque se estabilizan puestos que consolidarán puestos de jueces y fiscales sustitutos.
Si alguien desconoce cómo es el acceso a la carrera judicial debe saber que consiste en memorizar, MEMORIZAR, 400 temas y repetirlos como un papagayo. Da igual la nota del grado en derecho o del doble grado, da igual las prácticas laborales realizadas, da igual la capacidad de empatizar como juez o jueza, da igual las habilidades psicológicas o sociales. Da igual saber idiomas. Solo hay que memorizar. Muchos de los que aprueban ni siquiera han sido buenos estudiantes en sus carreras universitarias. ¿De verdad es más justo y democrático, más profesional, alguien que accede con 25 años utilizando su memoria sin haber pisado un juzgado que aquellos que trabajan día tras día en los juzgados? ¿De verdad no hay un sistema mejor?
El sistema español es el único en Europa que se rige por un método tan viejuno e inservible. He oído a muchos letrados criticar cuando entran a una sala y se encuentran con un juez o jueza que no ha pisado nunca un juzgado, ni siquiera en prácticas, que es quien determinará la pena sin haber tenido más mérito que aprobar de memoria las leyes.
Sin embargo, hay jueces que protestan. Por favor, expliquen por qué.
Dicen que la independencia judicial “está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas”, en primer lugar porque la reforma “no responde a demanda social alguna”. ¿Seguro? ¿De verdad piensan que el sistema judicial español no necesita reformas y mejoras?
También rechazan la creación del centro público de preparación de opositores que plantea la reforma, porque, dicen, dependerá “directamente del Gobierno” y entrañará un “riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales”. ¿Por qué razón: porque es un centro “público”? También lo son las universidades, los colegios, los centros sanitarios, …. ¿Acaso es mejor ahora que los opositores pagan “en negro y sin factura” a los jueces que dan clases particulares después de sus jornadas obteniendo sobresueldos bien sustanciosos?
Un centro público no depende del gobierno, y, en caso de que así fuera, sería de cada gobierno democrático que se elige en las urnas y que se modifica por la voluntad ciudadana. Algo que no ocurre con los jueces y juezas, se equivoquen o no, piensen como piensen.
En lo que estoy totalmente de acuerdo de su manifiesto es cuando proclaman: “La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma”. Efectivamente, por eso los jueces y juezas deben también ser y parecer imparciales. No es una broma. No solo hay que ser honesto, sino también parecerlo.
Todos los jueces no estaban presentes en las protestas, aunque quieran hacer creer que son un bloque homogéneo y único. En la manifestación estaban presentes, por ejemplo, el juez instructor de la causa por agresión sexual contra Íñigo Errejón, Adolfo Carretero. Allí también han estado presentes los expolíticos Macarena Olona y Marcos de Quinto, así como diputados autonómicos de Vox y miembros de la asociación ultraderechista Hazte Oír.
Una protesta donde un número de personas han coreado proclamas como “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” y “no es un Gobierno, es una mafia”. ¿Tomaron nota los jueces presentes de si estos insultos pudieran ser delito?
También se han concentrado el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, fiscal en el caso de José Luis Ábalos; el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández; los magistrados del Supremo Antonio del Moral y José Luis Requero y los jueces de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y Antonio Piña, que lleva el caso Villarejo; la jueza Beatriz Biedma, que lleva la instrucción de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Sinceramente, de la misma forma que en todas las profesiones hay mejores o peores profesionales, también lo existe en la justicia. Criticar a un miembro no significa criticar a todo el conjunto judicial.
Tener la toga con su insignia en el pecho y las puñetas no debe ser un salvo conducto para realizar cualquier desmán o investigación desproporcionada. El juez es un poder civil unipersonal, una autoridad cuyo buen criterio y buena intención se le supone. Si estas premisas no se cumplen siempre nos refieren a que hay instancias jurídicas superiores que desharán un daño causado. Pero con una justicia que tarda años en resolver un caso y otros tantos o más en un recurso, esto se antoja insuficiente.
Uno de los problemas que adolece la democracia es el corporativismo. No se puede excusar comportamientos negligentes, interesados, poco profesionales o deshonestos cerrando filas en bloque con una defensa cerrada del sistema. La manzana podrida se queda dentro.
Lo mismo que se exige a los partidos políticos de ser capaces de denunciar al corrupto, al deshonesto o al incompetente, hay que exigirlo en el resto de los pilares del sistema democrático. Como cualquier cuerpo o colectivo la mejor defensa corporativa es garantizar que sus miembros cumplen con el desarrollo de su trabajo adecuadamente y no defender a los que se extralimitan solo porque llevan toga y puñetas.
