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Eduardo Fernández: En defensa de la constitución I y II

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Eduardo Fernández: En defensa de la constitución I

Los claros clarines nos convocan de nuevo al campo de batalla. Una nueva amenaza se cierne sobre Venezuela y sobre los venezolanos. Maduro y sus colaboradores nos amenazan con una reforma constitucional para imponernos una nueva constitución. Esta vez, una constitución calcada de la que existe en la martirizada república cubana.

La constitución representa el pacto social de los ciudadanos. En el caso de nuestro país, la constitución debe ser el reflejo de un gran acuerdo entre todos los venezolanos. Así ocurrió con la Constitución de 1947, y, sobre todo, con la Constitución de 1961. Constitución que sigue siendo la de más larga e ininterrumpida vigencia en la historia de nuestro país. Estuvo vigente desde enero de 1961 hasta el año de 1999.

¿Por qué duró tanto la constitución de 1961? Casi cuarenta años de vigencia. La explicación es muy sencilla; la carta magna aprobada en enero de 1961 no fue resultado de una imposición de un grupo sobre el resto del país. Fue resultado de un laborioso proceso de consultas y de deliberaciones que concluyó en la aprobación de un texto que pudo ser suscrito por todos los grupos políticos representados en las cámaras legislativas: desde los más conservadores hasta la extrema izquierda. Al pie de ese texto aparecen las firmas de Rómulo Betancourt, de Raúl Leoni y de Rafael Caldera, pero también aparecen las firmas de Gustavo Machado, de Luis Miquilena y de José Vicente Rangel.

Ojalá cualquier modificación que se pretenda hacer a nuestra constitución vigente asuma el compromiso de ser el resultado de un consenso y nunca de una imposición.

Es más, como lo ha dicho con admirable elocuencia y reciedumbre el actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Politicas de la Universidad Central de Venezuela, doctor Juan Carlos Apitz, la constitución no hay que cambiarla, la constitución lo que hay es que cumplirla. Muy distinta sería Venezuela si los que mandan cumplieran y respetaran la constitución.

En el texto constitucional está consagrado el estado de derecho. Maduro y su gente irrespetan sistemáticamente las exigencias del estado de derecho. Están consagrados “in extenso” los derechos humanos. Lamentablemente lo que prevalece en Venezuela en nuestros días es un sistemático desconocimiento de los derechos humanos. Está consagrado el principio de que toda autoridad emana de la soberanía popular que se expresa a través del voto, del sufragio universal, directo y secreto. Todos sabemos lo que ocurrió el pasado 28 de julio de 2024.

En la constitución está consagrado el principio de la separación de las ramas del poder público: legislativo, ejecutivo y judicial y ahora, además, el poder moral. Desde el advenimiento de la llamada “revolución”, este principio ha desaparecido del derecho público venezolano.

Yo no voté por la actual constitución. Me pareció y así lo dije oportunamente, que el proceso constituyente convocado por el chavismo era inconstitucional (no estaba previsto en la constitución vigente de 1961). Además, era innecesario (cualquier cambio era posible hacerlo por la vía de la reforma o de la enmienda que sí estaban contempladas en la constitución). De igual manera, era inconveniente (conduciría al poder absoluto en manos de una gente con antecedentes golpistas). Y, adicionalmente, era inoportuno e imprudente.

Sostuve en todos los escenarios a mi alcance para aquella fecha que el proceso constituyente era: inconstitucional, innecesario, inconveniente, inoportuno e imprudente.

Expliqué a quién me quiso escuchar que aquella convocatoria no perseguía simplemente redactar un texto constitucional mejor que el anterior (cosa bastante difícil por lo demás: nuestra constitución había sido modelo para otras), sino que el proyecto constituyente lo que pretendía era asegurar el poder absoluto en las manos de los nuevos gobernantes, de Chávez y sus conmilitones. Desgraciadamente los hechos me dieron la razón y desde hace ya más de 25 años estamos sometidos los venezolanos a un régimen de poder absoluto que encima ni siquiera respeta esa constitución.

