Los aranceles recíprocos del presidente estadounidense Donald Trump expondrán a los países en desarrollo a una serie de amenazas interconectadas. Para protegerse, deben sortear el caos trumpiano actual y, al mismo tiempo, responder a la creciente demanda de empleos dignos y oportunidades de sus jóvenes.
Las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles recíprocos a productos de casi todos los países han hecho sonar las alarmas en todo el mundo. Es probable que los aranceles de Trump aceleren la actual fragmentación de la economía global. Y, como suele ocurrir, las economías en desarrollo sufrirán las consecuencias.
El mundo en desarrollo se enfrenta ahora a una serie de amenazas interconectadas: la inflación importada, impulsada por los costos arancelarios, podría desencadenar una recesión mundial, reduciendo los precios de las exportaciones de materias primas y alimentando la incertidumbre empresarial, lo que a su vez reduciría la inversión extranjera directa. Para protegerse, los países en desarrollo deben encontrar maneras de sortear el caos actual impuesto por Trump, a la vez que responden a la creciente demanda de empleos dignos y oportunidades económicas de sus jóvenes.
Lograrlo requiere un delicado equilibrio entre mantener la apertura de los mercados y preservar la soberanía económica, definida en términos generales como la capacidad de un país para tomar decisiones políticas independientes que afectan a su economía. Es más fácil decirlo que hacerlo.
La mayoría de las economías en desarrollo de África, América Latina y Asia Meridional y Central dependen en gran medida de las industrias extractivas y la exportación de cultivos comerciales, sectores a menudo dominados por corporaciones multinacionales, principalmente occidentales, que suelen ser percibidas como depredadoras, pues extraen recursos de las economías en desarrollo a cambio de muy pocos beneficios. A pesar de los reiterados esfuerzos internacionales para frenar la evasión fiscal y las prácticas abusivas, estas violaciones siguen siendo generalizadas.
Pocas empresas ilustran esto mejor que el gigante de las materias primas Glencore. En 2023, se le ordenó pagar una multa de 700 millones de dólares tras admitir un plan de años para sobornar a funcionarios en varios países. Glencore también ha enfrentado acusaciones de evasión fiscal masiva, acoso a gobiernos y fomento de la violencia contra manifestantes.
El comportamiento de Glencore pone de relieve el prolongado desequilibrio de poder entre los gobiernos de los países en desarrollo y las multinacionales. Sin embargo, la dinámica está empezando a cambiar a medida que más gobiernos afirman su soberanía económica y exigen una distribución más justa del valor generado por la inversión extranjera.
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El reequilibrio de estas relaciones debe comenzar con contratos transparentes y una mayor capacidad institucional, que permita a los países en desarrollo negociar mejores condiciones, aumentar la recaudación fiscal e invertir en programas sociales e infraestructura. Dado que las industrias extractivas requieren un uso intensivo de capital, unas políticas bien diseñadas sobre contenido local pueden contribuir a generar efectos indirectos positivos e impulsar la creación de empleo. Para ello, algunos gobiernos exigen a las multinacionales que procesen las materias primas en el país. Botsuana, por ejemplo, ha aprovechado su participación del 15 % en De Beers, la mayor empresa de diamantes del mundo, para aumentar la proporción de diamantes en bruto tallados en el país.
Algunos críticos argumentan que las economías en desarrollo deberían simplemente renunciar a los mercados abiertos, eliminando así la influencia de las multinacionales. Pero si bien estas son sin duda parte del problema, también pueden ser parte de la solución. Cortar lazos con ellas equivaldría a adoptar un modelo autárquico de desarrollo económico, lo que impediría la difusión tecnológica a la economía en general y restringiría el acceso a los mercados y la financiación globales. Incluso China, a pesar de su tamaño y rápido crecimiento, nunca ha intentado una medida similar.
Esto no significa que no se requieran algunos ajustes. Actualmente, se acepta ampliamente que las pequeñas y medianas empresas (pymes) impulsan la creación de empleo en los países en desarrollo, pero la realidad es mucho más compleja. En la mayoría de los casos, los mercados laborales están bifurcados: por un lado, están las empresas estatales y privadas, incluidas las multinacionales; por otro, las pymes informales y de baja productividad que luchan por pagar salarios dignos. Y las pocas pymes que logran expandirse tienden a concentrar talento, financiación y acceso a los mercados internacionales.
Además, enfocarse únicamente en el tamaño de las empresas es un enfoque erróneo que no las ayuda a expandirse, ya que la evidencia demuestra que subsidiar a las pymes rara vez genera un crecimiento sostenido. Por ejemplo, cuando se desmanteló un programa de apoyo a las pymes en la India a finales de la década de 1990, el impacto en la creación de empleo fue insignificante.
Un enfoque más eficaz sería adoptar una política industrial híbrida que combine subsidios temporales para las pymes —con cláusulas de caducidad inequívocas— y presiones competitivas que recompensen el rendimiento y limiten el desperdicio. Quizás aún más importante, se debería dar la bienvenida a las multinacionales, pero con fuertes incentivos para facilitar el intercambio de tecnología y localizar la producción de manera que genere empleos de alta calidad.
China ofrece un modelo útil. Tras su incorporación a la Organización Mundial del Comercio en 2001, el país facilitó la transferencia de tecnología al obligar a las corporaciones extranjeras a establecer empresas conjuntas con empresas chinas. Esto fue posible gracias al atractivo de la mano de obra barata de China y a la promesa de acceso a su vasto y creciente mercado interno. En cambio, otros países asiáticos, como Bangladesh y Vietnam, han realizado enormes esfuerzos para atraer a las corporaciones multinacionales, pero han tenido dificultades para localizar la producción y la experiencia.
La lección más amplia es que, en una economía mundial fragmentada, las organizaciones multilaterales deben redoblar sus esfuerzos para apoyar la provisión de bienes públicos en los países en desarrollo. A medida que cobra impulso la soberanía económica, las corporaciones multinacionales deben atender la demanda de las economías en desarrollo de una distribución más justa de los beneficios del crecimiento económico mundial y garantizar que los beneficios de los mercados abiertos se distribuyan de forma más equitativa.
Ex vicepresidente del Banco Africano de Desarrollo, es director de Investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) e investigador superior de la Escuela de Estudios Kennedy de Harvard.
