Siguiendo a Robert Dahl, los derechos, libertades y oportunidades para participar en política son propias de la democracia. Pero, ¿qué se entiende por participación política? ¿Cuáles son las diversas formas de participación política? ¿Quiénes se involucran más en la política?
La participación política nos lleva a la perspectiva de la ciudanía política. T.H. Marshall, en el año 1949, desarrollo un esquema del proceso histórico de evolución del concepto moderno de ciudadanía segmentándola en tres: la ciudadanía civil, la política y la social. Según su criterio en primer lugar se conquistaron los derechos civiles (relativos a la libertad de la persona, libertad de expresión, de pensamiento y de religión, derecho a la propiedad, a cerrar contratos válidos y derecho a la justicia), posteriormente llegaron los políticos referidos al “derecho a participar en el ejercicio del poder como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de los miembros del tal cuerpo y su extensión fue una de las principales características del siglo XIX…” . Finalmente, se colmaron los sociales (asociados al bienestar económico, seguridad a participar del patrimonio social y vivir de acuerdo con los estándares de la sociedad).
Respecto a la ciudadanía política han existido y persisten rémoras discriminatorias que impiden a ciertos sectores sociales a participar en condiciones de igualdad. La más significada en todo el mundo es la de género, debido a la segregación histórica de las mujeres respecto a los ámbitos sociales y económicos. Consecuencia de su dedicación a funciones que tradicionalmente les habían sido asignadas y que impidieron su vinculación a la política en todas sus manifestaciones.
Es una cuestión social de profundo alcance coligada a la importancia de la participación democrática como derecho de ciudadanía, al hecho del desigual reparto de los recursos políticos, al debate sobre el empoderamiento de las mujeres, así como a la preceptiva articulación, desde los poderes públicos, de medidas que incrementen su plena concurrencia.
La participación política tiene dos dimensiones: una de naturaleza institucional y otra orgánica. La institucional incluye, en lo que a nuestro tema se refiere, la presencia de las mujeres en puestos políticos de representación y en cargos en los diferentes niveles de gobierno. Materializándose en el número/proporción de mujeres en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones y asociaciones de este cariz.
Para Fernando Álvarez Uría tres han sido los impedimentos que las mujeres españolas y, en general, las de los países mediterráneos europeos han tenido que superar para acceder/ligarse/participar en la política: la impronta de la Iglesia católica y su arquetipo de mujer buena, las normas legislativas que las situaban en un lugar secundarizado (sirva de ejemplo que en España hasta el año 1981 estaban obligadas a pedir permiso a sus maridos para trabajar, cobrar sus salarios, abrir cuentas corrientes en los bancos, sacar los pasaportes, el carné de conducir…) y la impronta de las supuestas teorías científicas que asociaban a los varones con la inteligencia y la razón y a las mujeres con las pasiones y con menores “cualidades mentales”.
En Europa las mujeres ejercieron su derecho al voto por primera vez en Finlandia (1907), le siguieron Noruega y Suecia. En los Estados Unidos en 1920 se aprobó la Decimonovena Enmienda de la Constitución, que otorgó el pleno derecho de voto a las mujeres afroamericanas, asiático-americanas, hispanoamericanas y nativo-americanas. En el Reino Unido data del año 1928, en Francia de 1946 y en Suiza, casi tres décadas después: en 1971. En España durante la Segunda República y la Guerra Civil, entre 1931 y 1939 pudieron ejercer el derecho a voto, militaron en los partidos políticos, asumieron cargos de responsabilidad pública, y obtuvieron escaños en el Parlamento. Recordemos las figuras de Clara Campoamor, Victoria Kent, Dolores Ibárruri, Irene Falcón o Federica Montseny, entre otras. El régimen franquista desarrolló una legislación que las alejó del ámbito público, dedicándose al cuidado de sus familias. Con la llegada de la democracia, las mujeres alcanzan la igualdad formal respecto a los varones, tal como quedó recogido en la Constitución del año 1978, incorporándose paulatinamente a la esfera política (especial significación tuvieron los grupos feministas de aquellos años, en favor de los derechos de las mujeres).
La realidad es que la presencia femenina, en nuestro país, en las diferentes instituciones parlamentarias ha seguido una tendencia in crescendo, apoyada por sucesivas leyes, la más importante al efecto la Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, Igualdad efectiva entre mujeres y hombres (gobernando Zapatero), según la cual la presencia de mujeres y hombres en órganos y cargos de responsabilidad no debe superar el 60% ni ser menos del 40%.
A partir del año 2000 la presencia de mujeres, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado aumentó notablemente. Advirtiéndose que el porcentaje de mujeres en el Congreso de los Diputados siempre ha sido superior en el PSOE que en el Partido Popular. En la actual legislatura el porcentaje de mujeres electas fue del 44,3% (en 2019: el 44,0%).
En el Senado, actualmente los porcentajes de mujeres por partidos políticos arrojan las siguientes cifras: Partido Popular (45,0%), Partido Socialista Obrero Español (43,1%), Esquerra Republicana de Catalunya (33,3%), Junts per Catalunya (0,0%), Euskal Herria Bildu (25,0%), EAJ-PNV (50,0%). Globalmente el 43,3%, (41,9% en 2019).
En cuanto al porcentaje medio de mujeres en los parlamentos autonómicos están por debajo del 50%, si bien desde la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007 superan el 40%. Tras las elecciones autonómicas que tuvieron lugar en algunas Comunidades Autónomas en 2024, las mujeres alcanzan el 46,9%. Todas las Comunidades Autónomas, a excepción de Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla y León, disponen de más del 40% de mujeres en sus parlamentos. Por encima del 50% en la Comunitat Valenciana, en el País Vasco y en las Islas Baleares.
Por último, a pesar de la recomendación del Consejo de Europa del año 2003 de situar el 50% como porcentaje equilibrado entre mujeres y hombres en puestos de representación política, tras las elecciones del pasado año, las mujeres europarlamentarias ascienden al 38,7% (2 puntos menos que en 2019).
En Suecia, Finlandia y Francia, la presencia femenina es superior a la de los varones. En el otro extremo se hallan Chipre, Malta, Lituania y Rumanía (20%). Por último, es en Finlandia, Suecia, España, Dinamarca, y Bélgica, donde la representación parlamentaria femenina supera el 40%.
A la luz de los datos previos no hay duda sobre lo mucho que han avanzado las mujeres europeas y españolas en el último medio siglo. Su proyección social y política es una evidencia, si bien todavía quedan lastres del pasado y un largo camino por recorrer. Adentrados ya en la tercera década del siglo XXI si hay una tendencia fuerte en los países más desarrollados es la del empoderamiento de las mujeres en todos los órdenes de lo social y esto sólo será posible si hombres y mujeres caminan de la mano con miras a alcanzar en plenitud la igualdad de género.