A pesar de esos antecedentes, hoy no tengo ningún reparo en sostener que es preferible defender el actual texto constitucional, con todos sus defectos, antes de lanzarnos a la aventura de una nueva constitución que corre el riesgo de ser todavía peor de la que tenemos.

Invito a todos mis amigos y a todos mis lectores a cerrar filas en defensa de la estabilidad constitucional y a oponernos a una reforma que busca menos democracia y más sometimiento al modelo cubano.

Seguiremos conversando.

Eduardo Fernández: En defensa de la constitución II

La constitución, lo hemos dicho muchas veces, es el pacto social. Es el acuerdo entre todos los ciudadanos para la convivencia civilizada. Es el marco de referencia para todas nuestras actuaciones. Es el documento jurídico que establece la igualdad: todos somos iguales frente a la ley. Es un documento de una enorme importancia porque él está concebido para la defensa de los ciudadanos frente al estado. La constitución no es para darle más poder al estado. Al contrario. La constitución sirve para establecer límites a la actuación del estado y para impedir la extralimitación de la autoridad pública.

En la constitución se consagran los derechos humanos (muy anteriores y superiores al estado. El estado ha sido creado para resguardarlos), los derechos de los ciudadanos. Y ningún estado, ningún gobierno, tiene derecho a violar esos derechos constitucionales que protegen a los ciudadanos.

La sola existencia de presos políticos es una violación del pacto constitucional. Todos tenemos derecho a disentir y a expresar nuestras opiniones libremente. Todos tenemos derecho a ser sometidos a juicio en libertad. Todos tenemos derecho a lo que se llama “el debido proceso”. A ser considerados inocentes mientras no se demuestre nuestra culpabilidad. Todos tenemos derecho a no ser sometidos a penas infamantes, a vejaciones y maltratos, a incomunicación y aislamiento.

Es indignante ver como gente que siempre luchó, desde las barricadas de la oposición, por la defensa de los derechos humanos, ahora que detentan el poder se conviertan en violadores de aquellos derechos que antes defendieron con ocasión y sin ella.

El caso de nuestro amigo Enrique Márquez es uno entre muchos, pero es un ejemplo bien elocuente de lo que venimos diciendo. El secuestro de Enrique es una injusticia y una violación de sus derechos como ciudadano. Derechos consagrados en la constitución “vigente”.

Estamos en el deber de defender el estado de derecho, la democracia y los derechos consagrados en el texto constitucional.

Enrique, como tantos otros ciudadanos, ha sido secuestrado y aislado. Se le niega el contacto con sus abogados, con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de ideales. Se le niega el derecho a la legítima defensa, consagrado en la constitución. Se desconoce la circunstancia de que se trata de un político que siempre ha luchado por el diálogo, por la paz, por la solución pacífica de las diferencias y de los conflictos. Ha sido promotor de los acuerdos y del consenso. Ha sido siempre un defensor de la constitución y de la ruta electoral.

Hablo por Enrique Márquez y por tantos compatriotas que están sometidos al mismo tratamiento o peor todavía.

Podría mencionar también el caso del abogado Perkins Rocha. Víctima de una detención arbitraria y de un aislamiento contrario a derecho, que ya lleva más de 6 meses. Lo que ocurre con Márquez o con Rocha no sólo los afecta a ellos y a sus familias, nos afecta a todos los venezolanos.

Hoy más que nunca debemos reafirmar nuestro compromiso con la democracia, con el respeto a los derechos humanos y con la solución pacífica de nuestra grave y prolongada crisis política e institucional. La liberación de Enrique Márquez, de Perkins Rocha, y de todos los presos políticos es un paso necesario e indispensable para avanzar hacia el entendimiento nacional y la paz que tanto necesitamos.

Más que una reforma a la constitución lo que hace falta es cumplirla y acatarla. Respetarla y obedecerla.

Es un clamor nacional: ¡Liberen a todos los presos políticos! ¡Y háganlo YA!

Seguiremos conversando.

 

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